“La represión de Cantemó, fue un hecho desmedido y, sobre todo, que pudo haberse evitado, si las autoridades hubieran cumplido con sus funciones, si el gobierno encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas hubiera privilegiado el diálogo, como lo haría cualquier sistema democrático, en vez de la violencia, que caracteriza a los estados autoritarios y dictatoriales. La comunidad había recurrido a la instancia correspondiente, la Secretaría de Educación, para interponer su queja por el despido del maestro José Francisco Ortega García. Además, conocían de los problemas que se habían presentado con el director de la primaria y los profesores con malas prácticas, que habían sido solapados por la supervisión. Pero la respuesta fue la misma que con todas las quejas anteriores: ignorar a la comunidad y actuar bajo su libre arbitrio, abusando de su posición como autoridades. La reacción de los pobladores fue acudir nuevamente al único medio con el que lograron que la Secretaría los escuchara, el bloqueo de la carretera, que además anunciaron ante funcionarios y los medios de comunicación.

A CONTINUACIÓN, LA REDACCIÓN COMPLETA ELABORADA POR EL EQUIPO” DE PROGRESIVOS ACTIVOS: LA REPRESIÓN DE CANTEMÓ. LA CRÓNICA El 11 de enero de 2016, los pobladores del ejido “Profesor Graciano Sánchez”, mejor conocido como Cantemó, perteneciente al municipio de Champotón, en el estado de Campeche, fueron reprimidos con exceso de violencia por elementos de la Policía Federal, la Ministerial, Estatal Preventiva y agentes de las Direcciones de Seguridad Pública de Champotón y Escárcega, durante una manifestación pacífica en la que bloquearon la carretera Escárcega-Champotón a la altura de poblado, como medida de protesta por la falta de atención a sus demandas por parte de la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de Campeche. Este hecho ya ha sido narrado en diferentes magnitudes y versiones, desde diferentes medios de comunicación, pero a continuación narraremos y pondremos en contexto la versión de las víctimas, de los habitantes de Cantemó, un pueblo que se suma a la inmensa lista de ciudadanos que han sufrido la violencia del Estado Mexicano. Para ello, una comisión del Colectivo “Progresivos Activos” se trasladó a la comunidad a entrevistar a los pobladores y conocer de ellos mismos su versión de los hechos. Es destacable que las entrevistas realizadas servirán como argumento para emitir una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que será promovida por el Colectivo Pro Derechos Humanos “El Caracol”, A.C., en contra de las autoridades que resulten responsables. EL ORIGEN DEL CONFLICTO: UN PROBLEMA PERSONAL, LA NEGLIGENCIA Y EL ABUSO DE AUTORIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. El profesor José Francisco Ortega, oriundo de la comunidad, fue promovido hace algunos meses para trabajar en su propio pueblo, luego de años de ofrecer su servicio docente en el municipio de Candelaria. Desde su retorno al ejido, tuvo conflictos personales con otro profesor de la escuela primaria “Benito Juárez”, lo que derivó en un problema con el supervisor de la zona, David Herrera, hasta llegar al subdirector de Educación Primaria de la Secretaría de Educación del gobierno del Estado, Septimio Jiménez Montero. El conflicto se agravó, cuando el pasado mes de diciembre, se citó al profesor Ortega a la ciudad de Campeche, para tratar “asuntos laborales”. El profesor narra que luego de recibirlo en su oficina, sin aclararle el motivo de su citatorio, el profesor Septimio se ausentó por un largo lapso, dejándolo encerrado, lo cual corroboró al querer salir del inmueble. Esta situación, de antemano violatoria de sus garantías individuales, provocó la molestia y desesperación del profesor, quien sin embargo, decidió esperar a que reapareciera su interlocutor. Cuando el profesor Septimio Jiménez regresó, acompañado presuntamente de la abogada del Jurídico de la Secretaría, con quien comenzó a acusar al profesor Ortega de agredir a estudiantes, sin permitirle dar una versión o pedir explicación por las acusaciones, que fueron promovidas por cuatro madres de familia. Sin ahondar en investigaciones, como corresponde a la Secretaría, el profesor fue hostigado y presionado para firmar su renuncia a la labor docente. Ante esta situación, el profesor Ortega regresó a su comunidad e informó a los padres de familia de su situación, quienes decidieron apoyar al maestro con una movilización el día 7 de enero, en la carretera federal, para que las autoridades lo atendieran de mejor manera y escucharan al