Estudio coordinador y editado por universidades de California y Argentina advierte que el problema radica en los países de origen, donde la infancia se ha convertido en sinónimo de presencias y sufrir violencia y exclusión social. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 15 de noviembre del 2015.- “Los niños y los adolescentes afectados por la migración en América Central y América del Norte representan un desafío urgente de derechos humanos, desarrollo humano, refugiados y humanitario”, advierte el estudio Niñez y migración en Centro y Norte América: causas, políticas, prácticas y desafíos”. Coordinado y editado por Karen Musalo, directora, y Lisa Frydman, directora asociada, del Center for Gender & Refugee Studies de la University of California Hastings College of the Law, y por Pablo Ceriani Cernadas, coordinador del Programa Migración y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, el trabajo destaca que “el problema radica en los países de origen de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, donde la infancia se ha convertido en sinónimo de presenciar y sufrir violencia; experimentar violaciones de los derechos humanos y discriminación por diversos motivos; sufrir exclusión social; y verse privado de educación, oportunidades de empleo, servicios médicos e incluso alimentos”. “Estas condiciones fuerzan a los niños y/o a sus padres a migrar. Los desafíos continúan durante el tránsito, especialmente en México—donde los actores gubernamentales y los carteles criminales acechan a los niños y sus familias con violaciones, secuestros, extorsiones o palizas, y donde las instituciones gubernamentales aplican políticas de control migratorio destinadas a castigar y disuadir la migración, en lugar de proteger a los niños y respetar sus derechos humanos”, expresa. “El problema se mantiene en los países de destino de México y Estados Unidos, donde las políticas centradas en el control de la migración cobran prioridad sobre el interés superior y los derechos de los niños, lo que genera como demasiada frecuencia la repatriación de niños y adolescentes de regreso a las mismas condiciones de las que huyeron. También persiste en México y Estados Unidos para los niños migrantes y los niños en familias con diversas condiciones migratorias, que viven en las sombras y al margen de la sociedad, por temor a su propia deportación o la de sus familiares”, indica. “En lugar de poder ejercer su derecho a desarrollarse, aprender y crecer, estos niños carecen de acceso a educación, atención sanitarias y otros servicios vitales, y acaban a menudo en condiciones de explotación laboral. Los derechos de los niños a la familia y el desarrollo se ven vulnerados cuando los padres en situación irregular no pueden obtener la residencia en conexión con la situación migratoria regular de sus hijos, no tienen derecho a trabajar ni otros derechos fundamentales, y pueden ser deportados sin que se tenga en cuenta el interés superior del niño”, agrega. Finalmente, puntualiza, se cierra el círculo de violación de derechos en los países de origen de los niños después de su regreso, ya que las causas fundamentales que les obligaron a migrar de América Central y México—violencia, exclusión social, pobreza y separación de la familia—permanecen inalteradas. “Este dilema humano complejo y con múltiples características requiere atención urgente y un cambio paradigmático fundamental. Solo se resolverá cuando las condiciones en los países de origen de los niños no obliguen a ellos o a sus padres a migrar; cuando existen más opciones para que los niños y las familias puedan migrar mediante vías regulares; y cuando las políticas a nivel regional, nacional y local adopten principios basados en derechos, en los que el interés superior del niño sea una norma esencial, y garanticen el acceso a protección internacional. Una verdadera resolución de este dilema humano puede llevar años, pero las iniciativas tienen que emprenderse ahora”, concluye. El caso de México En el caso de México como país de origen, el estudio manifiesta que los niños y los adolescentes mexicanos migran a Estados Unidos para reunirse con sus familiares, en busca de oportunidades para desarrollarse y, cada vez más, huyendo de la violencia y la amenaza de violencia. “Muchos niños y adolescentes mexicanos viven en hogares en los que uno o ambos progenitores han migrado a Estados Unidos; y la separación y desintegración familiar provocada por la migración fomenta que muchos niños mexicanos viajen a Estados Unidos. La privación de los derechos de los niños a sobrevivir y desarrollarse como consecuencia de la pobreza extrema, así como la escasez de oportunidades para estudiar