En los hechos de 2002 habrían participado 16 soldados más Por Anayeli García Martínez Cimacnoticias CIUDAD DE MEXICO, D.F. 6 de mayo del 2016.- Después de 14 años de la violación sexual de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, por parte de militares, persiste la falta de justicia, ya que sólo tres soldados son acusados, pese a que habrían participado más elementos de las fuerzas armadas en los hechos. Luis Carlos Buob, abogado e integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que acompaña a las víctimas, informó que este martes tres de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) revisó el cumplimiento de la sentencia que dictó en octubre de 2010 contra el Estado mexicano, para brindar justicia y reparación del daño a ambas indígenas. En la reunión, los representantes de Cejil y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan informaron que hay diversas acciones de reparación que no se han cumplido, por lo que pidieron que en agosto próximo los jueces de la CoIDH vengan a México para hacer una revisión más exhaustiva. Buob explicó que, para ambos casos, hay por lo menos 16 medidas de reparación en materia de justicia, reconocimiento de responsabilidad, educación, salud, indemnización, reformas legislativas, políticas públicas y reparaciones comunitarias. Uno de los temas que más preocupan es la falta de justicia, y es que en diciembre de 2013 se detuvo a cuatro soldados que fueron identificados por Inés y Valentina, pero hasta la fecha, el caso sigue en investigación, por lo que aún no hay sentencia, y uno de ellos murió en prisión. Según la denuncia de las indígenas por los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –la de Inés presentada en junio de 2004 y la de Valentina en noviembre de 2003–, a esta última la habrían agredido ocho militares, y a Inés Fernández la habrían violentado 11 elementos de las fuerzas armadas. Luis Carlos Buob señaló que las organizaciones que defienden a las víctimas, saben que el militar que murió este año habría sido asesinado, aunque reconoció carecer de elementos para sostener si el crimen tuvo relación con las denuncias de Inés y Valentina. Por otra parte, para las agrupaciones que acompañan el caso se deberían abrir investigaciones penales o disciplinarias al personal judicial del fuero civil que obstaculizó la presentación de las denuncias por las violaciones contra las indígenas, pero en este tema –explicó el abogado– todavía no hay ningún proceso. En su momento, Inés y Valentina acusaron que el agente del Ministerio Público del distrito judicial de Allende, en Guerrero, dificultó la recepción de sus denuncias; y en el caso de Inés, el médico que la atendió en la clínica de Caxitepec, en el mismo estado, no avisó a las autoridades correspondientes tras la agresión sexual. “Para las víctimas, por supuesto, el tema de justicia y combate contra la impunidad es bastante importante, y entonces nosotros pusimos énfasis en que a seis años de la sentencia de la Corte Interamericana y 14 años de sucedidos los hechos, aún no hay una resolución firme”, remarcó Buob. Hasta ahora, un logro es que los tres militares son juzgados ante el fuero civil, con lo que se garantizaría imparcialidad judicial, pero las organizaciones pidieron que en agosto próximo se celebre una reunión para que las autoridades encargadas de cumplir la sentencia de la CoIDH detallen el nivel de avance. En ambos casos, las  autoridades se comprometieron a castigar a los culpables, así lo dijeron el 15 de diciembre de 2011 a Valentina Rosendo durante un acto de disculpa pública del Estado mexicano; y el 6 de marzo de 2012 a Inés Fernández, a quien también le ofrecieron justicia. México cumple a medias sentencias en caso Inés y Valentina Las indígenas tlapanecas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de violación sexual por parte de militares en 2002, acusaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad la sentencia que este tribunal emitió hace seis años. El uno de octubre de 2010, la CoIDH publicó dos sentencias en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación sexual de ambas indígenas que, en hechos diferentes, fueron violentadas sexualmente por soldados en el estado de Guerrero en 2002, y por tanto ordenó diversas medidas para reparar el daño, mismas que a seis años de los hechos aún no han sido acatadas, según dijeron las indígenas. Para revisar el cumplimiento de las sentencias, este martes de 3 de mayo la CoIDH tuvo una audiencia en la que no estuvieron presentes Inés y Valentina, pero enviaron un mensaje en video para denunciar que la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha cumplido todos los acuerdos, y que aún falta que entren en operaciones un centro de salud y un centro comunitario en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Inés, quien fue violentada en la comunidad de Barranca Tecuani, cuando tenía 25 años de edad, expuso los retrasos en el cumplimiento de la sentencia: “Lo que yo quiero es justicia por todo lo que me hizo el Ejército. En mi experiencia no se ha cumplido el acuerdo en relación al centro de salud que tiene que brindarnos la atención médica. Lo otro es el centro comunitario”. A su vez Valentina, quien fue agredida en un arroyo cerca de su casa en Barranca Bejuco, a los 17 años de edad, aseguró que aún no hay castigo para sus torturadores. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organizaciones civiles que acompañan a las víctimas y que llevaron los casos hasta el sistema interamericano, dijeron que son las mujeres y sus representantes legales quienes han impulsado avances en el cumplimiento de los fallos de la CoIDH. En un comunicado, las organizaciones señalaron que gracias a la tenacidad de las víctimas, en diciembre de 2013 cuatro militares fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la violación sexual; uno de ellos murió, pero los otros tres están en un proceso judicial ante el fuero civil. No obstante, las agrupaciones humanitarias también expresaron su preocupación por los obstáculos que han enfrentado ambas mujeres para acceder plenamente a la justicia, y es que –explicaron– uno de los implicados en el caso de Inés fue asesinado en una prisión militar, sin que hasta ahora se conozca el contexto en el que ocurrieron los hechos. Tanto para Inés Fernández como para Valentina Rosendo, los juicios contra los perpetradores son claves para obtener justicia, por lo que Cejil y Tlachinollan advirtieron que hasta que haya sentencias firmes habrá reparaciones en materia judicial. En la audiencia también se informó a la CoIDH de las medidas que aún no son implementadas y que servirían para garantizar la no repetición de hechos similares, tales como acciones legislativas y políticas públicas, incluyendo la estandarización de protocolos para la investigación de violaciones sexuales. Las organizaciones también citaron la falta de programas y cursos de capacitación para investigar casos de violencia sexual; la falta de capacitación y formación en Derechos Humanos (DH) a integrantes de las fuerzas armadas; y servicios de atención a víctimas de violencia sexual en Guerrero. Finalmente, durante la audiencia se reiteró que las reformas al fuero militar no han sido completamente cumplidas, ya que en abril de 2014 se acotó el fuero de guerra, pero sólo en casos de graves violaciones a DH, es decir, la obligación de que soldados acusados de delitos de esta naturaleza sean investigados y juzgados en tribunales civiles, para garantizar la independencia e imparcialidad judicial. Cejil aseguró que si bien en los casos de Inés y Valentina hubo detenidos, el proceso avanza “lentamente” y todavía no hay personas sancionadas, por lo que aseguró que las reparaciones de parte del Estado mexicano aún son incompletas, pues no se formulan de manera coordinada y no integran las perspectivas de género, interculturalidad y de DH. Ante ello, las organizaciones pidieron a la CoIDH que inste al Estado mexicano a transparentar las diligencias judiciales, y que se evite la revictimización de las mujeres.