La organización México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, presenta Metrop (Métrica de transparencia en la obra pública) y señala que en México la inversión en infraestructura no está alineada a lo que requiere el país y su gente, y no se ha aplicada ni eficaz, ni eficientemente. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 4 de mayo del 2016.- La organización México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, presentó “Metrop (Métrica de transparencia de la obra pública), antídoto contra la corrupción”, en el que señala que en México, la inversión en obra pública no está alineada a lo que requiere el país y su gente, y no ha sido un “motor de desarrollo económico, ni generadora de bienestar”. “Para que ello suceda, la obra pública debe realizarse de manera eficaz y eficiente, tomando en cuenta las necesidades de un país dinámico y en crecimiento. No se trata de construir por construir, sino de construir con propósito. De poco sirve incrementar la inversión, si no está alineada a lo que requieren el país y su gente. Este ha sido, lamentablemente, el caso de México”, expresa el documento. “Los recursos públicos dirigidos a la inversión física han aumentado en términos reales desde 2009. Pero el valor de esta inversión ha decrecido consistentemente. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto en inversión física incrementó de alrededor de 658 mil 200 millones de pesos en 2009 a más de 820 mil millones de pesos en 2014”, indica. “Por el contrario, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el valor de la misma inversión pasó de aproximadamente 866 mil 300 millones de pesos a poco más de 691 mil 800 millones de pesos en el mismo periodo. Esto significa que el dinero público erogado en obra pública no se ha invertido, ni eficaz, ni eficientemente. Tenemos una inversión que, en vez de sumar, le resta al crecimiento económico del país”, puntualizó. La agrupación manifestó que en general, esto suele suceder cuando hay una contabilidad inadecuada del gasto o los proyectos impulsados resultan redundantes, malhechos o poco redituables. “Así pasa también cuando se financia obra pública innecesaria y a costos elevados, el dinero se va a proyectos de baja rentabilidad social o si la infraestructura se hace para satisfacer los intereses de grupos específicos”, expone. Manifiesta que “no es un cliché asegurar que cuando una obra pública se hace mal, sea un viaducto elevado, una línea del metro, una cancha de basquetbol en una comunidad o la remodelación de una plaza en un municipio, todo el país pierde”. “En 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se dio a la tarea de investigar la ejecución de 80 proyectos llevados a cabo entre 1999 y 2010. A partir de su análisis, la ASF encontró que todos habían tenido “ajustes sustantivos” durante su ejecución, tanto en montos de recursos, como en tiempos. En promedio, las obras aumentaron de precio en 36.3 por ciento y se tardaron 126 por ciento más de lo programado para concluirse. En particular, 67.5 por ciento del total de los 80 contratos tardó por lo menos un año más de lo debido”, agrega. “Esta situación se debe en parte a la falta de planeación estratégica. Pero el verdadero enemigo de la obra pública de calidad es la corrupción. Este problema permea todo el ciclo de vida de los proyectos, desde la planeación y la presupuestación, hasta la ejecución y operación. Cuando hay corrupción, la obra pública pierde su sentido como un instrumento al servicio del interés de la sociedad y se convierte en una fuente de problemas, frustración social y malestar ciudadano”, advierte. Menciona que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones sobre la inversión pública en infraestructura. La Constitución, en su artículo 134, establece que las contrataciones de todo el Estado Federal Mexicano deben realizarse en un marco de competencia y transparencia. “A pesar de ello, la regulación de transparencia en materia de inversión federal y contratación de obra pública presenta varias lagunas e inconsistencias. Las políticas de inversión y contratación de obra pública están fragmentadas en múltiples ordenamientos jurídicos. Los proyectos de obra pública se pueden financiar con recursos públicos federales, locales e incluso privados, lo que da origen a una multitud de formatos de inversión y contratación pública”, abunda. “Incluso, el financiamiento de obra con recursos de origen exclusivamente federal cuenta con una gran variedad de esquemas de contratación. Algunas políticas imponen más exigencia con respecto a los requisitos y criterios que deben observar el financiamiento, el desarrollo, la selección y la contratación de los proyectos. Pero otras son laxas y no establecen una estrategia que garantice que los proyectos se encuentren alineados a las prioridades nacionales o que sus procedimientos de contratación sean lo suficientemente competitivos y transparentes. Esto resulta en un régimen de inversión fragmentado que dificulta la rendición de cuentas”, asienta. Asegura que con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), aprobada en 2015, se dio un gran paso para tener una política de transparencia general y estandarizada en muchos sectores de interés público, y en los distintos órdenes de gobierno. Sin embargo, en materia de contratos públicos, la LGTAIP mantiene un enfoque selectivo, de tal modo que las obligaciones de transparencia establecidas no son uniformes para todos los tipos de inversión y contratación. “La falta de obligaciones claras de transparencia resulta en espacios de opacidad y corrupción. Por ello, es necesario poner en práctica medidas especiales de transparencia y rendición de cuentas que prevengan los riesgos intrínsecos relacionados a la realización de la obra pública”, apunta. Precisa que la transparencia contribuye a 1) Elevar el costo de cometer actos de corrupción, 2)Promover el mejor uso del dinero público y 3) Optimizar el desempeño institucional. Define que la MeTrOP es una evaluación de la transparencia proactiva o automática de los principales documentos de la política pública de inversión y de contratación en materia de obra pública a nivel federal en México, y su objetivo es analizar el compromiso del Estado Mexicano con la transparencia en esta materia, desde el marco normativo, hasta su implementación. “De esta manera, la MeTrOP está enfocada, por un lado, a analizar si los distintos ordenamientos jurídicos que regulan las políticas de transparencia establecen la obligación de publicar los documentos de obra pública. Por otro lado, la MeTrOP también revisa si en efecto los documentos fueron publicados. Ello tomando en cuenta las tres dimensiones de transparencia: disponibilidad, buenas prácticas y accesibilidad”, destaca.

Documento completo: http://mexicoevalua.org/2016/04/metrop-antidoto-vs-la-corrupcion/