y trabajar, provocan que los niños y los adolescentes mexicanos huyan del país. Los niños y los adolescentes indígenas sufren el mayor nivel de exclusión social y privación de derechos”, abunda. Afirma que “la violencia cometida por los carteles de la droga, las pandillas y otras organizaciones criminales provoca desplazamiento interno dentro de México y la migración de niños y adultos desde México. Los carteles de la droga, las pandillas y las organizaciones criminales están repartidos por todo el país, y cada vez más niños y adolescentes—entre ellos los que migran de México y América Central cruzando el país—son víctimas de ellos. El abuso, la desatención y el abandono de los niños, junto con la violencia arraigada, tolerada y generalizada contra la infancia, y la violencia de género en el hogar y en la sociedad en general también obligan a los niños y a los adolescentes a huir. En 2012, México tenía el quinto nivel más alto de homicidios de niños y adolescentes en el mundo”. Señala que en México, existen altos niveles de impunidad y corrupción, especialmente en relación con la violencia de las organizaciones criminales, pero también de la violencia dentro de la familia. Además de no proteger a los niños y los adolescentes de diferentes fuentes de violencia, México  no garantiza su derecho a desarrollarse. No ha abordado la discriminación y la exclusión social que sufren especialmente a diario los niños y los adolescentes indígenas. “Hasta hace poco, las políticas consulares de México prestaban muy poca atención a los derechos de los niños migrantes. No se implementó ningún programa centrado en los niños hasta finales de 2014, cuando el Secretario de Relaciones Exteriores desarrolló un protocolo destinado a proteger los derechos de los niños migrantes en Estados Unidos a través de la asistencia consular”, añade. Recuerda que el Instituto Nacional de Migración (INM) y los consulados mexicanos han firmado numerosos acuerdos bilaterales con Estados Unidos respecto a la repatriación de ciudadanos mexicanos. “Aunque los acuerdos mencionan la repatriación de “migrantes vulnerables”, como los niños y los adolescentes no acompañados, se concentran en la logística de las devoluciones, en lugar de la protección, el bienestar y los derechos de los niños y los adolescentes. Los funcionarios consulares de México facilitan la repatriación de niños y adolescentes mexicanos directamente desde la frontera, a menudo sin investigar la situación a la que serán devueltos”, expone. “Los funcionarios consulares mexicanos que trabajan a lo largo de la frontera han empezado recientemente a entrevistar a los niños y los adolescentes no acompañados, con el objetivo de garantizar que no sean devueltos a una situación peligrosa. Aunque sus intenciones son buenas, la comprobación de los funcionarios consulares mexicanos no puede exonerar a Estados Unidos de su deber, en virtud de la Ley de Reautorización de la Protección de Víctimas de Trata, de verificar las necesidades de protección y otras vulnerabilidades de los niños y adolescentes mexicanos”, menciona. “Los funcionarios mexicanos de bienestar de la infancia adscritos al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) adoptan la custodia de los niños y los adolescentes mexicanos repatriados y examinan sus casos para determinar si deben regresar con sus familiares. En el proceso de determinación del DIF participan trabajadores sociales y médicos, pero no se examinan los hogares antes de reunir a niños y adolescentes con familiares, y no se les ofrecen servicios de seguimiento. Los niños y los adolescentes a la espera de ser reclamados por familiares permanecen en albergues estatales o albergues privados dirigidos por organizaciones de la sociedad civil”, comenta. “Los familiares tienen que mostrar documentos de identidad para poder sacar a niños y adolescentes de albergues, pero no se realiza ningún control adicional de los adultos. Algunos niños y adolescentes mexicanos salen “voluntariamente” de los albergues, por su cuenta y sin ningún adulto que los reclame. Algunos de estos niños y adolescentes intentan volver a cruzar la frontera, y algunos caen víctimas de organizaciones de tráfico de personas o drogas. No existen programas para promover la reintegración sostenible de los niños y los adolescentes en sus comunidades. El DIF no ofrece capacitación profesional, asistencia financiera, servicios de salud mental ni orientación psicológica para los niños y sus familias”, apunta. En cuanto a México como país de tránsito y de destino, el análisis subraya que “las leyes y las políticas de México respecto a los migrantes se concentran en la vigilancia, en lugar de los derechos humanos