Ponencia presentada en el evento alterno “Mujeres Sin Maquillaje”. Por Adelaida Salas Salazar* Iniciamos un 2016, con un Yucatán que se dice  va “a la vanguardia” y en donde  quienes gobiernan lo nombran como un Estado de leyes, uno de los Estados más seguros, un Estado donde las autoridades pretenden no ver que  la brecha entre la protección que estipulan las leyes, los servicios que brindan las instituciones del Estado y la realidad que viven las mujeres es abismal. Suponen que un marco jurídico avanzado basta para derribar los obstáculos que encuentra una mujer en su acceso a una vida libre de violencia, o que los enormes espacios, recién construidos, son suficientes para la impartición de la justicia, la salud, la educación, el empleo y los derechos humanos. A 100 años del Congreso feminista, aún prevalece la falta de respuesta y sensibilización adecuada por parte de las Instituciones encargadas de proporcionar prevención, atención y sanción en estos temas, tanto en Yucatán, como en casi todo el país. Una mirada a los  presupuestos escandalosamente millonarios, nos muestra un Poder Ejecutivo que ejerció en el  pasado 2015 un  presupuesto de 21 mil 378 millones 282 mil 223 pesos; un Poder Legislativo que manejó 183 millones 59 mil 740 pesos, y un Poder Judicial que se gastó en su totalidad 460 millones y no se logra percibir avances en la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, ni una mejor atención en los rubros de salud, educación, empleo, justicia y los derechos humanos, que por cierto, la Comisión de Derechos humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) recibió  31millones 500 mil pesos, pero sus recomendaciones fueron muy escasas y poco justas. Estos recursos, no  se reflejan en mejores hospitales, más jueces y juezas, ministerios públicos y demás, tampoco se reflejan en una mejor calidad de vida en la población, principalmente en el tema de las  mujeres. No contamos con estadísticas acerca de la violencia de esta grave problemática a 8 años de aprobada  la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde su promulgación en el 2008, y aún sin reglamento, no existe un Observatorio Social de la Violencia de Género, ni una base de datos , aunque un dato significativo nos los da la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las Relaciones en el Hogar del 2006, la ENDIREH, que ubica a Yucatán entre 32 estados, ocupaba el quinto lugar en violencia contra la mujer, incluyendo violaciones a niñas de 0 a 14 años. Entre los avances y retrocesos que se han dado en nuestro estado, se cuenta el nuevo recinto legislativo, lugar donde se aprueban las leyes que rigen nuestro estado y se adoptan las leyes federales: se aprueban o desaprueban iniciativas del gobernante en turno y se decide si se da trámite a las propuestas o iniciativas ciudadanas de la sociedad civil. En Yucatán, podríamos hablar de pocos avances y graves retrocesos; ejemplos? ; Después de muchos años de insistencia a mediados de los 90 por parte de grupos organizados de la sociedad civil, el  Congreso del Estado aprobó la formación de una Comisión de Equidad y Género en abril del 2002, pero de la misma manera, la Legislatura 2006-2009 la eliminó para crear una gran Comisión llamada “Grupos Vulnerables”, donde quedaron incluidas mujeres, niños y niñas, al igual que personas de la tercera edad, grave retroceso sin ninguna duda. Asimismo, se avanzó quitando del Código Penal del Estado el asesinato de mujeres a manos de sus parejas por “honor”, pero en la del 2009-2012 se legisló sobre su  cuerpo y su derecho a decidir se volvió delito y mujeres de Yucatán que ejercieron ese derecho, fueron a dar a la cárcel. En efecto, nuestro Congreso penaliza la interrupción del embarazo, y es una mujer quien lo promulga, cuando ocupaba la gubernatura del Estado, Ivonne Ortega Pacheco, siendo Yucatán el Estado de avanzada donde se había celebrado el Primer Congreso Feminista del país y donde legalmente se podía interrumpir el embarazo por cuatro causales, sin pensar que estas reformas  afectarían los derechos de tantas mujeres y niñas,  y a pesar de las protestas de la sociedad civil se dio este grave retroceso. Se le olvidó a las legisladoras y legisladores que diputadas y diputados, que legislaron sobre el cuerpo  de la mujer, pero no del hombre; que el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva, y olvidaron también que el derecho a la autonomía reproductiva está reconocido también en el artículo 16 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, según el cual, las mujeres gozan del derecho “a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”. Así, la protección a la vida privada incluye el respeto de las decisiones tanto de convertirse en padre o madre, incluyendo la decisión de las mujeres solteras  de convertirse en madres, al no poder adoptar si no están legalmente casadas otro cambio constitucional en ese mismo periodo. En el 2008, se da un avance significativo: la Legislatura LVIII  del Congreso del Estado, Nuevamente,  ante la insistencia de grupos organizados de la sociedad civil, aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como también su reglamento, a fin de que pudiera implementarse. Sin embargo, nunca se homologaron las leyes y códigos penales para castigar estos nuevos tipos de violencia. Dos años después y siempre durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, con presiones, comenzó a implementarse la Ley de Acceso y transcurridos siete años, se consiguió tipificar el delito de feminicidio, pero no como delito grave. La LIX legislatura que lo aprobó, omitió hacerlo y les tomó tres años más a las diputadas y diputados reparar esa grave omisión. Ahora ya está tipificado como delito grave, pero sigue siendo imposible se castigue el asesinato de las mujeres como feminicidio y se impongan los 50 años de castigo especificado en los códigos, y aun hoy, que se anuncia  que en el estado de Yucatán, por fin se  tendrá  un protocolo de investigación de tipo penal para estos crímenes de odio y aun falta que se haga realidad, algo que debió haberse hecho desde tiempo atrás por el Ejecutivo del estado, por medio de la Fiscalía General, de la mano con la sociedad civil, el trabajo está avanzado: desde la administración del gobierno de la señora Ivonne ortega Pacheco, en 2012, se entregó una propuesta de Protocolo de Tipo Penal para la Investigación del Tipo Penal de feminicidio a su fiscal  y lo mismo se hizo al inicio de la siguiente administración, ahora del gobernador Rolando Zapata Bello, en el 2013, a la entonces fiscal, Celia Rivas, quien nunca le dio prioridad y en tres años al frente  de la fiscalía del Estado, nunca intentó mostrar interés alguno por esta propuesta de protocolo, a fin de que los asesinatos de mujeres en el Estado pudiesen ser investigados como feminicidio y no como crímenes pasionales. Llevamos 78 Feminicidios en este estado, uno de los más seguros del país. Otro grave retroceso se dio el 8 de marzo del 2014, cuando el gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello, derogó La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en el 2008, que comenzaba a caminar. Presentó un paquete de iniciativas “a favor de las mujeres” al Poder Legislativo, entre ellas Una Nueva ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nunca por cierto  se consultó a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con las mujeres víctimas de violencia y al promulgarse la nueva ley, la del 2008 se derogó. Sin embargo, a casi dos  años de haber sido  aprobada por diputadas y diputados, esta nueva Ley, hasta la fecha, no cuenta con un reglamento, el Sistema no funciona. El Poder Ejecutivo no se ha preocupado por elaborarlo, grave retroceso, porque además dicha Ley cambió el sentido de ésta, quitando atribuciones al Congreso y a la sociedad civil para otorgarlas al Instituto de Equidad de Género, que ha sido inoperante durante los tres primeros años  del gobernador Rolando Zapata y no existe un mínimo porcentaje aplicado del contenido de dicha ley. Hoy, nos anuncian que cambia de nombre el Instituto de Equidad de Género, ojalá cambiaran también a su titular y pusieran al frente a una persona con capacidad y experiencia, de las cuales existen muchas en Yucatán. Las mujeres siguen denunciando en este estado que el feminicidio aún no se tipifica como delito grave. Otra Ley olvidada, la  Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres desde el 2012. Avances y retrocesos, pero más de los últimos, sin duda, porque  la mayoría de las leyes aprobadas sólo han servido para simular un clima de equidad y trabajo a favor de las mujeres, para aparentar que nuestro estado está a la vanguardia del cumplimiento y aprobación de leyes. Estas deficiencias se traducen en un número ínfimo de juicios y sentencias condenatorias que de ninguna manera corresponde al elevado número de denuncias en  la Fiscalía o el Centro de Justicia para las mujeres, con funcionarios y funcionarias que desconocen que las mujeres cuando son víctimas de violencia, experimentan necesidades especiales para acceder a instancias judiciales de protección. No se percatan que la violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a la justicia, afectan en forma diferenciada a las mujeres y de que si son  indígenas y de escasos recursos, es más, aún más difícil, el acceso a la justicia, y que estos no son muy accesibles y mucho menos idóneos y efectivos. Predomina aún la influencia de patrones socioculturales discriminatorios que dan como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal., ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual no son garantizados por los centros existentes, como el Hospital O´Horan, que no cumple con la Norma 046 de salud en casos de violaciones, o el Centro de Justicia para las mujeres, que no dispone de la pastilla de emergencia en casos de violación a niñas y mujeres. Traductores del idioma maya: Ni pensarlo, protocolos de atención que no se siguen, Un  Centro Materno Infantil, con un servicio  saturado y atendido por personal ineficaz e insensible que trata con lenguaje vulgar y soez a jovencitas que están próximas a ser madres, existe una grave ausencia  de campañas reales y agresivas para disminuir la incidencia de muertes de mujeres por cáncer de seno o cérvico-uterino, falta de centros de atención a mujeres embarazadas en sus comunidades, así como dar atención como marca la Norma 046 de salud, en casos de agresiones sexuales a niñas y mujeres, que por cierto predominan en el Estado, ante la ausencia de atención oportuna ante la  violencia física, psicológica, o institucional. ¿Cuándo tendrán la sensibilización las y los funcionarios