Organizaciones de la sociedad civil señalaron que la Gendarmería debe proteger los derechos de las personas y no los intereses empresariales, y no debe utilizarse para acallar la protesta social contra proyectos energéticos, como dieron a entender las graves declaraciones del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en torno a las funciones del nuevo cuerpo policiaco como protector de la inversión privada. Las agrupaciones no gubernamentales, encabezadas por Greenpeace México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) exigen que las políticas energéticas y de seguridad se alineen a los más altos estándares de derechos humanos Por Daniel Sánchez CIUDAD DE MEXICO, D. F. 27 de octubre.- Organizaciones de la sociedad civil señalaron que la Gendarmería debe proteger los derechos de las personas y no los intereses empresariales, y no debe utilizarse para acallar la protesta social contra proyectos energéticos, como dieron a entender las graves declaraciones del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en torno a las funciones del nuevo cuerpo policiaco como protector de la inversión privada. Las agrupaciones no gubernamentales, encabezadas por Greenpeace México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) exigieron que las políticas energéticas y de seguridad se alineen a los más altos estándares de derechos humanos. En un comunicado, las organizaciones civiles manifestaron que en el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el secretario Videgaray fue cuestionado en torno a cómo el gobierno mexicano promoverá la seguridad de las inversiones en el país. “Su respuesta mandó señales de alarma a las organizaciones de la sociedad civil y que indica que la nueva Gendarmería será puesta a disposición de las empresas privadas que desarrollen proyectos en territorio mexicano”, indicaron. “Esta Gendarmería fue creada por decreto presidencial el 22 de agosto de 2014, como cuerpo de élite de formación policial-castrense, con más de cinco mil efectivos, que será activado frente a tres amenazas, una de las cuales refiere a aquellos casos en que haya actores que atenten contra los ciclos productivos o las fuentes de ingresos”, apuntaron. Afirmaron que “este cuerpo elite de seguridad pública se crea tan solo unos días después de la promulgación de las leyes secundarias en materia energética el pasado 11 de agosto, que reglamentó la Reforma Energética constitucional de diciembre de 2013”. “Este no es un hecho menor, ya que estas leyes establecen, entre otras medidas: el acceso preferente al territorio de las empresas petroleras privadas, a través de figuras de renta obligatoria, como es la servidumbre legal; la definición de la exploración y extracción de hidrocarburos como una actividad de orden público, lo que supone que cualquier acción que la ponga en “riesgo” pueda ser penada; el debilitamiento de la política ambiental para facilitar la aprobación de los proyectos petroleros, en detrimento del medio ambiente y la población”, detallaron. Asimismo, agregaron, “favorecen la promoción de técnicas de extracción de hidrocarburos con fuertes impactos socioambientales, como la fracturación hidráulica (fracking); y, la creación de impuestos que beneficiarán a los estados y municipios, pero que están condicionados a que estos garanticen que no se interrumpa la operación de los proyectos petroleros por circunstancias “externas”. “Ante este escenario, las declaraciones de Vidergaray son sumamente preocupantes, porque la Gendarmería podría ser utilizada para acallar las expresiones de protesta social que pongan el “riesgo” la actividad petrolera y gasífera”, asentaron. Manifestaron que de esta manera, en un contexto en el que el Estado está legislando en beneficio de las empresas de hidrocarburos, la nueva Gendarmería se configura como un instrumento policiaco para defender los intereses de la inversión privada en materia energética, con la facultad de actuar contra cualquier amenaza a los mismos, incluyendo la represión de cualquier expresión de legítima oposición social. “De esta manera, es sumamente preocupante que lejos de implementar medidas para proteger y garantizar los derechos de las comunidades ante los impactos de la Reforma, la Gendarmería se preste a criminalizar a quienes defienden las tierras, territorios y recursos naturales”, expresaron. Señalaron que el derecho a la manifestación y a la protesta social está indisolublemente ligado a la defensa de otros derechos humanos, como el derecho al territorio, a la libre determinación, a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, al agua, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud y a la vivienda, entre otros. “Así, las diversas formas de oposición a los megaproyectos energéticos se harán cada vez más presentes, debido a una política que deja fuera los intereses de la población mexicana y privilegia los intereses de los actores privados”, abundaron. “En este sentido, la obligación de las autoridades de gobierno, incluida la Gendarmería, consiste en proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía a la libre expresión y a la