El Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos cuestiona por qué el Ayuntamiento local intenta entregar el Sistema de Agua Potable a la empresa transnacional Proactiva-Veolia.
TUXTLA GUTIERREZ, Chis. 18 de noviembre del 2016.- El Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. expresa su preocupación y consternación ante la posible privatización del Sistema de Agua Potable (SMAPA) de esta ciudad.
Diversos medios de comunicación en el estado han publicado que el Ayuntamiento capitalino pretende negociar los 140 millones de pesos que supuestamente debe a la empresa transnacional Proactiva, a cambio de otorgarle en una licitación simulada todo el control del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA).
¿Quién es Proactiva-Veolia?
Proactiva Medio Ambiente es una filial de Veolia, que es la mayor empresa trasnacional francesa privada del agua en el mundo que, se supone, ofrece soluciones para gestión de agua y residuos, a la vez que maneja varias plantas potabilizadoras y de abastecimiento de agua, de drenaje y de tratamiento de aguas residuales para atender más de 20 ciudades y alrededor de 13 millones de usuarios en México.
Es una de las empresas que monopolizan el 70 por ciento del mercado de los servicios del agua a nivel internacional, su estrategia es fusionarse con muchas otras empresas multinacionales, generando una red que presiona y seduce a los gobiernos a privatizar el agua, conflictuando el bien social y el bien mercantil.
Una de las concesiones que queremos destacar es el contrato para operar la empresa Concesionaria de Agua de Aguascalientes que obtuvo desde 1993 (CAASA); este estado tiene una de las tarifas más costosas del país, ajustando la tarifa mes a mes.
Retomando una nota del periódico La Jornada del 2013, CAASA obtuvo más de 300 millones de pesos anuales, de donde el municipio sólo obtuvo 37 millones de pesos, sin contar las inversiones técnicas del Ayuntamiento, obligado -por contrato concesionado- a brindar las instalaciones de drenaje para que la empresa privada tenga la capacidad de dar servicio al municipio, inyectando más de 60 millones de pesos.
Lo anterior no asegura el suministro de agua a la población, ya que la empresa privada tiene un 65 por ciento de eficiencia ¿Entonces, dónde ha quedado el razonamiento político de que la privatización optimiza suministro y tarifas?
El Ayuntamiento no puede ni siquiera sancionarla por irregularidades de servicio, cobro de tarifas, arbitrariedades, desperdicio del recurso o mal manejo del mismo, ya que el título de concesión firmado en los noventa, ni siquiera establece estos puntos, ni contempla sanciones, mucho menos revocar la concesión.
Así entonces, vemos cómo Proactiva-Veolia en Tuxtla, ha permanecido de manera flagrante e impune, ante no solo su ineficiencia en el manejo de los residuos sólidos, sino también por su irresponsabilidad ambiental al contaminar los escurrimientos y mantos freáticos de la zona donde se ubica el relleno sanitario.
El Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos preguntó al Ayuntamiento municipal, encabezado por Fernando Castellanos Cal y Mayor ¿Qué intereses hay detrás de la intención de dar a Proactiva-Veolia el Sistema de Agua Potable, aún a pesar de su ineficacia? ¿Qué garantía tienen la ciudadanía tuxtleca de que pueda dar un buen servicio de agua, cuando no pudo dar un buen servicio de recolección de basura?
Apelando al ejercicio del derecho a la información y al compromiso del gobierno mexicano por promover un gobierno abierto, la organización civil exhortó al Ayuntamiento municipal para que informe a la ciudadanía tuxtleca sobre la situación actual y destino del SMAPA.
