Irregularidades, arbitrariedades e intereses político-económicos salen a relucir en el caso del desalojo policiaco y detención de 17 pobladores de Hobomó. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 1 de abril del 2016.- Irregularidades, arbitrariedades e intereses político-económicos salieron a relucir en el desalojo y aprehensión de habitantes de la comunidad de Hobomó, quienes acudieron hoy a la Fiscalía General del Estado, en busca de la carpeta de investigación, pero recibieron como respuesta que hasta el lunes se las proporcionarán, y denunciaron que los supuestos dueños y beneficiarios del desalojo quemaron las casas y sacaron a la carretera las pertenencias de los desalojados. La defensora legal, Adelaida Caballero López, manifestó que la excusa de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Juan Manuel Herrera Campos, para no hacer entrega de la carpeta de investigación es que aún está recabando la información de los Ministerios Públicos que actuaron en el desalojo y detención de los 17 acusados de invasores, asimismo, señaló que se está juzgando un caso que aún está en proceso y que no tiene sentencia. “Están sujetos a un juicio reivindicatorio que no se ha concluido, no hay sentencia y aun así los van a sacar, cuando ya la autoridad tiene conocimiento de que ellos son posesionarios, no de ahorita, sino de 18 años, además de que los están deteniendo por un delito que no existe, los están denunciando por tentativa de despojo”, explicó. Caballero López mencionó que ante la invención de los delitos de parte de la Fiscalía, que no está impartiendo la justicia que debería, anteriormente ya les habían quemado la posesión domiciliaria donde se encontraban, de lo cual obra denuncia en el Ministerio Público y nuevamente, ante su ausencia, sufrieron la pérdida de sus pertenencias. Dijo que los dejan en libertad bajo reservas de ley, “cosa que no debería de haber sido, primero se investiga, se consigna al juez y el director de Ministerio Público me acaba de comentar que aún están integrando la averiguación, la van a pasar a la mesa de trámites, la detención fue ilegal. “No hay una sentencia del reivindicatorio que indique que los pobladores están o no en ese predio de manera ilícita, porque hay un dictamen topográfico del perito García Villanueva, donde dice que esos predios están sobrepuestos”, reveló. Los predios se encuentran a unas decenas de metros antes de llegar al poblado de Hobomó y se dividen en dos sectores con predios en litigios, 20 familias de un lado y del otro lado 12. “No somos paracaidistas” De la misma manera, Reyes Francisco Ortiz Grande, poblador y afectado en el desalojo, declaró: “Dicen que somos paracaidistas y Sedatu nos dice que la acreditación que le presentó el supuesto dueño, no la convence para nada y por eso no nos han sacado, pero esto es un cuatro que nos han puesto”. Cabe recordar que hace dos años, se informó de la intención de la supuesta parte propietaria, era vender pozos de agua que se encuentran en este predio al municipio de Campeche para que de ahí se extraiga el líquido vital que abastezca a la ciudad. Nuevamente, se tuvo razón, pues este caso detonó de nueva cuenta, a raíz de que llegó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la zona a verificar, aunque Ortiz Grande afirmó que no se oponen a los beneficios, pues dicen que están dispuestos a hacerse a un lado, para que pase el acueducto, siempre y cuando los dejen trabajar la tierra. “No nos hacen justicia a nosotros y a ellos sí, nosotros demandamos y no hacen nada, ellos demandan y nos detienen, ahorita ya sacaron las cosas de nosotros a la carretera, nos queman y nos hacen destrozo”, puntualizó. Los desalojados mostraron planos y mapas otorgados por la Sedatu y alegaron que el jalisciense Manuel Alfonso Hernández Ruiz solo pretende hacer negocios con la zona y a costa del bienestar de las familias que ahí habitan.