protesta social para todos aquellos grupos sociales que decidan manifestarse libremente contra proyectos que atentan contra sus derechos”, puntualizaron. “Ante esta grave situación las y los firmantes exigimos al Estado mexicano: “1. Suprimir la protección de la inversión privada de las funciones de la Gendarmería y reorientar la política de seguridad hacia marcos que privilegien los derechos de las personas, basados en los más altos estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido, es necesario: la profesionalización de las fuerzas de seguridad con un enfoque de derechos humanos; el fortalecimiento de la atención a las víctimas y de los mecanismos para prevenir violaciones a los derechos fundamentales; la implementación y evaluación de políticas de prevención de los delitos desde modelos intersectoriales que contemplen y atiendan las causas estructurales detrás de los mismos; medidas específicas para sectores de la población que se encuentran en mayores condiciones de desventaja y riesgo, como es el caso de la población indígena y las mujeres; y, la puesta en marcha de mecanismos de gobernabilidad democrática, que permitan el control eficaz de la ciudadanía y los contrapesos. “2. Asegurar que la política energética no atente contra los derechos humanos, el desarrollo local comunitario y la sostenibilidad energética y ambiental. Para ello se solicita a las autoridades públicas: eliminar las figuras de acceso preferencial de las empresas petroleras al territorio establecidas en el Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, como la servidumbre legal y la ocupación o afectación superficial; así como la definición de la actividad como de orden público; garantizar que las decisiones sobre los proyectos energéticos se hagan con la participación y consulta efectivas de la población directa e indirectamente afectada por los mismos; e impedir el uso de técnicas de explotación de hidrocarburos y generación de energía eléctrica que supongan violaciones a los derechos fundamentales, la degradación ambiental y la insostenibilidad energética en el largo plazo. En este sentido, es fundamental la prohibición de la fracturación hidráulica para la explotación de hidrocarburos no convencionales. Atentamente, Sociedad civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación Red Unidos por los Derechos Humanos Bicitekas Centro de Estudios Ecuménicos Encuentro Ciudadano Lagunero Los Planes Baja California Sur Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Freshwater Action Network – México Medio Ambiente y Sociedad El Barzón Greenpeace México Alianza Mexicana contra el Fracking Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental LAVIDA Promovilidad Colectivo Utopía Puebla Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (R) Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) DECA Equipo Pueblo Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Food First Information and Action Network México – FIAN Sección México Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) Centro de Investigación y Capacitación (CEDICAR) Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Consejo Tiyat Tlali Grupo de Estudios Ambientales (GEA) Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM) Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL) Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad Amigos del Río San Rodrigo Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo Chihuahuavsfracking Iskra Casa de Cultura Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur Frente Amplio Ambientalista de Nuevo León Asamblea Social de Agua Bios Iguana Consejo Magisterial Democrático Poblano Otros Mundos Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Movimiento Mesoamericano en Contra del Modelo Extractivo Minero (M4) Mujer y Medio Ambiente. Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA) Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata Conservación Humana Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos Hijos de la Tierra
Academia Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho Programa Mesoamérica de la Universidad Iberoamericana Puebla Universidad de la Tierra en Puebla
- en C. María Guadalupe Figueroa Torres, Académica de la UAM-Xochimilco
Carlos Vargas Cabera, Codirección Académica del Centro para la Sustentabilidad, CENTLI Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos Dr. Enrique Leff Zimmerman, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, UCCS Dr. Iván Azuara Monter, Centro de Estudios sobre la Ciudad UACM, UCCS Arq. Roberto Eibenschutz, Centro de Estudios Metropolitanos UAM-X María Eugenia Suárez de Garay, profesora-investigadora del Departamento de Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara Jorge Peláez Padilla, profesor-investigador de la Academia de Derecho de la UACM y Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho Yacotzin Bravo Espinosa, Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho y Facultad de Derecho, UNAM Mylai Burgos Matamoros, profesora-investigadora de la Academia de Derecho de la UACM y Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho
