La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo el llamado a las autoridades de los 3 niveles de gobierno y a los maestros de la CNTE y personas que se manifiestan a actuar en el marco de la ley. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 11 de junio del 2016.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó los recientes hechos de violencia en las protestas del magisterio en Chiapas, Tabasco y otras entidades de la República, e hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a que privilegien el diálogo en el marco de la ley y eviten nuevas acciones de confrontación. “La autoridad debe buscar privilegiar el diálogo y hacer un ejercicio responsable de sus atribuciones, con estricto apego a ley y respeto a los derechos fundamentales de las personas”, expresó y subrayó su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos fundamentales, así como con la consolidación de una cultura de la legalidad, donde la paz, la armonía y el diálogo sean la base de cualquier tipo de convivencia. En un comunicado, la CNDH informó que ha desplegado visitadores adjuntos, así como personal de la oficina de la CNDH en San Cristóbal de las Casas, para que den seguimiento a los hechos. El ombudsman nacional reiteró que la expresión de cualquier inconformidad o el reclamo de un derecho, por legítimo que sea, no puede realizarse infringiendo la ley, atentando en contra de la integridad física y el patrimonio de las personas, o impidiendo que la autoridad ejerza las atribuciones que legalmente le corresponden, como son las relativas a preservar la paz y la seguridad públicas, mismas que debe llevar a cabo en estricto cumplimiento de la ley y con respeto a los derechos humanos de las personas. La Comisión Nacional consideró que la convivencia pacífica y el ejercicio pleno de los derechos en una sociedad democrática, implican un compromiso compartido entre autoridades y ciudadanos, donde la actuación de todos debe estar sujeta al marco de la ley. La radicalización de posturas y la realización de actos violentos no benefician a nadie y perjudican a México, a sus instituciones y a la sociedad en su conjunto. “El respeto a los derechos propios o el reclamo de intereses particulares, no debe exigirse violentando las libertades de los demás o desconociendo el marco institucional y legal que nos rige a todos los mexicanos”, indicó.