Foto: Frida Hartz Palabra de Antígona/Foto: Frida Hartz Por Sara Lovera SemMéxico Todos los indicadores de la desigualdad entre hombres y mujeres en México son preocupantes. A tres años de gobierno, con una decisión de empujar las políticas de género, parecen papel mojado. Esa es la percepción. Es lamentablemente la realidad. El tema de mayor preocupación y denuncia es el de la violencia contra las mujeres. La decisión de un edil en Oaxaca de tratar de impedir un examen de Papanicolaou; las dificultades del trabajo en municipios para los Institutos de las Mujeres; el miedo y blindaje para rendir cuentas sobre el tamaño de la violencia contra las mujeres en los estados; la resistencia de la burocracia en decenas de espacios públicos e instituciones oficiales hablan de una enorme dificultad para poner en marcha acciones para la igualdad sustantiva. No ha sido sencillo entender dónde están los huecos y los atrasos a pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció que una de las líneas básicas de su gobierno era, por una parte, desplegar una acción oficial para transversalizar en todas las acciones del gobierno la perspectiva de género y, por la otra, atajar el crecimiento de la violencia de género. Hace tres años, anunció entrar al tema de atender y hacer acciones para disminuir la violencia. En esto, como en la economía, todo parece lento, inútil, demagógico e imposible. La percepción cuenta. Pero también los hechos. Los acuerdos firmados por casi todas las instituciones y gobiernos estatales se topan con mentalidades que no dan importancia a la igualdad sustantiva en marcha. ¿Dónde está el problema? En el contexto. Un país sin costumbre de la democracia, no puede responder a la legislación que en igualdad de hombres y mujeres, se reconoce, como una de las más avanzadas; no se puede parar la violencia contra las mujeres porque millones de hombres consideran a sus parejas su propiedad, porque así piensan y el sistema de justicia está rebasado, jueces y juezas no creen en esa igualdad; sólo un mínimo de delincuentes que violan, secuestran, desaparecen y asesinan a las mujeres viven un real proceso, los demás están libres, con juicios mochos y todo indica que el contexto les da permiso de matar. Los gobernadores en lugar de afanarse por cumplir compromisos firmados en la Conago para impulsar la igualdad, hacen como el caso del gobierno de Veracruz: no entregan el dinero para la política de género y no se sabe qué hizo. Nadie lo investigó y una parte del dinero, como arte de magia, de pronto apareció. Otro ejemplo es el gobierno de Nayarit, donde está prohibido hablar de violencia contra las mujeres, y que decir de Quintana Roo que habla de casos sin importancia o el de Morelos que dice que sí, pero le reclaman por no cumplir. Los hechos de violencia contra las mujeres que participaron en la contienda electoral de 2015, arrojó 35 casos, pero nadie sabe si se reparó el daño; los partidos políticos andan en otra y quién sabe qué fraguan para el 2016. El caso es que hay leyes, nuevas iniciativas para evitar la violencia política contra las mujeres; pero, a tres años a Peña Nieto no le responde su aparato. Las mujeres activistas, políticas, muchas diputadas y senadoras están revelando que está mal esto y el otro, que no existe una real política de promoción para asegurar los derechos sexuales y reproductivos y la desigualdad económica y social muestra un verdadero desastre. En Salud, donde las mujeres mueren de aborto inducido y cientos de ellas no cuentan con información, orientación y anticoncepción de emergencia, esperan. Hay una confusión sobre el destino de los recursos etiquetados y no es raro que esos dineros se queden en la maraña de la corrupción. En el fondo nadie está cumpliendo, en esto, de más de la mitad de la población, como tampoco en otras cosas. Hemos visto en estos tres años, paradójicamente un inmenso esfuerzo, por ejemplo, la acción del Instituto Nacional de las Mujeres. Su presidenta, Lorena Cruz Sánchez, es la primera desde que en diciembre de 2000 arrancó la política oficial para las mujeres, que logró involucrar a los gobiernos, firmaron acuerdos, pero….Ella ha conseguido 31 acuerdos de los gobiernos estatales. Las organizaciones no gubernamentales dicen que los gobiernos firman, pero no hacen. Los ejemplos y los datos apabullan. En las secretarías de Estado, como nunca, se instalaron enlaces de género, que todos los días trabajan, capacitan, arman campañas, organizan programas, pero todavía una mayoría de operadores no lo hacen con conocimiento de causa. Se siguen preguntando ¿realmente las mujeres son discriminadas? Hay una larga tarea de promoción de los derechos humanos de las mujeres, de casi cuatro décadas. Las mujeres de organizaciones arrastraron intensamente el lápiz, como se dice, para construir leyes, para armonizarlas, para asesorar a los gobiernos municipales y estatales, pero desde ahí se siguen poniendo obstáculos, cotidianamente. Es decir, el arreglo de la desigualdad parece una quimera. ¿Dónde está el problema? Bien dijo el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 25 de noviembre al señalar que el proceso es lento, pero que hay que atender lo urgente ¿A qué se refería? A atender las 15 mil violaciones; las 26 mil denuncias o casos de hostigamiento sexual y acoso en el aparato oficial, donde trabajan más de dos millones de mujeres en la administración pública; a que ya no habrá secuestros de migrantes centroamericanas y connacionales con la complicidad del Instituto Nacional de Migración; a que mejorarán las cárceles urgentemente y se atenderá a la niñez; a que la Secretaría de Salud se comprometerá para atender el aborto incompleto y llevará un registro real del embarazo en adolescentes; a que le entrará la Secretaría de Educación Pública a capacitar en género a maestros y maestras. Y se puede no avanzar, no cumplir, porque más de la mitad de la población no es importante para el gabinete; porque nadie atina a responsabilizarse de los acuerdos que se hicieron; a que lo urgente nunca es la vida y el desarrollo de las mujeres a pesar de la ley, las políticas públicas, la edificación de centros de justicia para las mujeres. ¿Qué pasa? Es posible que necesitemos reflexionar y actuar: si es verdad la preocupación, es urgente que se tomen acciones mucho más audaces y definitivas. Los medios de comunicación, todos, incluidas las redes sociales, debían hacerse cargo de explicar el sentido y alcance de la igualdad; que realmente se haga una cruzada de “capacitación” o información a las y los maestros a los que hoy se evalúa; a que en los lugares conocidos de alta peligrosidad se instalen medidas preventivas, policiales, reales, para evitar la violencia en la calle contra las mujeres; a que se evalúen los programas urgentemente y a que realmente se hagan llamados a los gobernadores, con medidas punitivas, si no hacen lo firmado. No sé. Parecería que tenemos que pasar de los llamados y discursos, a exigir que se cumpla con la ley, en todo el sistema; en cada agencia oficial, por un lado y por el otro a crear una verdadera organización civil capaz de vigilar y pedir cuentas, caso por caso, a gobiernos, partidos políticos, cámaras y demás. Porque libres, sin presión social, simplemente hacen discursos, programas y llamados que caen en el vacío. Peña Nieto tiene que hacer efectivo su discurso y si no es, como dice, pura retórica, tiene que dejar de consentir a los gobernadores y a la gobernadora de Sonora; a cada secretario y secretaria para que den resultados, para que estudien y se den cuenta de la desigualdad real y a que usen el dinero que reciben para empujar la igualdad en acciones y no en regalías. A que las personas que se encargan de la política de género sepan que hacer y no revictimicen a las mujeres, etcétera. Mientras tanto el corte de caja es negativo.
