La especialista en la actual Reforma Educativa, Deyanira Guzmán, advierte que el Estado pretende desentenderse de las escuelas públicas, con lo que dejaría sin educación a miles de niños. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 1 de febrero del 2016.- La “autonomía de gestión”, que se comprometió a implementar en el estado el ilegítimo y espurio Alejandro Moreno Cárdenas, se encamina a desaparecer la gratuidad de la escuela pública, plasmada en el artículo tercero constitucional, y a dejar sin educación a miles de niños. El pasado cinco de enero, Paginabierta.mx reveló que “Alito” firmó un convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que promete a hacer énfasis en la “autonomía de gestión” y la formación de los “Consejos de Participación Social” en las escuelas del estado, lo que los maestros ya habían anunciado cuando se aprobó la Reforma Educativa, impuesta por Enrique Peña Nieto. Este modelo educativo, que pretende implementar Moreno Cárdenas, es parte complementaria del sistema educativo fallido existente, que lleva  a las generaciones salientes a convertire en mano de obra barata para las empresas. Deyanira Guzmán Cano, especialista en la actual Reforma Educativa e integrante de la Comisión Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, habla con este diario electrónico del tema y explica más a profundidad la “autonomía de gestión”. La representante magisterial explica que la autonomía de gestión tiene su origen en el acuerdo 716 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 17 de marzo de 2014, en el que se establece la organización, la creación y el funcionamiento de los Consejos de Participación Social que se van a crear a nivel nacional, a nivel estatal, municipal y por escuela. El mismo acuerdo establece que son facultades enunciativas no limitativas, en la fracción sexta del artículo séptimo del acuerdo 716, y propician la participación obligada de los padres de familia en las escuelas. “No es que se restrinja de parte de los docentes la participación de los padres de familia en las escuelas, pero de qué manera lo van a hacer, se plantea que se crearán proyectos al inicio de ciclo escolar, en los que van a definir la gestión y el liderazgo de los padres de familia, para buscar los recursos ante el gobierno municipal o la iniciativa privada”, indica. Es decir, agrega, que si la escuela tiene una fractura en la pared, le falta el agua, le falta limpieza o pintura, a los que les corresponde ahora cubrir la buena infraestructura de esa escuela ya no es al Estado, ahora pasa a ser parte de la responsabilidad de los padres de familia, por eso la creación de los Consejos de Participación Social. “Lo anterior se enumera en la fracción quinta, sexta y séptima del acuerdo señalado, pero también indica que pudiera ser más amplio de lo ya señalado, aunque no precisa qué tanto. Es necesario acotar que la iniciativa ya está en marcha en estados, como la Ciudad de México y el Estado de México, donde los padres de familia ya están teniendo que sostener la educación pública”, menciona. “Estamos conscientes de la necesidad de que los padres intervengan en las escuelas, pero no en los términos que maneja el acuerdo 716, pues sólo se denota el abandono del Estado y la carga responsiva a los padres de familia”, añade. “Además, está bajo los términos de la participación social, se convierte en obligatoria, es responsabilidad de los padres de familia, es más, ellos deben checar la “normalidad mínima” ¿Qué es la “normalidad mínima”? Ahora los padres checarán la hora de entrada de los maestros, que presenten examen, se les da facultad para el “reconocimiento social” del maestro, que es la discriminación a los maestros, los tratan como seres desechables, saliste mal en un examen, aunque el examen estuvo mal aplicado, no sirves, es clasificar y desechar, o sea, traslada el Estado la responsabilidad a los padres de familia”, puntualiza. Pérdida de la gratuidad “En un inicio, será el mantenimiento de la infraestructura escolar, la limpieza y el pago de los servicios suministrados a la institución,  trasladándose a los padres de familia. ¿Qué viene después? Cuando falle un maestro en la evaluación punitiva que están haciendo, van a dejar que los padres digan: este no me sirve  y este sí, seleccionan y van a empezar a correr a los maestros, la presión dejaría de venir de parte del Estado y ahora vendría de la sociedad”, asevera. “Esto deriva también en que pues ellos estarán pagado la educación de sus hijos, solamente los padres de familia que puedan para una educación, son los que podrán tener sus hijos acceso a la educación, el resto… hay padres de familia que no ganan el salario mínimo al día, qué va a pasar con sus hijos”, cuestiona. Es necesario hacer un pequeño paréntesis para señalar que básicamente la educación deja de ser como se pregona en el tercero constitucional, que señala; “TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A RECIBIR EDUCACIÓN. EL ESTADO- FEDERACIÓN, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS- IMPARTIRÁ EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR. LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CONFORMAN LA EDUCACIÓN BÁSICA; ESTA Y LA MEDIA SUPERIOR SERÁN OBLIGATORIAS”. (Diario Oficial de la Federación, 9 de febrero de 2012). “Estamos dejando de tener una educación democrática, como a la que se llamaba en la Constitución del 17, estamos perdiendo el progreso científico para la población, ahorita la educación está respondiendo a otro tipo de intereses, intereses que responden a mantener vivo un sistema que no funciona, que no nos ve como seres humanos, sino como cosas”, expone. Señala que como CEND tienen modelos de educación popular, planteando la educación desde un punto de visto social y con buenos resultados, educación que no está diseñada para el servicio de los intereses particulares, sino como método de enseñanza científica y cultural, basado en el tesoro constitucional original. “No se está buscando la calidad en la educación, ni siquiera los ministros de la Corte han podido definir que es la calidad en la educación, por eso en el proyecto alternativo de educación, no nos oponemos a lo planteado, es justamente eso, solo otra alternativa”, establece. Según la abogada Guzmán Cano, la escuela pública, con la “autonomía de gestión”, pasaría a ser similar a una escuela particular, pues el pago asemejaría a una, “la escuela privada nos cobra por un servicio, y a eso se llevará a la escuela pública y es como cualquier otro servicio, como la luz, como el agua, telefonía, pagaría en la escuela los servicios, el mantenimiento, más los sueldos de los maestros, que brindan los servicios educativos y tienen que cubrirse”. “Qué pasara con escuelas rurales, los jornaleros y los campesinos no ganan un salario mínimo por día, los mismos muchachitos de secundaria tienen que trabajar desde la madrugada hasta después del mediodía para ganar 100 pesos y ese dinero no es para ellos, es para su familia y sus gastos, que generalmente son gastos básicos para comer, a los maestros nos dicen: deme permiso para no venir, para ir a trabajar, pero uno cuestiona la educación y ellos que si no, no come su familia”, significa. Manifiesta que el derecho a la educación judicialmente existe, está en el tercero constitucional, permanece, pero ahora hay que exigir que se haga válido ese derecho. “Es necesario que los padres de familia entiendan que la Reforma Educativa no sólo tiene que ver con los maestros, sino que afecta la educación general, afecta a los hijos, a los que están estudiando, a los padres de familia, no es una afectación inmediata a largo plazo, qué educación vamos a exigir, no la educación que me enseñe a someterme, que permita condiciones precarias, como la tienen diseñada ahorita”, argumenta. “Actualmente, ni siquiera tienen definida lo que es la calidad en la educación, pero si nos repiten todos los días, “por la calidad de la educación de los niños”, pero no nos explican para qué es esto, el conocimiento es más que gramática, es nuestra historia, nuestra identidad, no somos simple números”, comenta. Asegura, finalmente, que actualmente la educación en el país, desde la básica, pero más aún en la media superior y superior, está encaminada a generar mano de obra barata para los grandes consorcios trasnacionales y no al desarrollo integral del individuo.