Madres y padres sostienen que hay manipulación de expedientes psicológicos Lorena Castellanos Rincón, corresponsal SemMéxico MERIDA, Yuc. 25 de julio del 2016.- ¡Justicia! Es lo que gritan hombres y mujeres vestidos de color naranja fuera de Palacio de Gobierno. De nueva cuenta, madres y padres de familia que reclaman la custodia de sus hijas e hijos acusaron malas prácticas del sistema de Justicia local y denunciaron las anomalías del Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay) Dariana Quintal Narváez, representante de la agrupación Yucatán No Más Negocio con Nuestros Hijos, declaró que la mayoría de las personas que trabajan en ese Centro no son profesionistas, sino pasantes de Psicología y son quienes atienden los casos, lamentableente sus informes son los documentos en los que jueces se basan para dictaminar las sentencias. Explicó que doctores en Psicología, a petición de la organización, han valorado dichos informes “y lo que dice la naturaleza de las pruebas es contradictorio al dictamen del personal de Psicología, es decir, hay una manipulación por parte del Poder Judicial en el área de psicología”. Madres y padres afectados expusieron que además de la falta de pericia, en dicho centro, el personal es escaso frente a la demanda, como sucede cada domingo, cuando sólo cinco personas atienen a unos 150 o 200 que solicitan la intervención del Centro, además de señalar que las psicólogas manipulan las situaciones de convivencia, como es el caso de Marisa Salazar, a quien Dariana Quintal señaló de interrumpir la convivencia. Un negocio, acusan En manifestaciones anteriores, esta agrupación ha declarado que la violencia institucional que sufren miles de menores, padres y madres de familia en Yucatán, se debe a que las autoridades reciben un beneficio por estos casos. En ese sentido, Quintal Narváez explicó que si alguna de las madres o padres no se presenta a la visita, se les obliga a pagar una multa entre 800 a mil 200 pesos, de ahí que los jueces manden a más personas a la convivencia porque eso le da al gobierno más posibilidades de cobrar multas. Acusaron también que las niñas y niños han recibido presión por parte de los jueces, lo que ha orillado a que necesariamente reciban tratamiento psicológico. Cansados de esta situación, anunciaron que contemplan la posibilidad de realizar una huelga de hambre. De igual forma, han solicitado la intervención de la Defensoría Social Mexicana, organismo cuyo personal acudió hace unos 15 días a esta ciudad a fin de investigar la situación que denuncian y en caso necesario, solicitar ayuda instancias internacionales.