y las necesidades de protección. Estas leyes y políticas se aplican con la misma fuerza a los niños y a los adultos. Con la capacitación y la asistencia de Estados Unidos, México ha aumentado significativamente sus iniciativas de vigilancia a lo largo de su frontera meridional con Guatemala. Sin embargo, el aumento de la vigilancia no ha disuadido la migración. En todo caso, la expansión de los controles, especialmente en el caso de los niños migrantes, aumenta aún más la vulnerabilidad de los niños y los adolescentes después de su repatriación, lo que a menudo hace que vuelvan a migrar”. Asegura que México detiene a los migrantes, incluidos los niños no acompañados y las familias, y los retiene en centros de migración. El país no ha aplicado la reforma positiva promulgada en 2011 por la que se requiere al INM que transfiera a los niños al DIF cuando sean aprehendidos. Los niños y los adolescentes detenidos en centros de migración carecen de alimentos comestibles, no tienen privacidad ni acceso a servicios médicos y psicológicos, están constantemente vigilados y están recluidos junto con adultos con los que no tienen relación familiar. Los niños y los adolescentes que buscan asilo están detenidos durante todo el proceso de asilo—que puede durar varios meses—lo que hace que muchos niños retiren su solicitud debido a la frustración por su detención. Los que renuncian a su solicitud, corren el riesgo de que los devuelvan a una situación de persecución. “México no ofrece asesoramiento jurídico a los niños y los adolescentes migrantes y no les proporciona ninguna información acerca de sus derechos. Además, México no designa a un tutor o un defensor de la causa de los niños y los adolescentes no acompañados. Las autoridades migratorias entrevistan a los niños y los adolescentes y deciden posteriormente cómo manejar sus casos en función de la información obtenida durante la entrevista; sin embargo, los niños y los adolescentes no tienen acceso a procedimientos legales para recurrir su detención, reclamar sus derechos o solicitar beneficios migratorios. Ante la falta de información y de un abogado u otro adulto que les ayude a navegar el sistema y reclamar sus derechos, los niños migrantes centroamericanos sufren violaciones habituales del debido proceso en México”, asevera. “Los migrantes, entre ellos los niños y los adolescentes, carecen de acceso a procesos de asilo adecuados. Los migrantes tienen que solicitar afirmativamente el asilo, lo que exige que conozcan su derecho a solicitarlo. Los niños y los adolescentes desconocen probablemente este derecho, por lo que su acceso al asilo queda significativamente limitado. “Los niños y los adolescentes que buscan asilo también se enfrentan a otros obstáculos. México mantiene a los solicitantes de asilo detenidos durante el proceso y los priva de la oportunidad de participar en él—por ejemplo, al no permitirles que presenten pruebas y no informarles de la fecha de su entrevista de asilo—y les proporciona muy poca o ninguna información acerca de la situación de sus casos. Además, México solo aprueba alrededor del 20 por ciento de las solicitudes de asilo, y no mantiene estadísticas desglosadas sobre el número o el porcentaje de casos de niños solicitantes de asilo. “El INM deporta a más del 85 por ciento de los niños y los adolescentes migrantes no acompañados de América Central. México no acata las reformas de 2011 de su ley de migración, entre ellas el requisito de desarrollar un procedimiento para realizar determinaciones del interés superior de los niños y los adolescentes migrantes antes de repatriarlos. En cambio, su principal respuesta a los niños y los adolescentes migrantes es detenerlos y deportarlos. Se han emprendido iniciativas destinadas a desarrollar una norma del interés superior, tal como requiere la ley de migración de México, pero dicha norma no existe hasta la fecha. “Aunque un número creciente de niños y familias centroamericanas se han instalado en México, la mayoría en Soconusco, Chiapas, no existen políticas destinadas a garantizar los derechos de los niños y los adolescentes migrantes y de los niños hijos de padres de migrantes. Muchos niños y adolescentes migrantes participan en el trabajo infantil, a menudo en condiciones de explotación como víctimas de la trata; y sin embargo, estos niños no pueden acceder generalmente a los programas de protección de la infancia ni tienen derecho a obtener permisos de residencia. En lugar de proteger a estos niños y adolescentes especialmente vulnerables, México los somete a duros mecanismos de detención y deportación”.

Para mayor información, el estudio completo: Ninez-Migracion-DerechosHumanos_FullBook_Español_3