Pese a los avances legislativos que reconocen cinco causales de ILE

Por Lorena Castellanos Rincón, corresponsal/SemMéxico

MERIDA, Yuc. 2 de noviembre del 2016.- La desinformación de la sociedad yucateca y de parte de servidores públicos provoca que en esta entidad se sigan registrando abortos clandestinos, pese a que la ley contempla al menos cinco causales para llevar a cabo la interrupción legal de un embarazo.

Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexología y Educativa para el Crecimiento Personal A.C. (UNASSE), señala en esta entidad existe una cultura de la denuncia, pero no existe una cultura de exigencia de la defensa de los derechos humanos.

En entrevista para SemMéxico, Ojeda Sosa dijo que hay un desconocimiento por parte de la sociedad y de los prestadores del servicio de la salud al respecto, debido a la reforma constitucional de 2009, que indica la protección de la vida de manera absoluta desde la fecundación hasta su muerte natural, lo que deriva en la negación de este derecho.

En materia de la interrupción legal del embarazo, el Código Penal del Estado de Yucatán permite que se lleve a cabo bajo cinco causales: situación culposa o imprudencia de la mujer, violación, riesgo de vida de la mujer, malformaciones genéticas en el producto y la causal socioeconómica, siendo la única entidad del país en donde se considera esta última.

Estas causales están consideradas dentro de la ley yucateca como excluyentes de responsabilidad, es decir, que al presentarse cualquiera de estos casos, la interrupción del embarazo no es considerada un delito.

Sin embargo, instancias como la Fiscalía General del Estado o la Secretaría de Salud no cuentan con registros exactos del número de embarazos y abortos que ha habido por violación, o por cualquiera de las otras cuatro causales, principalmente porque no se brinda la atención.

“Eso nos demuestra que hay una desinformación, ignorancia del marco normativo, de las obligaciones que tienen quienes prestan los servicios, y por otro lado, por falta de difusión a las usuarias y los usuarios sobre sus derechos”, comentó.

Este desconocimiento de la ley, impulsa a algunas mujeres a practicar el aborto de manera clandestina e insegura, lo cual es un problema de salud pública a nivel nacional, así como un problema de discriminación y de violación a los derechos humanos, destaca Sosa Ojeda, ya que las mujeres que no tienen los recursos suficientes para asistir a una institución privada o viajar a la Ciudad de México donde el aborto sí es legal en cualquier caso, pueden verse obligadas a cursar un embarazo no planeado, derivado de una violación o que atente contra su salud física y emocional.

Menciona también que en la entidad, las causales a las que se niega más el servicio son por violación y por la situación socioeconómica, es decir, cuando la mujer tiene al menos tres hijos y puede comprobar que es incapaz de mantener a otro bebé.

Para la interrupción de un embarazo producto de violación, sólo se requiere hacer una solicitud a la institución de salud, como IMSS, ISSSTE o cualquier otro servicio al que la mujer esté afiliada, sin requerir de autorización o investigación alguna.

Sin embargo, la coordinadora jurídica de UNASSE detalla que en su mayoría, las instituciones no prestan el servicio por esta causa, sino por otras como el que la vida de la madre peligre o que el producto tenga malformaciones genéticas.

“Tenemos que pensar que la protección a la vida no es absoluta, tampoco es abstracta, es casuística, dependiendo del caso. Tenemos que considerar que el derecho a la vida no significa nada más el respirar, sino hay que pensar en una vida digna, en una vida de calidad”.

“El hecho de que obstaculicen, de que nieguen, que no reconozcan y no garanticen estos derechos es violatoria de derechos humanos y por lo tanto genera una responsabilidad estatal, que es algo que también tienen que empezar a entender quiénes son los encargados de brindar estos servicios”.

La ciudadanía se desanima de luchar por sus garantías debido a que los procedimientos para exigir responsabilidad son largos y engorrosos, lo que deriva en la frustración de los afectados y la desconfianza en las autoridades.

Hay que trabajar con las instancias de gobierno para que conozcan el marco normativo que los obliga a atender, pero que también los protege a los prestadores de servicios en el ejercicio de su profesión, dijo la entrevistada.

En el mismo marco normativo del estado se da el derecho (de abortar), por lo tanto al menos en esos casos se debería dar el acceso al servicio, porque si no, también se está negando a un acceso a la justicia, sobre todo a una justicia… pensada desde el punto de vista de derechos humanos.