El gobierno de Fernando Ortega Bernés mantiene con graves deficiencias, en malas condiciones e insalubridad el Centro de Internamiento de Adolescentes, ubicado en Kila, Lerma, municipio de Campeche, según un Informe Especial elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y entregado al Senado de la República. Por Daniel Sánchez CAMPECHE, Cam. 3 de marzo del 2015.- El gobierno de Fernando Ortega Bernés mantiene con graves deficiencias, en malas condiciones e insalubridad el Centro de Internamiento de Adolescentes, ubicado en Kila, Lerma, municipio de Campeche, según un Informe Especial elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El organismo defensor presentó el Informe Especial sobre los 56 Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana, al Senado de la República, el cual se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos. Entre las anomalías encontradas por la CNDH en la también conocida como Preceptoría de Kila, Lerma, están las “inadecuadas condiciones de las instalaciones e insalubridad”, ya que las “instalaciones no reúnen las condiciones para garantizar una estancia digna, debido a que presentan alguna o varias deficiencias relacionadas con la carencia o insuficiencia de camas, colchones, inodoros, lavabos y/o regaderas; sillas y mesas en áreas de visita familiar; falta de vidrios en ventanas, y de puertas en los servicios sanitarios, lo que provoca falta de privacidad”. “También falta de mantenimiento en dormitorios, talleres, aulas, servicios sanitarios, instalaciones hidráulicas, eléctricas y de drenaje; fallas en el suministro de agua corriente para el aseo de los adolescentes, las estancias y los inodoros. Paredes con grietas y muebles de servicios sanitarios rotos. Instalaciones eléctricas improvisadas y cables expuestos, lo que provoca riesgo de corto circuito; filtraciones y encharcamientos”, expresó. “También se observaron deficientes condiciones en la ventilación e iluminación natural y/o artificial, así como de higiene y presencia de fauna nociva como cucarachas, ratas y arañas”, puntualizó. En el Centro de Kila, la Comisión detectó “falta de áreas para el acceso a servicios y actividades”, ya que “se revelaron deficiencias relacionadas con la falta o escasez de áreas necesarias para su adecuado funcionamiento, entre las cuales se encuentran las de ingreso, observación y clasificación, locutorios, protección, visita familiar, cocina, comedores, talleres, aulas, biblioteca e instalaciones deportivas”. “Hay condiciones de desigualdad de las áreas y personal destinados a las mujeres” en Kila, que es un centro de tratamiento interno que aloja población mixta, pues “se descubrió que los espacios destinados a mujeres carecen de instalaciones adecuadas, restringiéndoseles el acceso a las actividades o servicios que en ellas se brindan o bien, tienen que compartirse con los varones áreas como las de locutorios, visita familiar, comedores, talleres, aulas, biblioteca, patios, áreas deportivas y médica”. “No existe personal técnico específico para la atención de las menores internas, por lo que se comparten los servicios del personal que atiende a los varones”, agregó. En el rubro de Legalidad y Seguridad Pública, se encontró que hay una “inadecuada separación y clasificación”, porque “no existe una estricta separación entre quienes están sujetos a procedimiento y los que cumplen una medida de tratamiento, entre hombres y mujeres, y no se realiza una apta clasificación de estas personas, porque las autoridades no establecen criterios para ubicarlos o las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para tal efecto”. Asimismo, se detectó la “inexistencia de reglamentos y manuales de procedimientos”, ya que de acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos entrevistados durante las visitas, en Campeche, hay “deficiencias en materia de normatividad, debido a que carecen de reglamento interno y/o de manuales en los que se precisen en forma detallada los procedimientos que regulan cada uno de los aspectos de la vida diaria y la administración de esos lugares”. En el renglón de Derecho a la Integridad Personal, se halló “insuficiente personal de seguridad y custodia”, pues “el personal encargado de vigilar y custodiar las instalaciones y las personas internas es insuficiente”. “El número de elementos adscritos no les permite conformar tres grupos, como sucede en otros establecimientos, por lo que únicamente existen dos grupos que cubren turnos de 24 horas de trabajo por 24 de descanso”, abundó. Igualmente, se encontró que “falta de capacitación a servidores públicos adscritos a los centros de tratamiento interno, en materia de derechos humanos y prevención de la tortura”, ya que “el personal directivo y/o de seguridad y custodia entrevistados refirieron no haber recibido capacitación en materia de derechos humanos y/o prevención de la tortura”. Hay “deficiencias en la supervisión”, principalmente “en las tareas de supervisión de autoridades superiores y/o de inspección, debido a que no se emite un documento para informar sobre el resultado de las visitas, a las autoridades responsables de los establecimientos o al personal correspondiente cuando se trata de las