Por David Foust Rodríguez[1] Cereal GDL Entre enero y julio de 2010, 18 jóvenes trabajadores de Foxconn decidieron terminar con sus vidas y saltaron de un edificio. Tenían entre 17 y 25 años de edad. La mayoría murió. Al menos una de ellas –la menor- quedó parapléjica. Trabajaban y vivían en la Ciudad Foxconn, en el parque industrial de la zona económica especial en Shenzhen, China. Foxconn es la más grande manufacturera de electrónicos del mundo; produce para las principales marcas, entre ellas Apple, la marca con mayor margen de ganancias en esta industria. O sea: es un caso de éxito. Según la iniciativa de ley de zonas económicas estratégicas, presentada por senadores panistas en diciembre del año pasado, “China representa el caso de mayor éxito en la creación de zonas especiales. (…) Shenzhen, Zhubai y Shantou (…) han configurado un espacio regional de alta competitividad mundial y representan el eje de un gran despliegue económico, (…) con amplias repercusiones en la economía global”. Inspirados por el modelo exitoso representado por la icónica Shenzhen, el Presidente de la República y los Diputados aprobaron una ley que ahora está en discusión en el Senado. Según lo aprobado en la Cámara Baja, las zonas económicas especiales serán un “instrumento que contribuya al abatimiento de la desigualdad y permita cerrar las brechas de desarrollo regional, a partir de un crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país con mayor rezago social”. ¿Quién no quiere eso? El problema son los medios: Estas zonas estarán encargadas a un administrador integral, “que podrá ser de carácter público o privado”. Las zonas serán creadas por Decreto Presidencial. Los que hagan negocio en estas zonas podrán gozar de beneficios fiscales, administrativos, “entre otras condiciones especiales”, según quede establecido en el correspondiente decreto. Las zonas tendrán consejos técnicos que opinarán y harán informes y evaluaciones. La sección IV de la ley aprobada por los Diputados establece que en las zonas deberán observarse “los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las áreas de influencia” y que deberán realizarse “los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda (…)”. También establece que el administrador integral y los inversionistas “deberán establecer programas de vinculación con empresas y trabajadores locales, y de responsabilidad social, con el objeto de promover el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades (…)”. El artículo 72 de la iniciativa panista establecía que “los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y conocimientos”. Esta disposición –muy riesgosa en términos de derechos humanos laborales- no fue incluida en el dictamen aprobado por los diputados, pero los artículos 8, 10 y 12 dan demasiado margen de acción al Presidente de la República y a los administradores integrales de las zonas. En resumen: los diputados aprobaron una ley con disposiciones que podrían reducir los impactos de las zonas económicas especiales en materia de derechos humanos y medio ambiente. Tendremos que estar atentos a las modificaciones que introduzca el Senado y a su implementación para mantener a salvo nuestros derechos. Los focos amarillos se prenden cuando sus defensores remiten a los casos de “éxito”, como Shezhen, China. Uno no puede sino recordar la tragedia de los suicidios de Foxconn.

[1] Coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), foust.david@gmail.com