estatales, particularmente a integrantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía, así como a personal del sector salud, con competencia en este tipo de casos, y que por motivo de sus funciones constituyan la línea de atención primaria a mujeres víctimas de violencia? En el mismo sentido: Sin embargo, siempre se argumenta la falta de la provisión de los recursos materiales y personales, por lo que estas  actividades no pueden ser  fortalecidas y menos implementar las acciones de capacitación y sensibilización que estos ministerios necesitan. Para terminar, debemos visibilizar  el  actuar del Poder Judicial en nuestro Estado, es complejo. El actuar de jueces, juezas, magistrados, magistradas, juzgados civiles, tribunales, defensoría legal, y el nuevo sistema de justicia penal de oralidad, nos enfrenta a situaciones descritas con anterioridad en relación con los otros dos Poderes: más crudeza y desesperanza. Tiempos de cambios de un Sistema penal, ¿No se reflejan en las Instituciones de imparticiones de justicia, y en quienes conforman todo este Poder, comenzando por el  Tribunal Superior de Justicia. Es preocupante que tanto en el TSJ, como en Juzgados familiares, no se vean puestas en acción medidas integrales para cumplir con la debida diligencia, con un  marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo. Los casos que se ventilen en esa instancia judicial, muchas veces, las  mujeres y sus hijas e hijos, su proceso será demasiado lento: desgastante, el tiempo que transcurre para que un magistrado, una magistrada o un juez/jueza den una sentencia y se resuelva un juicio: y cuando este se resuelve a su favor y no quieren devolver a sus hijas e hijos, aún con el actuario en puerta y se otorga la fuerza pública: el siguiente calvario es conseguir la firma del señor Gobernador…. Donde pueden pasar otros meses. En este actuar de la justicia , las mujeres pasan meses de angustia y desesperación, vueltas, erogaciones en actas de nacimiento, CURP y demás documentos en el tiempo de espera y ya ni hablar de la defensoría legal, trato déspota, personal inexperto, insensible, y si hablamos del nuevo sistema de Justicia de Oralidad, la desesperanza es mayor, aun estando prohibido conciliar cuando existe violencia, obligan a la mujer golpeada, humillada, a quien le han robado a los hijos o hijas a “MEDIAR“, así se llama ahora,  ante un analfabetismo jurídico y desconocimiento de sus derechos. Cuando se les cita a una audiencia donde se litiga guardia y custodia y su estado emocional y anímico, es de angustia total, antes de  comenzar su audiencia, casi como en los tiempos de la colonia. Tenemos en el Estado sonados casos de injusticia, y por mencionar algunos de ellos, presentamos  el de una joven sobreviviente de feminicidio Gretel Rodríguez Almeida, quien estuvo a punto de perder la vida en  manos de su novio.  Junio del 2011, caso  que llegó hasta   la Suprema Corte de Justicia y el cual fue declarado inconstitucional, dictaminándose reponer el proceso desde el inicio y pedir disculpas a la agredida. Aun así, lo peor fue que al reponerse en el Estado de Yucatán todo el proceso, se deja libre nuevamente al agresor, se reclasifica el delito de intento de homicidio, aunque le haya cortado la yugular y se deja en “lesiones: sin que esta joven que estuvo a punto de morir degollada, haya recibido justicia y su agresor, castigo alguno hasta la fecha, porque no ha dejado de luchar un solo día en contra de magistrados y magistradas del Tribunal superior de Justicia del Estado. Otro caso de injusticia que tuvo alcance a nivel nacional y que fue tratado por  este mismo Tribunal, juzgados familiares, federales, fiscalía, PRODEMEFA y demás Instituciones del Estado, fue el caso de la señora Emma Gabriela Molina Canto, ya conocido por todos y todas. El caso de Vicky, corriendo detrás del gobernador, el de Dariana, Lupita, Karina, Alma, que son incontables. Cientos de expedientes se acumulan al paso de los meses, se abren más juzgados, se inauguran edificios y aún no saben o no quieren darse cuenta qué es mejor para un niño o una niña, para determinar si se queda con el padre o la madre, queda a criterio, formación, estereotipos y prejuicios, la vida y salud emocional de las pequeñas y pequeños, sin estándares de calidad o pena punitiva, si hacen mal el trabajo, por el cual, por cierto, hay que recalcar, reciben salarios elevados y prestaciones más que decorosas: casi dioses y diosas que deciden a criterio personal, el caso en sí,…….. lo que no se mira, lo que pasa desapercibido es el sufrimiento de cientos de  mujeres humildes que viven separadas de sus hijos e hijas, que les violan sus derechos por la mismas instituciones encargadas de procurar la  justicia., que tienen que pasar dos o tres meses para cobrar una raquítica e indecorosa pensión alimenticia para sus hijas e hijos, y la pregunta es….¿Quién juzga el trabajo de jueces y juezas?  ¿Quién, el de las magistradas y magistrados, tal dioses en su Olimpo llamado Tribunal Superior de Justicia? En este contexto, se reitera la ineficacia del Poder Judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres, además de que propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje, según el cual, la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada.

*Representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio