El Tribunal Latinoamericano del Agua emite veredicto y recomienda al Estado de Guatemala a detener la expansión del monocultivo, el uso de agroquímicos y las fumigaciones aéreas, así como los actos de intimidación, amenas y criminalización de la protesta social. Por Ronny Aguilar CIUDAD DE MEXICO, 8 de octubre del 2016.- El Tribunal Latinoamericano del Agua volvió a recomendar al Estado de Guatemala que establezca una moratoria general a todas las actividades relacionadas al monocultivo extensivo de palma aceitera, pidió que se detenga la expansión del cultivo, el uso de agroquímicos y las fumigaciones áreas, y responsabilizó a la nación vecina de ejercer actos de intimidación, amenazas y criminalización de la protesta social, mismos que demandó que se detengan. El Tribunal cerró el día de ayer la IX Audiencia Pública respecto a Casos sobre Controversias Hídricas en México y Guatemala, donde se plantearon y resolvieron ocho casos de relevancia para la región, uno de estos específicamente fue sobre la expansión del monocultivo de Palma Africana y su impacto en las fuentes de agua en Guatemala, caso por el cual se hicieron diversas recomendaciones y resolutivos. La demanda presentada señala que Guatemala es centro de origen de especies, por lo que la introducción de monocultivos constituye un riesgo para las especies nativas, siendo la palma africana una de los cultivos con mayor expansión en este país en los últimos años, ya que entre los años 2008 al 2014, se incrementó de 60 mil a 130 mil hectáreas. La organización no gubernamental Acción para una Vida Saludable, en representación de la Red de Comunidades Afectadas por el Cultivo de Palma Africana de Sayaxché, la Franja Trasversal Norte y la Costa Sur de Guatemala, también denunció que la palma africana se está sembrando en las cuencas y subcuencas de los ríos con mayores caudales anuales, e impactan a humedales de importancia, bosques y áreas protegidas, lo cual afecta la calidad de vida de las personas y vulnera sus derechos. La organización civil expuso que los principales problemas de agua responden al uso intensivo que hacen las empresas del líquido vital para riego de los cultivos, además de los desvíos y alteraciones de los caudales para introducirlos en los territorios de las plantaciones, originando contaminación por las descargas de los desechos en tierra y los afluentes, lo que provoca la muerte de diversas especies y la proliferación de moscas y mosquitos. Se ejemplificó con la desviación de los ríos Pacayá, Talpope, Mopa, Talticú, Limón, Jute, Chiriviscal, San Miguel Chisec y Alta Verapaz, donde según los testimonios de los habitantes, hay un cambio de coloración del ríos, además de aguas con olores pestilentes, características que lo hacen incompatible con el consumo humano. Señaló que los efectos del cultivo de palma sobre la fauna ictiológica se pueden ejemplificar con el caso del río La Pasión, en donde en el 2015, se constató una gran cantidad de peces muertos flotando en sus aguas, esto por el deslave de las lagunas de oxidación de la empresa REPSA, y la presencia del plaguicida organofosforado Malathion, lo cual ha afectado, según estudios de la Facultad de Ciencias Químicas de San Carlos de Guatemala, a 53 especies nativas de peces de la zona de endemismo Grijalva-Usumacinta. Esto de igual forma afectó a cinco mil 600 familias de 16 comunidades, que dependían del río para su consumo, además de que se calcula que el 25 por ciento de las plantaciones están dentro de algún área protegida. Por último, reveló la persistencia en la criminalización, persecución, deslegitimación, amenaza y violencia, hasta llegar al asesinato de líderes y activistas de los derechos ambientales e indígenas. De lo anterior, la empresa Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA)  informó que no podía estar presente en la audiencia, por su parte y muy lamentable es que la Procuraduría General de la Nación vecina, envió contestación de la demanda con fecha seis de octubre y en la cual señaló que lo anterior no ha sido resuelto por el sistema de justicia de Guatemala, por lo que piden que el Tribunal declare que no hay lugar para la demanda que origina el expediente. Después de una docena de considerandos, el Tribunal Latinoamericano del Agua resolvió, responsabilizar al Estado de Guatemala por actos de intimidación, amenaza y criminalización de la protesta social, así como de toda represión contra las personas líderes, defensores y defensoras de los derechos humanos, por la omisión de informar y consultar a las comunidades, por las afectaciones a las áreas protegidas y su biodiversidad, por propiciar el desplazamiento de comunidades enteras, por las afectaciones al derecho de los pueblos indígenas y la falta de debida diligencia por no aplicar los principios precaución y prevención establecidos, tanto en la normatividad local, como internacional, asimismo, por no haber investigado, señalado a los responsables y reparados los daños ocasionados en la vida de las personas afectadas y a la naturaleza, de tal manera que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. La recomendación reza: “Al Estado de Guatemala, con base en el Principio Precautorio (Principio 15 de la Declaración de Río), que establezca una moratoria general para todas las actividades relacionadas al monocultivo extensivo de palma aceitera”. “Detener la expansión del cultivo, así como del uso de agroquímicos altamente tóxicos, como el Malathion y las fumigaciones aéreas, realizar una evaluación técnica y estratégica sobre el cultivo de palma africana y sus efectos en los ecosistemas y en los derechos al agua, salud y alimentación de las comunidades”. A los funcionarios públicos, que garanticen el pleno ejercicio a la libertad de expresión, manifestación y reunión, y se abstengan de cometer e impidan toda intimidación y criminalización de la protesta social, así como toda represión en contra de personas líderes, defensores y defensoras de los derechos humanos y en particular, el derecho humano al agua por parte del Estado o de los particulares interesados. Que se garantice el pleno derecho  la información pública, al Congreso de Guatemala se le pidió que priorice la ratificación de la reforma constitucional que reconozca el derecho humano al agua, con una gestión pública, cobertura universal. Al Ministerio Público, se le indicó que profundice las investigaciones relacionadas al ecocidio ocasionado al río La Pasión, y se deduzcan las responsabilidades, así como se cumplan las medidas dictadas por el juzgado de delitos ambientales de San Benito Petén. De la misma forma, expresa la necesidad de que la Fiscalía se fortalezca en delitos contra el ambiente y se le otorguen los medios adecuados para ejercer de forma adecuada su mandato: reiterando que investigue las muertes del profesor Rigoberto Lima Choc y el abogado Pedro Rubel Toledo y Toledo, quienes fueron defensores de los derechos de los pueblos indígenas, y que sancione a los autores materiales e intelectuales de estos graves hechos.