CIUDAD DE MEXICO, D.F. 1 de abril del 2016.- El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que el derecho a la verdad no es un acierto, sino un imperativo ético jurídico y deber del Estado. Al encabezar, en el Museo Memoria y Tolerancia, la ceremonia del Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, que se conmemora el 24 de marzo, destacó que el derecho a la verdad se opone a la indiferencia y al olvido. “En donde la violencia y el vacío de principios con frecuencia pareciera que se pudieran imponer – aseguró—, la verdad emerge como un valor insoslayable y un objetivo para todos”. Y añadió que si la verdad de los pasajes dolorosos en la historia de los pueblos no se determina y transmite, estamos condenados a repetirlos. González Pérez advirtió que no es sencillo hacer efectivo este derecho, ya que va más allá de la simple voluntad y recursos de las autoridades. “En medio de la crisis de credibilidad que atraviesan las instituciones en nuestro país –explicó—, el hacer efectivo este derecho impone a las autoridades un deber básico de trabajar, de cara a la sociedad, para recuperar su credibilidad ante la misma. La verdad se demuestra y sustenta en pruebas, pero si quien ofrece la demostración y recaba las mismas es cuestionado, como consecuencia de ello también se cuestiona la validez y pertinencia de la verdad que se demuestra”. Puntualizó que “la verdad se opone al olvido de los acontecimientos y de aquellas tragedias que lastiman a la sociedad. El derecho a la verdad es también honrar la memoria pública, rescatarla del ostracismo, reivindicarla y hacerla efectiva. Indicó que la verdad nos reta y desafía por la dureza y el sentido de las revelaciones que puede llevar consigo, por lo que no debemos construir verdades individuales, sino descubrir y exponer la verdad sobre los hechos que implican violaciones a los derechos humanos. “La verdad –dijo— es una y ésa es la verdad a la que debemos llegar”. En su oportunidad, Jaime Rochín indicó que la CEAV comparte la responsabilidad de consolidar el proyecto de nación de un México fundamentado en el respeto y protección de los derechos humanos; es menester que todas las instituciones mexicanas de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno trabajemos de forma decidida y contundente para fortalecer la política de Estado de atención a víctimas; que esa atención sea más rápida, eficiente y sensible.