resto de los padres de familia, quienes no fueron tomados en cuenta para asumir una decisión que los afectó, dejando en evidencia que la Secretaría no está haciendo su trabajo de debida investigación antes de realizar un despido o cese. UN CONFLICTO DESATENDIDO: LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD ANTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. Los pobladores de Cantemó narraron que desde años anteriores, durante la gestión del gobernador Fernando Ortega Bernés, habían solicitado la intervención de la Secretaría de Educación para resolver la conducta de diversos maestros, que llegaban a la comunidad a trabajar y que utilizaban las instalaciones de la escuela primaria “Benito Juárez” para ingerir bebidas alcohólicas o sostener relaciones con mujeres de la comunidad, que además de generar un conflicto dentro del esquema social, contribuía en la mala calidad de la educación que estaban recibiendo sus hijos, quienes habían perdido el respeto y figura de autoridad de los maestros. Esta situación fue solapada por el supervisor, profesor David Herrera, quien evitó dar una solución al conflicto, y argumentaba que los maestros podían hacer lo que prefirieran al término de sus horas de trabajo, sin tomar en cuenta que el lugar donde viven, es un recinto público. Cuando el profesor Francisco Ortega llegó a la comunidad, les comunicó a los padres de familia que haría algunos cambios en la disciplina de sus alumnos, quienes mostraban una conducta agresiva y grosera, entre ellos y con los docentes, además de un grave rezago en el avance de sus conocimientos. Los padres testifican que los cambios fueron notorios entre sus hijos, pero la misma situación incomodó a algunas madres de familia, que tenían por costumbre acudir a la escuela en horas de clase para platicar con los docentes, mientras desatendían a sus grupos. Estas mismas personas son las que acusan al profesor de ser violento con los estudiantes y quienes integraron un acta de denuncia, firmada por la madre que encabeza el Comité Escolar de Padres y el director, sin el respaldo de las firmas del resto de los padres, quienes nunca fueron convocados a una asamblea para avalar o cuestionar la decisión. LAS PROTESTAS: PRODUCTO DE LA NEGLIGENCIA. El día 7 de enero de 2016, el profesor Ortega convocó a reunión y le explicó a los padres su situación, las vejaciones de las que fue objeto y finalmente, su despido. En su apoyo, la mayoría de la comunidad, en asamblea, decidió realizar el mismo día un bloqueo en la carretera Escárcega-Champotón, a las orillas del pueblo, para presionar a que el subdirector de Educación Básica, Septimio Jiménez, acuda a darle solución al conflicto del docente y atienda las demandas de malas prácticas y servicios educativos, aplazadas por años en gestiones pasadas. Ya entrada la noche, se presentó el profesor Septimio, quien quería establecer un diálogo desde la carretera, pero los padres lo presionaron a entrar a la comunidad y atenderlos. Ahí, no teniendo remedio más que escuchar la versión del maestro afectado y de los pobladores, se comprometió a resolver todos los conflictos, si acudían a una cita al día siguiente en la Secretaría de Educación. Antes de retirarse, se llevó un acta con acuerdos que él mismo firmó, como se notificó en varias notas de la prensa, y se formó una comisión representativa de padres que acompañarían al profesor Ortega. Al día siguiente, ya en su oficina, el profesor Septimio tomó otra actitud con los presentes, sintiéndose respaldado por personal de la Secretaría y volvieron a acusar al profesor Ortega. Los padres pidieron que se retomaran los puntos de la minuta firmada, de la cual negó su validez el funcionario de Seduc, exigiéndoles que se limitaran a denunciar problemas del año 2016. Los padres alegaron, pero no obtuvieron consenso, ni diálogo con los funcionarios, quienes humillaron al docente afectado, al mencionar incluso que se había puesto a llorar cuando lo encerraron en las oficinas, el día que fue cesado. Ante esta negligencia, los padres advirtieron que tomarían la carretera, ante la negativa de reconocer la minuta del día anterior y la manera en que fueron tratados el profesor y ellos por funcionarios públicos de la Secretaría. Así, llegó el día 12 de enero, cuando a las 5 y media de la mañana, tomaron nuevamente la carretera federal alrededor de 150 pobladores, sobre todo mujeres y niños, ya que la mayoría de los hombres había acudido a sus trabajos. LA REPRESIÓN A las 2 de la tarde del día 12 de enero, elementos de la Policía Federal, Ministerial, Estatal