Autoridades permitieron el acceso de menores de edad a la corrida de toros de Seybaplaya, de manera ilegal, sin que intervinieran la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, ni la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable. Por Ronny Aguilar SEYBAPLAYA, CHAMPOTON, Cam. 2 de marzo del 2015.- Autoridades permitieron el acceso de menores de edad a la corrida de toros de Seybaplaya, de manera ilegal, sin que intervinieran la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC), ni la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable (SMAAS). El viernes pasado, la organización Pro Animal Campeche dio a conocer que se estaban vendiendo boletos a precios módicos para niños y adolescentes para la corrida de toros, a realizarse en Seybaplaya, lo cual representa un delito, conforme al artículo 27 de la Ley de Protección a los Animales, la cual especifica que se prohibirá el acceso de menores a estos eventos. Sin embargo y aun cuando Pro Animal Campeche presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y la SMAAS, en la corrida de toros no solo permitió el acceso de menores al circo, sino que además, contrario a lo que la titular de la SMAAS, Evelia Rivera Arriaga, presumió, no se encontró ni personal de Derechos Humanos, ni de la Procuraduría o el Ayuntamiento, cuidando el no acceso a menores. Esto es de llamar la atención, ya que aun cuando se les previene de la consumación de un delito, las autoridades del Estado permiten que la ley se viole, a la medida de la bolsa del que sea favorecido, claro ejemplo son las gráficas publicadas por Paginabierta.mx, donde queda constatado cómo se permitió el acceso a los menores sin ningún tipo de restricción y de todas las edades. Queda de constancia y que sirva como antecedente que la CDHEC dejó de hacer lo propio y cumplir principios fundados en la Constitución Política Mexicana, en su artículo 4, el cual reza: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. Además de que en la Carta Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, indica que  “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”. Y en tratados internacionales ratificados por México, como la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, en su artículo. 17, inciso E, plantea que “los Estados promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18”. Asimismo, en el artículo 19, establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo” y por último, en el artículo 31, numeral 2, expresa que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”. Ante lo señalado, existe una clara violación a los derechos de la infancia, ante la que el Ayuntamiento de Champotón, el Gobierno del Estado, la Secretaria del Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de los Derechos Humanos, no solo no actuaron, sino que además, hicieron caso omiso a las advertencias, ignorando la ley, burlándose de lo establecido en los preceptos constitucionales, no respetando tratados internacionales y haciendo, como es costumbre en los gobiernos del PRI, que solo aplican a conveniencias y beneficios la leyes. Cabe hacer hincapié de los traumas psicológicos que pueden desarrollar los menores por este tipo de actos sangrientos y salvajes, del ámbito más bárbaro y primitivo en contra de los seres vivos, además de la manera en la que repercute la violencia en los niños campechanos, ante una sociedad cada vez más acostumbrada a la violencia, volviéndose cada día más inhumana.