La Auditoría Superior de la Federación advierte que la operación a nivel estatal del nuevo sistema de justicia penal, a partir del 2016, “podría no ser eficaz, expedito, imparcial y transparente, en beneficio de la sociedad”. Por Daniel Sánchez CAMPECHE, Cam. 23 de febrero del 2016.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió, una vez más, que la operación a nivel estatal, a partir del 2016, del nuevo sistema de justicia penal “podría no ser eficaz, expedito, imparcial y transparente, en beneficio de la sociedad”. En opinión de la ASF, la Secretaría Ténica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) “carece de indicadores, así como de mecanismos de seguimiento y supervisión de los proyectos ejecutados por las entidades federativas, por lo cual el organismo desconoce en qué medida contribuye a la implementación del Sistema de Justicia Penal en los estados”. Con base en los resultados de una auditoría de desempeño practicada al otorgamiento de subsidios del 2014, el organismo fiscalizador consideró que “existe el riesgo de que aunque el sistema entre en operación en las entidades federativas en 2016, éste no se encuentre consolidado, lo que retrasaría la operación efectiva del sistema a nivel estatal”. Entre las consecuencias sociales detectadas, la Auditoría señaló que “en 2014, la Setec careció de indicadores, así como de mecanismos de supervisión y seguimiento de los subsidios otorgados y de la ejecución de los proyectos, con los cuales coadyuva a que las entidades federativas implementen el nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que significa un riesgo, en términos de que el sistema entrará en operación a nivel estatal en 2016, sin que se encuentre consolidado, por lo que podría no ser eficaz, expedito, imparcial y transparente, en beneficio de la sociedad”. La ASF manifestó que el objetivo de la auditoría de desempeño es “fiscalizar el otorgamiento de subsidios para contribuir a la continuidad del nuevo sistema de justicia penal”. “La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control interno; el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas; la evaluación de los procesos para la entrega de los subsidios a las entidades federativas; el cumplimiento de los objetivos de los proyectos subsidiados; la aplicación de los recursos autorizados al programa presupuestario U004, así como la rendición de cuentas”, precisó. Recordó que la Reforma al Sistema de Justicia Penal fue publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y, en las consideraciones de la iniciativa, se concluyó que el modelo de justicia penal vigente en ese año, había sido superado por la realidad, por lo cual se proponía un sistema garantista, en el que se respetaran los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último. “En el artículo segundo transitorio de la reforma Constitucional, se señaló que el Sistema de Justicia Penal entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder del plazo de ocho años”, agregó. “En el artículo octavo transitorio de la reforma, se indica que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el Órgano Legislativo del Distrito Federal deberían destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales se establecerían en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto se destinaría, entre otras cosas, a la capacitación de Agentes del Ministerio Público, Policías, Defensores, Peritos y Abogados”, abundó. “A efecto de cumplir con el mandato constitucional, se ordenó la creación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), con el objetivo de operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo de Coordinación, así como de coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y Federales en la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, cuando lo soliciten”, asentó. Mencionó que sobre los trabajos preparatorios para operar la reforma, en el PND 2013-2018 se reconoció la existencia de un rezago en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, debido a que se subordinó la asignación de recursos a otros objetivos públicos. Aunado a ello, la insuficiente armonización legislativa, la falta de capacitación entre los operadores y el funcionamiento inercial de las instituciones constituían obstáculos para la implementación del Sistema de Justicia Penal. “Para contribuir a la implementación del sistema de justicia penal en las entidades federativas, en 2012, se constituyó el Pp U004 “Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal”, mediante el cual la SETEC otorgó subsidios a las entidades federativas para que desarrollaran proyectos relacionados con la armonización legislativa, la gestión y reorganización institucional, la capacitación de los operadores, la difusión, la infraestructura, el equipamiento tecnológico, así como el seguimiento y evaluación de la implementación”, añadió. Aseguró que en 2014, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación, mediante el programa presupuestario U004, otorgó subsidios por un monto de 917 millones 929 mil pesos, que representaron el 94 por ciento del presupuesto original asignado al programa presupuestario, para la ejecución de 987 proyectos, el 90.7 por ciento de los mil 88 proyectos autorizados. “De los 987 proyectos, 747 fueron con el propósito de que las entidades federativas cuenten con el personal capacitado; 28 relacionados con la estructura orgánica, y 212 relativos a la normatividad, infraestructura y herramientas necesarias, a efecto de implementar y operar el sistema en el ámbito estatal y cumplir el mandato constitucional”, detalló. “La auditoría mostró que el programa U004 presentó un inadecuado diseño y deficiente construcción de indicadores que permitan conocer en qué medida la Setec contribuye en el avance de las entidades federativas relacionado con la implementación del Sistema de Justicia Penal”, expuso. “De los 987 proyectos ejecutados por las entidades federativas, se revisó una muestra estadística de 283 proyectos, y se obtuvo como resultado, que el 66.8 por ciento (189 proyectos) cumplió con los objetivos establecidos en los anexos técnicos y, el 33.2 por ciento (94) incumplió con dichos objetivos. Con esta información se infiere, con un 95 por ciento de confianza, que aproximadamente el 33.2 por ciento de los 987 proyectos reportados como concluidos en 2014, podrían no haber cumplido con los objetivos establecidos en los anexos técnicos”, argumentó. “Respecto del proceso de otorgamiento de subsidios, con la misma muestra de 283 proyectos, se determinó que el 100 por ciento cumplió con cada una de las etapas para el otorgamiento de subsidios establecidas en la normativa de la Setec, por lo que se infiere, con un 95 por ciento de confianza, que los 987 proyectos reportados como concluidos cumplieron con todas las etapas del proceso”, citó. “Se verificó que la Setec no acreditó disponer de mecanismos para dar seguimiento y determinar el grado de avance de las entidades federativas en la ejecución de los proyectos”, puntualizó.