Por Redacción SemMéxico CIUDAD DE MEXICO, D.F. 28 de junio del 2016.- Feministas, mujeres representantes y participantes de diversos colectivos y organizaciones de la Sociedad Civil dirigen carta pública a la y los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncien en favor de la libertad de decisión y de propiedad de las mujeres sobre su existencia, que se asuma una posición racional, realista y objetiva sobre el tema del aborto. Con relación a la Sentencia de Amparo en Revisión 1388/2015 que pasará a resolución de la Primera Sala el próximo 29 de junio, colectivos, organizaciones y feministas han dirigido una carta pública a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Saldívar Lelo de Larrea. En ella expresan su preocupación de resolución a dicha sentencia, “considerando la importancia y trascendencia de tal resolución y, sobre todo, considerando que deberá ser resuelta bajo los principios de laicidad, libertad de las personas y el derecho a la propiedad como derechos humanos fundamentales. Señalan que la libertad individual y la justicia son instrumentos necesarios para conseguir la igualdad de derechos y una posición social estable, que no debe ser condicionada por la moral religiosa. “La decisión de realizarse un aborto, una interrupción del embarazo, es una decisión justificada por múltiples circunstancias; nadie conoce mejor esas circunstancias que las mismas mujeres. Ellas conocen sus condiciones, debilidades y limitaciones, que pueden ser del tipo económico, físico, emocional, y psicológico o cualquier otro”. Explican que el aborto que se practica en condiciones inseguras y clandestinas representa un importante problema de salud pública en México. Muchas mujeres mueren a causa de condiciones no adecuadas para practicarse un aborto. Por ello, invitan a que se resuelva la sentencia a favor, para que el aborto sea un derecho en todo el país y establecer así un marco normativo congruente con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con nuestro sistema económico y político, que tiene principio básico la libertad de las personas y el derecho a la propiedad. Este documento está firmado por 56 organizaciones, colectivos y feministas.