Revela informe presentado por Segob ante diputados como trabas la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y la carencia de un marco legal eficiente. Por Gabriela Ramírez SemMéxico CIUDAD DE MEXICO, D.F. 17 de febrero del 2016.- El combate a los delitos de pornografía cometidos a través de medios electrónicos en contra de niñas, niños y adolescentes en México, se enfrenta a diversos obstáculos, como falta de personal, sobrecarga de trabajo y la falta de un marco legal eficiente. Desde 2012, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas que depende de la Procuraduría General de la República (PGR) ha localizado a 16 víctimas de delitos de pornografía infantil. En ese periodo, se han realizado 62 diligencias de cateos, 63 consignaciones y se han solicitado 17 órdenes de intervención de comunicaciones. Esta información consta en la contestación emitida por la Secretaría de Gobernación a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se solicitó a la PGR implementar medidas para que se redoblen los esfuerzos en la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, la generación, el acopio, el almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil. En el documento signado por Íñigo Fernández Baptista, director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República (PGR), se explica que el área encarda de investigar éstos delitos se enfrenta al proceso de aplicar técnicas científicas y analíticas a infraestructura de cómputo, para identificar, preservar, analizar y presentar evidencia de manera que sea aceptable en un procedimiento legal. “El uso de las tecnologías en la comisión del delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad y de trata de personas, ha presentado un reto para la investigación e integración de la averiguación previa, principalmente el marco jurídico, no sólo en la descripción del tipo penal, sino también, en las solicitudes de información, en la obligación de los concesionarios del servicio de internet de proporcionar la información de los usuarios de dicho servicio y de la intervención de las comunicaciones privadas, tomando en cuenta que las empresas que proveen el servicio de correo electrónico y redes sociales, son extranjeras, la asistencia jurídica internacional resulta ser muy tardada la tramitación para intervenir un cuenta de correo electrónico”, señala. Se explica en el documento que la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que es la encargada de integrar los ciberdelitos, actualmente sólo cuenta con cinco agentes del Ministerio Público de la Federación que atienden lo que ocurre en todo el país, por lo que “se considera prudente la contratación de más personal”. De igual forma, se solicita al Congreso la contratación de más personal pericial, ya que “para el análisis de las imágenes y videos, con contenido de pornografía de personas menores de edad, se ha requerido del auxilio de peritos en las materias de medicina y psicología, de los cuales en un asunto han analizado más de cincuenta mil imágenes, lo que representa un trabajo de semanas, inclusive de meses”. Se informa a las y los legisladores que otro obstáculo al que se han enfrentado las autoridades mexicanas para combatir estos delitos, es que las empresas prestadoras del servicio de Internet en su gran mayoría no cuentan con registro de los usuarios a los cuales les es asignada una dirección IP en un fecha y hora determinada; por lo que se toma necesaria una revisión profunda a la legislación en la materia, fortaleciendo la obligatoriedad de dichas empresas para resguardar la información durante el lapso establecido por la ley, y para proporcionar la misma en tiempo breve a la autoridad ministerial. Fernández Baptista señaló la importancia de capacitación constante, no sólo del personal ministerial, sino también de policía, jueces, y peritos; y la necesidad de realizar una campaña de difusión encaminada a la prevención de estos delitos.