Preventiva y de los municipios de Escárcega y Champotón, acudieron al bloqueo y llegaron ante los manifestantes, en una acción coordinada por el alto mando en el estado de la Policía Federal y el director de la Estatal Preventiva, Samuel Salgado. Ante los manifestantes que exigían la presencia de las autoridades educativas para entablar el diálogo, que les fue negado días antes, las autoridades policiacas contaron tres advertencias para desalojar la carretera, en menos de veinte segundos, como se puede apreciar en videos que circulan en redes sociales y aseguran los propios manifestantes. Al tercer conteo, los elementos policiacos uniformados y armados con su equipamiento antimotines, arremetieron contra los pobladores de Cantemó, golpeando con violencia a hombres, mujeres, ancianos y niños por igual y disparándoles proyectiles de gas lacrimógeno. En el acto, detuvieron a dos pobladores, Felipe Ehuan Poot y Gonzalo Ortega García, de quienes desconocemos su situación jurídica, al momento de narrar esta historia. El saldo de las agresiones, según testimonio de las víctimas, afectó a cerca de 70 pobladores, que resultaron heridos. Los medios leales al gobierno resaltan el hecho de que algunos los pobladores (que iban desarmados a una protesta pacífica) volvieron agresiva la manifestación al intentar replegar los ataques de los policías antimotines, cuando es un evidente acto de defensa y para nada es proporcional al uso excesivo de la fuerza ejercido por las autoridades. Testimonios de los habitantes de Cantemó resaltan que además de la violencia física indiscriminada durante el desalojo del bloqueo, los elementos policiacos utilizaron un lenguaje agresivo, hicieron señas sexuales hacia las mujeres e incluso, se robaron utensilios de cocina y una mesa en los que tenían alimentos para los asistentes a la manifestación. Hemos recogido algunos testimonios de los afectados, para integrar la denuncia que interpondrá el Colectivo de Derechos Humanos “El Caracol”, y que compartiremos en otro momento. LA CONCLUSIÓN La represión de Cantemó fue un hecho desmedido y, sobre todo, que pudo haberse evitado, si las autoridades hubieran cumplido con sus funciones, si el gobierno encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas hubiera privilegiado el diálogo, como lo haría cualquier sistema democrático, en vez de la violencia, que caracteriza a los estados autoritarios y dictatoriales. La comunidad había recurrido a la instancia correspondiente, la Secretaría de Educación, para interponer su queja por el despido del maestro Ortega. Además, conocían de los problemas que se habían presentado con el director de la primaria y los profesores con malas prácticas, que habían sido solapados por la supervisión. Pero la respuesta fue la misma que con todas las quejas anteriores: ignorar a la comunidad y actuar bajo su libre arbitrio, abusando de su posición como autoridades. La reacción de los pobladores fue acudir nuevamente al único medio con el que lograron que la Secretaría los escuchara, el bloqueo de la carretera, que además anunciaron ante funcionarios y los medios de comunicación. Entonces, queda la duda de por qué el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, o el propio gobernador del Estado, Alejandro Moreno, no hicieron algo por darle solución pacífica al conflicto, presionando a los responsables para encabezar un diálogo, o asumiéndolo ellos mismos. Pareciera que el mensaje que envían a los ciudadanos, es que si no es en las condiciones que ellos decidan, no habrá diálogo, y si la solución no satisface a los afectados, deberán aguantarse; pues de lo contrario, si deciden manifestarse fuera de los estándares “aceptables” de manifestación (es decir, de una forma en la que puedan dar largas y no afecte la imagen de las autoridades), si deciden ejercer una acción contundente que sí los afecte, entonces la respuesta será la represión y la violación a sus garantías constitucionales. Es por ello, que responsabilizamos a Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del estado; Ricardo Medina Farfán, secretario de Educación; Septimio Jiménez Montero, subdirector de Educación Primaria de la Seduc; al alto mando en el estado de la Policía Federal; a Samuel Salgado, director de la Policía Estatal Preventiva y a quienes más resulten responsables, por este acto represivo, violatorio de los derechos humanos, de las garantías constitucionales y exigimos que se restituyan los daños a los afectados y se castigue debidamente a todos los que intervinieron en esta acción violenta. COLECTIVO PROGRESIVOS ACTIVOS