La organización civil pide a la Fiscalía estatal sancionar a los responsables del ataque a periodistas, que dejó un fotógrafo herido y un acompañante muerto/La Relatoría de la CIDH condena el homicidio y demanda que las autoridades federales atraigan el caso. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 21 de junio de 2016.- La organización Artículo 19 informó que un periodista fue asesinado y otro más herido durante las protestas del domingo 19 de junio en Oaxaca, por lo que exigió a la Fiscalía General que esclarezca los hechos y sancione a los responsables. La agrupación civil manifestó que Elidio Ramos Zárate, reportero del diario El Sur, un fotoperiodista –cuya identidad se reserva por seguridad–, y una persona identificada como Raúl Cano, fueron atacados con armas de fuego por sujetos desconocidos, quienes viajaban en una motocicleta, en Juchitán. Ramos Zárate y Cano fallecieron, mientras que el fotoperiodista fue herido. “Los hechos se registraron a las 16:00 horas, cuando el reportero de fuente policiaca, también conocido por sus pseudónimos “Movil Negro” y “Guillermo Parie”, después de documentar el robo de una tienda Oxxo en una ubicación conocida como el crucero de Juchitán”, expresó. “Ese día, Ramos Zárate cubrió el incendio de autobuses de la línea Sur por supuestos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)”, apuntó. José Ignacio Santiago Martínez, corresponsal de El Imparcial de Oaxaca y colega de Elidio en el diario El Sur, dijo a Artículo 19 que él trabajó en la misma zona en la que se encontraba el reportero. José Ignacio supo que después de cubrir el incidente de la tienda, Ramos Zárate se tomó una foto con los policías municipales y después se fue al crucero de la ciudad en donde trabajaba, en su tiempo libre, en un negocio de autos usados. En comunicación con Artículo 19, Luciano Pacheco, director del diario El Sur, comentó que Ramos Zárate “tenía 10 años de reportero en el periódico. Era reportero de policiaca y cuando había disturbios él era comisionado en ese tipo de coberturas. Él tenía cubriendo el conflicto magisterial desde que salió”. También agregó en la entrevista que “él no me había notificado alguna amenaza en lo personal, aunque sé que hay amenazas a compañeros de los medios”. “No responsabilizamos al magisterio, pero sí exigimos que el gobierno estatal y federal garanticen el ejercicio del periodismo. Hoy los periodistas están incluso más en riego que los soldados”, agregó Pacheco durante la entrevista. Dentro del contexto de coberturas de las movilizaciones magisteriales, Artículo 19 también documentó un hecho en el que la periodista Janet Martínez, del medio Libertad Oaxaca, entre otros periodistas de distintos medios, fueron víctimas de amenazas y robo, principalmente por parte de integrantes de la Policía Federal. La organización mencionó que  continúa documentando agresiones cometidas contra periodistas en el marco de protestas de la CNTE en Oaxaca y otros estados de la república. Artículo 19 exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que esclarezca los hechos ocurridos el 19 de domingo, en donde el periodista Elidio Ramos Zárate fue asesinado, junto con Raúl Cano, y en donde un fotógrafo resultó gravemente lesionado; además de sancionar a todos los responsables. Para ello, la Fiscalía deberá agotar de manera diligente, imparcial, objetiva y exhaustiva la línea de investigación que apunta al ejercicio periodístico como móvil del crimen. Relatoría Especial de la CIDH condena el sexto asesinato en 2016 La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista Elidio Ramos, ocurrido el 19 de junio en la localidad de Juchitán, estado de Oaxaca, México, e instó a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables. De acuerdo a la información disponible, el reportero recibió dos balazos a quemarropa en la cabeza por parte de desconocidos, mientras cubría una protesta de maestros en el sur de Oaxaca y murió en el lugar. Ese mismo fin de semana, otras seis personas más perdieron la vida sobre la carretera México-Oaxaca, a la altura de Asunción Nochixtlán, durante enfrentamientos de policías federales, estatales y municipales contra miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Ramos Zárate cubría la sección “policiaca” del periódico El Sur del Istmo y supuestamente había recibido amenazas para que no escribiera sobre actos violentos. Al momento de ser asesinado, se encontraba en la cobertura de disturbios y bloqueos que mantienen profesores de Juchitán. Este es el sexto asesinato de un periodista en México ocurrido este año: el 21 de enero fue asesinado Marcos Hernández Bautista en la localidad de San Andrés Huaxpaltepec, estado de Oaxaca; el 9 de febrero Anabel Flores Salazar fue hallada muerta en el estado de Puebla; el 20 de febrero fue encontrado sin vida el cuerpo de Moisés Dagdug Lutzow en el estado de Tabasco; el 25 de abril fue asesinado Francisco Pacheco Beltrán en Taxco, estado de Guerrero y el 14 de mayo falleció de un disparo en la cabeza el periodista Manuel Torres González en la localidad de Poza Rica, estado de Veracruz. La Relatoría manifestó especial preocupación por la reiteración de este tipo de actos violentos contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en México. En 2014, fueron ocho los comunicadores asesinados en el país, presuntamente por el ejercicio de su libertad de expresión y en 2015, se registraron seis casos. El estado de Oaxaca ha sido uno de los más violentos para los periodistas de ese país en los últimos años. El Estado mexicano informó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una investigación sobre estos hechos. El Informe sobre Manifestaciones Públicas como Ejercicio de la Libertad de Expresión y la Libertad de Reunión considera que “[e]n relación con los periodistas y camarógrafos que se encuentran realizando su labor en el marco de una manifestación pública, la Relatoría entiende que éstos no deben ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra limitación a sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Inclusive, sus herramientas de trabajo no deben ser secuestradas. Por el contrario, se debe impedir cualquier acción que intente obstruir su trabajo siempre que no se pongan en riesgo los derechos de terceros”. La Relatoría Especial consideró que en el presente caso se debe evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales. Asimismo, estimó esencial que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles de gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección. Recordó que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.