Comunidades afectadas y organizaciones sociales señalan a compañías que afectan territorios en la región centro del país e incumplen principios rectores de Naciones Unidas, como Grupo Higa. SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, Edomex. 5 de septiembre del 2016.- El día de ayer, cuatro de septiembre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos acudió a San Francisco Xochicuautla para reunirse con más de 28 organizaciones, comunidades y movimientos procedentes del Estado de México, así como de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Chiapas, entre otros, cuyos derechos humanos han sido violados por las actividades empresariales, legales e ilegales, apoyadas por instituciones del Estado, así como para observar de primera mano las afectaciones que Grupo Higa ha realizado en esta comunidad otomí por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Esta fue la última reunión del Grupo con comunidades, movimientos y organizaciones sociales, y ahora se esperan las conclusiones preliminares de esta visita oficial el próximo siete de septiembre, luego de haberse reunido en seis ocasiones, en lugares diferentes de la República, con diversos actores sociales. “Confiamos en que el Grupo de Trabajo escuchó a las personas afectadas de manera sensible, conociendo en su camino por México la grave realidad a la que se enfrentan personas y comunidades en la conformación e implementación de la política económica del Estado mexicano”, expresaron organizaciones civiles. “Confiamos en que este contexto será valorado con seriedad y completo compromiso con los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos en instrumentos jurídicos internacionales del propio Sistema de Naciones Unidas y que el mismo Estado Mexicano ha ratificado, como en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, puntualizaron. Durante la reunión en Xochicuautla, se expresó y detalló, de voz de las comunidades afectadas, así como de diversas articulaciones de movimientos sociales y organizaciones, las formas por las que corporaciones transnacionales o nacionales afectan derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, a través de proyectos económicos, extractivos, energéticos, industriales o de infraestructura. Asimismo, se ahondó en la falta transparencia en negociaciones de Tratados Comerciales, como el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), a pesar de los riesgos que este tipo de acuerdos implican para la sociedad. A su vez, se expresó a detalle los obstáculos que las comunidades y personas violentadas en sus derechos enfrentan en los procesos de acceso a la justicia y defensa de sus derechos, durante la jornada fue evidente que existen criminalización y ataques del Estado o de terceros particulares que enfrentan comunidades y personas defensoras de sus derechos humanos, de sus territorios y bienes comunes. Las principales peticiones al Grupo de Empresas y Derechos Humanos recayeron en la necesidad de que la ONU recomiende al Estado mexicano el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos de pueblos y comunidades, tanto indígenas, como campesinas, urbanas y rurales, especialmente los pueblos originarios y barrios de grandes ciudades, como los que se ubican en la Ciudad de México, cuya identidad debe ser reconocida. Una de las empresas señaladas por las comunidades como responsable del incumplimiento de los Principios de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos fue Grupo Higa, la misma que ha estado relacionada con las afectaciones a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y vinculada con casos  de corrupción, como el de la Casa Blanca y los “Panama Papers”. A su vez, otra denuncia constante es la falta de acceso a la justicia y la impunidad, por lo que durante el diálogo con el Grupo de Trabajo, solicitamos que se recomiende al Estado Mexicano adecuar los mecanismos de acceso a la justicia para que sea posible sancionar los actos y omisiones derivados de las actividades empresariales, que vulneran derechos humanos individuales y colectivos, para combatir la impunidad y garantizar el acceso de víctimas y afectados a mecanismos de reparación integral.