Con el aval de los diputados de Morena, la Cámara local aprobó modificar la entrada en vigor de las figuras jurídicas de medicación y conciliación en los procedimientos civiles y familiares, hasta el primero de enero del 2018, cuando debieron estar vigentes desde hace un año y 3 meses. Por Daniel Sánchez CAMPECHE, Cam. 18 de marzo del 2016.- Con el voto de los tres diputados de Morena, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad aplazar la justicia alternativa civil dos años más, hasta el primero de enero del 2018, cuando debió entrar en vigor desde el pasado ocho de diciembre del 2014. De acuerdo con el decreto aprobado el 23 de octubre del 2014 y publicado el cinco de diciembre del mismo año, la inclusión en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de las figuras jurídicas de mediación y conciliación en los procedimientos civiles y familiares, mediante la adición de un Título denominado “De la Justicia Alternativa”, con los artículos 1470, 1471 y 1472, así como la reforma a los numerales 569, fracción VI, y 847, entraría “en vigor a los tres días siguientes, previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado”. Esta vez, los legisladores locales aprobaron una iniciativa para modificar la entrada en vigor de un decreto expedido por la LXI Legislatura, sobre reformas al Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque la entidad aún no cuenta con una legislación especializada, en materia de Mediación y Conciliación, ni con el presupuesto para adoptar el nuevo modelo de justicia orial. El documento justifica que “toda vez que el citado decreto 177 se encuentra próximo a su inicio de vigencia (sic), da razón para proponer la modificación a su artículo Primero Transitorio, para ampliar su “Vacatio legis”, en espera de la emisión de una legislación especializada en materia de Mediación y Conciliación, que incluya ampliamente, en su contenido, las disposiciones normativas a que se refiere el mencionado decreto, en aras de que nuestro marco normativo se encuentre apegado al modelo de justicia oral que se viene implementando en el Estado mexicano”. “Razón por la que quienes dictaminan la iniciativa de referencia, se pronuncian a favor de su aprobación, pues dicha medida favorecerá la necesidad de disponer, con suficiencia, las previsiones presupuestales que se requieren para adoptar el nuevo modelo de justicia oral, que implican consolidar la plantilla de servidores públicos judiciales especializados en mediación y conciliación, que atenderán los procedimientos de justicia alternativa, con su correspondiente capacitación; además de la construcción o habilitación de instalaciones que permitan proporcionar de manera adecuada dicho servicio”. Así, la Diputación Permanente propuso al pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de decreto: LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta que “se reforma el Artículo Primero Transitorio del decreto 177 de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día cinco de diciembre de 2014, para quedar como sigue: Primero.- Este decreto entrará en vigor el día primero de enero de 2018, previa su publicación en el Periódico Oficial”. Otros dictámenes aprobados En la misma sesión, la Cámara local avaló el dictamen acumulado de la Diputación Permanente relativo a dos iniciativas, una para adicionar un artículo 125 bis, Capítulo XX, denominado “Prevenciones Generales”, y otra para reformar la fracción XIX bis del artículo 54 de la Constitución Política del Estado de Campeche, que tiene como fin homologar el marco constitucional local con los mandatos que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. En el documento, destaca el status jurídico al organismo autónomo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información para posteriormente, armonizar la normatividad estatal que desarrolle el derecho de acceso a la información pública, así como las obligaciones y facultades del organismo garante, con las reformas constitucionales de 2014 y con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de mayo de 2015. También se aprobó el dictamen relativo a una iniciativa para reformar el artículo 78 de la Ley de Hacienda del Estado y para reformar diversas disposiciones de la Ley para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estrado, cuya “finalidad está orientada a incentivar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias a través de disposiciones fiscales accesibles a su observancia y cumplimiento, en beneficio de la economía del ciudadano y sin descuido de las finanzas del Estado”.