Dos mujeres y hombre denunciaron al INM por violar sus derechos Por Redacción SemMéxico QUERETARO, Qro. 4 de abril del 2016.- Esta semana concluye el periodo de desahogo de pruebas sobre la constitucionalidad de revisiones migratorias en carretera, ante un juzgado en Querétaro. El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) dio a conocer a través de un comunicado de prensa, que existe la posibilidad de que una autoridad judicial en Querétaro pueda sentar un precedente al pronunciarse sobre la constitucionalidad de las revisiones migratorias en puntos móviles carreteros, por atentar contra los derechos de no discriminación y libre circulación de personas mexicanas. En un Juzgado en Querétaro, que el IMUMI no ha querido dar a conocer para interferir con el proceso, fallará esta semana sobre el caso de tres jóvenes chiapanecos, dos mujeres y un hombre, quienes salieron de su comunidad para dirigirse a trabajar como jornaleros agrícolas al estado de Sonora, el pasado 3 de septiembre. Las tres personas, quienes fueron privadas de su libertad por una semana, durante una revisión migratoria en Querétaro. Durante un operativo, autoridades les solicitaron su documentación y a pesar de que pudieron demostrar su nacionalidad mexicana, las autoridades consideraron que eran falsos. Los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) infirieron que estas personas eran de Guatemala y se pusieron en contacto con el consulado para deportarlos. El consulado emitió las tres constancias de nacionalidad, pero uno días después fueron canceladas por considerar que no había elementos suficientes para acreditar la nacionalidad guatemalteca de estas personas. El seis de septiembre de 2015, interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un amparo en un juzgado en Querétaro.  El 10 de septiembre, regresaron a su comunidad en Chiapas. Al respecto, el IMUMI señala en el comunicado de prensa que “estas detenciones son una muestra del impacto en la población mexicana de la política migratoria de contención del país, que en aras de detener el tránsito migratorio irregular viola el derecho a la libre circulación y no discriminación de sus connacionales, de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución mexicana”. El Instituto señala que a ello se suma la securitización de las fronteras y el incremento de las revisiones migratorias a lo largo y ancho del país, tras la puesta en marcha del Programa Frontera Sur en julio de 2014. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, entre 2014 y 2015, incrementaron en un 62 por ciento las detenciones de mujeres y niñas migrantes en tránsito irregular en el país, mientras que entre 2013 y 2015, éstas incrementaron un 233 por ciento. “Por ello, ante la última audiencia de desahogo de pruebas del Amparo presentado el pasado seis de septiembre ante juzgado en Querétaro, sobre la constitucionalidad de la implementación del artículo 97 de la Ley de Migración, buscamos que ninguna persona mexicana sea privada de su libertad por el actuar discriminatorio de los agentes del INM durante las revisiones migratorias en carretera, y la sanción a los agentes que incurren en actos discriminatorios contra la población mexicana y extranjera”, señala el IMUMI. Este caso se suma a los 15 que dan vida a la Recomendación 58/2015[1], emitida el pasado 13 de enero por la Comisión Nacional e los Derechos Humanos (CNDH), dirigida a 22 servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), incluido el Comisionado Ardelio Vargas Fosado. Aunque en diferente tiempo y estado ocurrieron los hechos, las circunstancias de modo y lugar fueron similares: revisiones en puntos móviles carreteros por parte de agentes del INM, resultando en la detención de personas mexicanas.