inspecciones del personal directivo. Además, de que no existe registro de tales acciones, por lo que los servidores públicos entrevistados no pudieron acreditar que efectivamente se llevan a cabo”. En Reintegración Social y Familiar, se halló que falta de personal, pues “existen carencias en materia de personal de psicología y trabajo social, y para la organización de actividades ocupacionales, laborales, educativas y/o deportivas. “También se tuvo conocimiento de que en Campeche “hay restricciones a la visita familiar, pues únicamente se permite entre uno y tres días a la semana”. El resumen del Informe Especial El Informe Especial enviado a la Cámara de Senadores especifica las inconsistencias encontradas en visitas realizadas durante febrero y marzo de 2014. Asimismo, hace recomendaciones a los gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal para terminar con los malos tratos. El documento refiere que durante febrero y marzo de 2014, personal de la CNDH, con el apoyo de personal de los organismos públicos protectores de derechos humanos de diversos estados, visitó y supervisó 56 centros para adolescentes que han infringido las leyes penales, en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, para examinar el trato y las condiciones de detención de los menores recluidos. Cabe destacar que de estos lugares, 15 son varoniles, 37 son mixtos, y únicamente cuatro son exclusivos para mujeres. En ellos, se encuentran internos cuatro mil 734 jóvenes, específicamente cuatro mil 448 hombres y 286 mujeres. Detalla que mil 841 se encuentran sujetos a procedimiento y dos mil 893 están cumpliendo con un tratamiento; asimismo, cuatro mil 438 de ellos están internados por delitos del fuero común y 296 por delitos del fuero federal. El informe de la CNDH refiere que el trato que reciben los menores recluidos, contraviene diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Entre las irregularidades se encuentran: tratos crueles, inhumanos y degradantes; deficiencia de las instalaciones e insalubridad; falta de áreas para actividades; desigualdad de las áreas y personal especializado; deficiencias en la alimentación; sobrepoblación y hacinamiento; inapropiada separación y clasificación; irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, insuficiente difusión de reglamentos y en algunos casos, la inexistencia de reglamentos y de manuales de procedimientos. Asimismo, se detectaron irregularidades en la prestación del servicio médico; ausencia de programas contra las adicciones y desintoxicación; falta de capacitación del personal de los centros de tratamiento interno y deficiencias en su supervisión; presencia de elementos policiales que viven en los establecimientos; obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las estancias; falta de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad física; y falta de apoyo de intérpretes para quienes pertenecen a comunidades indígenas y no hablan el idioma español. Los jóvenes en los centros de tratamiento interno en Berriozábal, Chiapas; femenil en Villahermosa, Tabasco; y en Alto Lucero, Veracruz, denunciaron maltrato físico y psicológico por parte de servidores públicos, tales como golpes, insultos, amenazas, permanencia en posturas forzadas y uso de esposas por lapsos prolongados; utilización de gas pimienta, vendas en los ojos, condiciones de encierro sin ropa, en celdas insalubres, sin servicios sanitarios ni ventilación, así como privación de agua y alimentos. En cinco centros de tratamiento interno en Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal y Sonora, la población interna rebasa la capacidad, mientras que en cuatro establecimientos en las entidades de Durango, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas, se hallaron condiciones de hacinamiento debido a una mala distribución. Lo anterior provoca que varios adolescentes compartan cama o duerman en el piso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo recomendaciones a los gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal para resolver los problemas que presentan las estancias estatales donde se encuentran los jóvenes que infringieron leyes penales. Entre ellas se encuentran: girar instrucciones precisas a las autoridades encargadas de los centros para evitar toda clase de abusos y maltrato físico y psicológico, así como para que la fuerza y los instrumentos de coerción, únicamente sean utilizados en casos excepcionales, siempre y cuando se hayan agotado los medios pacíficos de control y de acuerdo a la forma expresamente autorizada por un ordenamiento legal. Particularmente, se debe erradicar cualquier acto relacionado con golpes, insultos, amenazas, permanencia en posturas forzadas. El uso de esposas por lapsos prolongados; utilización de gas pimienta, vendas en los ojos, el despojo de la ropa y encierro en celdas insalubres sin servicios sanitarios ni ventilación. Lo anterior, sin menoscabo de las medidas de seguridad que deben prevalecer para garantizar la seguridad de los establecimientos y evitar situaciones de riesgo para la integridad de los adolescentes, el personal que ahí labora y los visitantes, especifica el informe. CNDH_INFORME_ESPECIAL_ADOLESCENTES_2014