La organización civil reconoce Informe de CNDH, al ser el primero emitido por un órgano del Estado mexicano que aborda la problemática del desplazamiento forzado interno en México/En México, miles de personas se encuentran desplazadas y en total indefensión. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 18 de mayo de 2016.- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) hizo un llamado al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Gobernación y a los poderes Ejecutivos Estatales a implementar de manera inmediata las recomendaciones de la CNDH, sobre el desplazamiento interno de personas en México. La organización civil informó que el 11 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, -primero que es emitido por un órgano del Estado mexicano que aborda la problemática- el cual ofrece una aproximación hacia la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa este sector poblacional, provocada entre otras causas, por la violencia generalizada resultado de la estrategia de seguridad que vive el país desde el 2006, aunado al clima de corrupción e impunidad que deriva en múltiples violaciones a los derechos humanos. Manifestó que resulta de gran importancia que la principal institución autónoma de protección de los derechos humanos haga un llamado al Estado mexicano a reconocer oficialmente la existencia del desplazamiento forzado interno en el país y a que garantice su debida protección a las víctimas que lo padecen. La Comisión Mexicana celebró la publicación del informe de la CNDH y felicitó a su presidente por haber considerado visibilizar el fenómeno del desplazamiento forzado interno, como una muestra adicional de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país. Urgió a elaborar un diagnóstico nacional y oficial para caracterizar el desplazamiento interno en México y con ello, realizar un censo poblacional que verifique la cantidad de víctimas. Esto con la finalidad de que se adopte una política nacional y las medidas tendientes a prestar una respuesta conforme a los estándares internacionales en la materia, en particular los Principios Rectores del Desplazamiento Interno. “Diseñar una política pública que contenga un programa nacional sobre desplazamiento forzado interno; elaborar un protocolo de apoyo para el caso de las personas desplazadas, dirigido a  funcionarios que contenga los pasos para dar una adecuada atención a las víctimas, e implementar las medidas necesarias para garantizar a las víctimas del desplazamiento forzado interno el goce de los derechos que les reconoce la Ley General de Víctimas e interpretar la misma atendiendo siempre el principio pro persona”, indicó. “Proporcionar atención a las víctimas de manera prioritaria para proteger sus derechos y para generar soluciones duraderas al problema.  Incluir las medidas de asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados. Asimismo, se deben establecer las condiciones de seguridad frente a la delincuencia y a quienes violan derechos humanos, así como el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento. Las medidas implementadas deberán cubrir las tres fases del desplazamiento forzado”, agregó. “Establecer una acción conjunta entre los tres niveles de gobierno en la prevención de las causas que provocan el desplazamiento forzado interno, para efecto de evitar que se sumen más víctimas y que se atiendan a las existentes. Además, deben generarse acciones de coordinación entre las entidades de los tres niveles de gobierno, los organismos internacionales, la sociedad civil organizada y el sector privado, para atender la problemática”, abundó. “Crear una Ley General sobre el desplazamiento forzado interno que establezca el marco jurídico base para la distribución y la determinación de la concurrencia de atribuciones y obligaciones de las autoridades del Estado mexicano en la materia, con la designación de los recursos humanos y financieros necesarios para su implementación”, añadió. “Proveer medidas para aumentar la visibilización y concientización sobre de la existencia y naturaleza del desplazamiento forzado interno, y asegurar la consulta y participación de las personas desplazadas internas en todas las cuestiones que los afectan durante todas las fases del desplazamiento, y proveer suficiente información en tales cuestiones para permitirles tomar una decisión voluntaria e informada sobre su futuro”, puntualizó.