Bettina Cruz Velázquez expuso hechos en su contra por parte de personas relacionadas con Eólica Sur. Por Patricia Briseño Mireles, colaboración SemMéxico OAXACA, Oax. 24 de febrero del 2016. – Organizaciones y colectivos, defensores de derechos humanos y ambientales denunciaron diversos actos de hostigamiento e intimidación en su contra, a partir de que la justicia federal le concedió la razón en su demanda de suspensión definitiva de la empresa Eólica Sur, proyectada en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec. Bettina Cruz Velázquez, integrante de la organización Pueblo Indígena Binniza del Istmo, expuso una serie de hechos que personas identificadas con la empresa comenzaron en  contra de ella y sus compañeras, luego de que el 11 de diciembre, el juez  Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, confirmó que el Estado mexicano y  empresas trasnacionales, violentaron tratados internacionales, en su pretensión de edificar el parque eólico, número 15, en Juchitán, y el 25 en la región. Además del linchamiento mediático, a través de algunos medios de comunicación, “los ataques a los dirigentes visibles del movimiento ambientalista se han exacerbado”, precisó. “Quienes estamos defendiendo el territorio, mujeres y hombres, estamos sufriendo amenazas de gente relacionada con las empresas multinacionales, en este caso Eólica del Sur, incluso de la misma comunidad”, acusó. Mencionó que la persecución contra defensoras y defensores ambientales va desde la molestia a su persona en el ámbito laboral y familiar, hasta el daño  patrimonial. Según dijo, “a pesar de que  se han solicitado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca medidas cautelares, el gobierno del estado lo obstaculiza”, comentó la defensora e integrante de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya. Sobre la omisión de la Defensoría expusieron que ésta ya recibió la solicitud de las medidas cautelares, dice sí pero en lo operativo siempre hay argumentos para no hacerlo. “No hay forma de operar, no hay recursos” es el argumento que se da, apuntó Cruz Velásquez detenida ya en una ocasión el pasado 22 de febrero de 2012, tras una protesta y sin una orden judicial de por medio, según se denunció en esa ocasión. En este sentido Sánchez Maya y Atziri Ávila, integrantes de la Red  Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigieron al gobierno del estado se garantice la integridad física de las defensoras y defensores en el Istmo.