La empresa Constructores Unidos de Campeche S.A., propiedad del empresario Ramón Espínola Toraya, viola los trámites de un juicio de amparo, señaló Pedro Celestino May Can, quien manifestó que se debió de fincar responsabilidades a Eduardo Rodríguez Abreu, anterior delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y no solo alejarlo del Estado. Por Ronny Aguilar LERMA, CAMPECHE, Cam. 24 de noviembre.- Como ladrón por la noche, extrae materiales de tierras del ejido de Lerma, la empresa Constructores Unidos de Campeche S.A. (CUCSA), propiedad del empresario Ramón Espínola Toraya, violando los trámites de un juicio de amparo, señaló Pedro Celestino May Can, quien manifestó que se debió de fincar responsabilidades a Eduardo Rodríguez Abreu, anterior delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y no solo alejarlo del Estado. Al finalizar la asamblea del ejido de Lerma, el domingo 23 de noviembre, Luis Antonio Can Novelo, secretario del Consejo de Vigilancia, concedió una entrevista, en la que se le cuestionó sobre un convenio que existe con la constructora CUCSA, por extracción de material, pero se rehusó a contestar. El representante ejidal declaró: “Amigo, mira, acabamos de tener una asamblea de mayorías calificadas, eso yo lo desconozco, no es el momento de darte una explicación sobre eso, porque tu pregunta no es acorde a la asamblea, que es de dominio pleno, y eso es todo lo que te voy a decir, no voy a emitir comentarios de algo que se habla, se rumora y se dice” Ante estos señalamientos, se le indicó que hace alrededor de unos cinco meses, el dueño de CUCSA, Ramón Espínola Toraya, mostró un documento, en el que quedaba de manifiesto un pago de más de 40 mil pesos mensuales al ejido de Lerma, por la extracción del material, en el cual se incluía su firma como representante del ejido y la del comisario e incluso alegó que esto se aprobó en asamblea. Algo molesto, Can Novelo manifestó: “Eso dices tú, pero ahorita no tenemos contrato con nadie, para nada”, ante la presencia de los ejidatarios. Al terminar la entrevista, el secretario del Consejo de Vigilancia hizo una invitación a comer y pidió que no se tocara el tema, pues no tenía caso hablar de eso y reiteró que se le hablara, para platicar y comer algo. Ante esto, se acudió a hablar con el dirigente del Movimiento Tierra y Libertad, Pedro Celestino May Can, quien explicó que la extracción de materiales se dio a principios de mayo, a cargo de la Constructora Gordillo y la empresa CUCSA. Dijo que la SCT, que tenía como director a Eduardo Rodríguez, expidió un cheque por 567 mil pesos al comisario ejidal, Manuel Domingo May Uc y Luis Antonio Can Novelo, quienes obtienen ese pago por bienes distintos a su propiedad, y nunca realizan una acta en la asamblea legal, ni sacan la convocatoria legal, donde se le autoriza de parte de los ejidatarios. “Ellos cobran ese dinero, yo me entero de manera anónima, mediante el cheque con el que ellos cobran, en base  a esto, nos vimos obligado a poner un amparo en las tierras comunales contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del por qué habían hecho un pago ilegal”, indicó. “En el juicio, se debatió eso y se llegó a presentar que Espínola estaba pagando una renta al comisario ejidal de más de 40 mil pesos y que también la Constructora Gordillo estaba dando más de 40 mil pesos al comisario ejidal, además de lo dado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, apuntó. Señaló que en base a esto, el juez determinó que se debe abstener el ejido de hacer uso de las tierras comunales, mientras tanto no exista una resolución, y a los tres meses, el juez resuelve y dice que el amparo que se nos concede, que se sobresee, porque no es en el lugar indicado para tratar el tema, que compete al Tribunal Agrario. “Nos vamos a la revisión y se le pide al Tribunal Colegiado que como campesinos ignorantes de la ley, nos supla de los medios necesarios y se turne al Tribunal Unitario y se abre el expediente 470/2014, a donde le da entrada a la revisión, por lo tanto, legalmente, esta asamblea no la pudo haber hecho el ejido, porque el juicio de amparo aún no ha terminado, está en revisión”, asentó. Extracción clandestina El ejidatario informó que aún se continúa extrayendo material del ejido de Lerma, aun cuando está en trámite el amparo y se supone que no se pueden realizar trabajos, mismos que también está haciendo la SCT, pasando por alto las acciones legales que se encuentran en proceso. “A Espínola Toraya le ha valido todo, sigue sacando material, la Constructora Gordillo siguió hasta que quiso ya se llevó todo su material, 10 mil metros cúbicos, Espínola sigue extrayendo material de noche, como un ladrón, han violado como han querido el amparo”, reveló. “Nosotros metimos las violaciones al amparo y la jueza no lo concedió que por, según, que no existe la violación, cuando nosotros le entregamos todos los medios, cuando la actuario vino a dar fe de que se estaban llevando el material y comprobamos lo que estaban haciendo, es una corrupción enorme y ellos pagan, nuestra lucha es con las dependencias, que se suponen que nos deben de defender, no han hecho su trabajo”, denunció. “Esto que hizo el comisario ejidal es una cosa ilógica, se debió de presentar a la asamblea, Ramón Espínola lo que hubiera presentado es un acta de asamblea, donde le dé autoridad al comisario de hacer un contrato y estos hicieron un convenio bajo el agua”, puntualizó. May Can explicó que para esta autorización, se necesita una asamblea de mayoría califica, ya que “estamos hablando de una ocupación previa, que debe ser autorizada por una mayoría calificada”. “La Secretaría tomo las tierras comunales como una ocupación previa, pero que no fue asamblea  de mayoría calificada, ellos saben que los ejidatarios difícilmente se van a  defender, porque no existe una verdadera defensoría de nuestros derechos, que debe ser la Procuraduría Agraria, pero con la asamblea de ayer, es claro que actúan en contubernio con los empresarios”, abundó. En tormo a las actuaciones la SCT, afirmó que no “era nada más cambiar a Rodríguez Abreu, por sus  malos manejos y poner a otro, porque el señor violó una Ley de Amparo y se debió de consignar a lo que corresponde, a la Ley de Amparo, la obra está en curso, les vale todo, ya se metieron en terrenos ejidales”, finalizó. Cabe señalar que el juicio de amparo abarca cuatro kilómetros del actual desvío carretero en construcción, así como 11 mil metros cuadrados que tomaron al ejido.