ONG´s estiman que 4 o 5 embarazos son producto de violación Por Josefina Aguilar Pastor CHILPANCINGO, Gro. 11 de octubre de 2016.- Cada mes, entre cuatro y cinco casos de niñas embarazadas víctimas de violación por parte de familiares cercanos como padres, padrastros, incluso, autoridades municipales son reportadas en la región de la montaña Baja de Guerrero. Delfino Arriaga Alvarado, vocero de la organización Redefine México, dio a conocer que en Guerrero todos los días, las niñas hacen  frente a la discriminación, violencia familiar y sexual, esta última, la mayoría de las veces proviene de familiares cercanos, sin embargo, esta violencia se ha estigmatizado,  no se hace pública y no hay repercusiones hacia el agresor. En la entidad, la población de niñas de 10 a 14 años es de 183 mil 775, pero quienes viven en comunidades indígenas se encuentran en una condición de vulnerabilidad y exclusión de parte de los tres niveles de gobierno. Brígida Chautla Ramos, Coordinadora General de la Casa de Atención Indígena Zihuame Xotlametzin A.C., dio a conocer que desde junio el 2014 que abrió sus puertas, emprendió la atención a mujeres embarazadas con el objeto de contribuir a disminuir la mortalidad materna a través de mejorar el acceso a los servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio, y prevención del embarazo adolescente. La Casa de Atención Indígena brinda alojamiento a mujeres embarazadas de alto riesgo, provenientes de siete municipios de la región de la Montaña Baja de Guerrero, además de talleres de capacitación a los familiares sobre los cuidados durante el embarazo, parto y puerperio en español y náhuatl. De junio del 2014 a la fecha, han recibido 454 mujeres embarazadas, de las cuales, 19 son niñas de 12 a 15 años de edad. De estas algunas llegaron con amenaza de aborto, partos prematuros y de alto riesgo y han sido canalizados al hospital general de Chilapa. Gady Dircio Chautla, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guerrero, crítico que las niñas del Estado de Guerrero, no están siendo protegidas por ninguno de los tres niveles de gobierno. Muchas de ellas viven violencia sexual, en consecuencia quedan embarazadas, y la agresión proviene de uno de sus familiares cercanos. Acusó que ninguno de los tres niveles de gobierno, están haciendo nada para garantizar los derechos de las niñas en Guerrero, para protegerlas y señaló que de los casos de niñas embarazadas atendidas en la Casa de Atención Indígena, la mayoría ha sido producto de una violación de un familiar. También cuestionó el nulo trabajo que realizan instancias como la Secretaría de la Juventud para promover los derechos de las niñas; de la Secretaría de Salud para aplicar la norma 046, que señala que toda niña de 10 a 14 años, víctima de violación, puede interrumpir legalmente el embarazo, información que no es difundida, y de la misma Fiscalía General del Estado (FGE), para dar seguimiento a las denuncias de abuso sexual que se llegan a presentar. De la misma manera, criticó el trabajo que realiza el Congreso del Estado, se legisla en base a una fe no desde la parte de un estado laico, ¿para quién legislan, para creyentes o para la ciudadanía?, cuestionó. La violencia de los derechos de las niñas debe hacerse desde la parte ética y no desde la fe, “si ellos no coinciden con la interrupción legal de un embarazo, simplemente no lo difunden, reiteró Dircio Chautla. Hay niñas de las regiones indígenas que quedan embarazadas y desprotegidas. Cuando paren se tiene que ir a vivir a otro lado, buscar una nueva forma de vida, al ya no poder regresar a su casa, a su comunidad. Eso las hace vulnerables, dejan la escuela. “Las instituciones no retoman la información porque no coindicen o porque creen que no se debe difundir, creo que es importante hacia quienes están legislando y para proteger a las niñas”, recalcó. Las estadísticas señalan que los padres y padrastros son los principales victimarios. De acuerdo con las organizaciones, se desconocen en Guerrero las acciones que se han emprendido producto de la Estrategia Nacional para la Prevención  del Embarazo Adolescente puesta en marcha por el gobierno federal, y que en cada estado estableció un Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA), que en el caso local preside la esposa del gobernador Héctor Astudillo Flores, Mercedes Calvo. La Coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guerrero retrató una situación muy triste para las niñas indígenas. Las agencias del Ministerio Público, para dar seguimiento a las denuncias de abuso sexual en niñas; el DIF, las canaliza a un albergue temporal, lo cual aseguró, no es la solución, porque finalmente tiene que salir de ahí, más pobres de lo que llegaron, y con un niño en brazos y repudiadas. Algunos casos de violación han sido cometidos por autoridades municipales o personas que se consideran influyentes, por lo que no denuncian, expuso Brígida Chautla Ramos, quien mencionó que han atendido casos provenientes de municipios de Zitlala, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Atlixtac, entre otros. Se refirieron al caso de una niña con un embarazo producto de una violación. El padre se negó a que abortara y la niña tuvo a su hijo mediante una cesárea como sucede cuando se trata de una menor. Otro ejemplo mostrado fue el de una adolescente de 17 años, quien llegó a la Casa de Atención Indígena, con una niña de dos años, un bebe de meses y vuelta a embarazar, los tres producto de violación, querían remitirla a Chilpancingo, sin embargo el DIF municipal de Atlixtac, regresó por ella, una vez allá le practicaron una salpingoplastia, para que no siguiera teniendo hijos. “Aun cuando las autoridades de salud piensen que estaban haciendo bien a esa niña, no debieron haberlo hecho, porque por la violencia que estaba viviendo, debieron investigar los hechos y darle seguimiento, y no violentar un derecho más”,   denunció Dircio Chautla. Insistió en que el Sector Salud no está aplicando la norma 046, para que las niñas puedan interrumpir un embarazo, asistidas por los familiares más cercanos. Además de iniciar la denuncia correspondiente, sin embargo la falta de ética profesional de las autoridades, revelan una enorme desprotección hacia las menores.