El escritor Diego Enrique Osorno, de Aristegui Noticias, señala que “porros” de Oaxaca fueron contratados para hacerle daño, luego de revelar una red de negocios del ex gobernador Ulises Ruiz y el subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal, Eviel Pérez Magaña. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 15 de julio del 2016.- La organización Artículo 19 dio a conocer que el periodista y escritor Diego Enrique Osorno tuvo conocimiento el pasado 14 de junio, a través de una tercera persona en el estado de Oaxaca, de que sería víctima de agresiones. En contacto con la agrupación civil, el periodista refirió que tiene “algunos contactos entre los ‘porros’ de Oaxaca que se pueden contratar a un lado de la Universidad del estado. Uno de ellos me avisó que habían contratado a otro golpeador para hacerme daño”. Ese mismo día, en el portal informativo Aristegui Noticias, se publicó una investigación especial realizada por Osorno y el periodista Irving Huerta, denunciando una red de negocios del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, junto con Eviel Pérez Magaña, actual subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal, a través de familiares cercanos y utilizando nombres de pobladores oriundos de comunidades en situación de pobreza, como falsos compradores de casas, con el fin de introducir en el sistema bancario al menos 33 millones de pesos. “Este interés en agredirme tiene que ver con lo publicado el 14 de junio en Aristegui Noticias”. Además, “la pretensión también puede tener relación con mi trabajo en la Comisión de la Verdad de Oaxaca”, comentó en entrevista con Artículo 19. En efecto, el periodista formó parte de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, la cual investigó y publicó en marzo de 2016 el Informe sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos al pueblo oaxaqueño en 2006 y 2007, con motivo del movimiento magisterial popular y el conflicto iniciado en junio de 2006 con el operativo del gobierno de Oaxaca para desalojar el zócalo de esa ciudad, donde se llevaban a cabo protestas por parte de la sección 22 del CNTE. En dicho documento, se evidenciaron violaciones graves a derechos humanos por parte de autoridades locales y federales. Osorno refiere en este sentido, que “en el informe que publicamos sobre los hechos ocurridos en 2006, damos cuenta de ejecuciones extrajudiciales, incluso documentamos la existencia de centros de tortura operados por el gobierno en aquel en entonces”. En el informe, se hacen señalamientos directos sobre la responsabilidad de servidores públicos locales y federales en los hechos de violencia y represión de 2006 y 2007, a efecto de que se les investigue y sancione penal y administrativamente. El documento clasifica las violaciones a derechos humanos como crímenes de lesa humanidad. También exige se determinen la responsabilidades de Ulises Ruiz, Felipe Calderón, Vicente Fox, Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, entre otros ex funcionarios federales y estatales implicados. Así también recomienda a Gabino Cué el cese de funcionarios aún activos en su administración, que fueran señalados como responsables de graves violaciones a derechos humanos por la Suprema Corte. Sobre la amenaza en su contra, el periodista señaló que se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social de Oaxaca para que se investigue la amenaza en su contra. Además, para Artículo 19, el informe presentado por la Comisión de la Verdad de Oaxaca cobra mayor vigencia actualmente, ante los hechos que se han presentado en esa entidad con motivo de las protestas magisteriales contra la Reforma Educativa, así como la respuesta de las autoridades ante las expresiones disidentes. En este sentido, la organización recordó que publicó el informe Cobertura bajo fuego: Violencia contra la prensa durante las protestas en Oaxaca y CDMX, donde se documentó un total de 16 agresiones contra periodistas entre el 17 y 21 de junio. Los principales agresores fueron elementos de seguridad pública, señalados como responsables en 11 casos. Las consecuencias ya conocidas a nivel internacional y nacional son 11 personas muertas y 108 lesionadas, de acuerdo con cifras oficiales. Estos hechos fueron consecuencia de un uso excesivo y letal de la fuerza por parte de elementos de seguridad pública, tanto local como federal. “Es por ello que el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad de Oaxaca debe servir como base y referente ante los hechos que se han presentado en las últimas semanas en esa entidad, exigiendo a las autoridades locales y federales que cumplan con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos, y específicamente velen por el pleno ejercicio de la labor periodística, que es fundamental en una sociedad democrática”, indicó. Por todo lo anterior, Artículo 19 exigió a la Fiscalía del Estado de Oaxaca a llevar a cabo una investigación diligente, seria, imparcial y exhaustiva de los hechos relacionados con el periodista Diego Enrique Osorno, ahondando en la línea de investigación relacionada con su actividad periodística y de esa forma también se garantice su integridad personal.