En carta desde la prisión, Pedro Celestino May Can denuncia que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Juan Manuel Herrera, hostiga a su familia, por lo que teme por su vida y sobre todo, por la de sus seres queridos. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 18 de noviembre del 2015.- El líder campesino, Pedro Celestino May Can, envió una carta desde la prisión de San Francisco Kobén, en la que se reconoce cono “preso político” y asegura que su “prisión preventiva” es un pago de facturas políticas de Alejandro Moreno Cárdenas al empresario español, Carlos Mouriño, por la creación de la colonia “Tierra y Justicia” y por rehusarse a vender sus tierras cercanas al desarrollo inmobiliario turístico Campeche Country Club. May Can, quien fue detenido de manera ilícita por la Fiscalía General del Estado, en octubre pasado, y puesto en libertad 72 horas después, solo para ser nuevamente detenido y esta ocasión con una medida cautelar de prisión preventiva por cuatro meses, cortesía del Fiscal General del Estado, Juan Manuel Herrera Campos, redactó una misiva desde su celda del penal de Kobén, en la que se asume como un preso político, de lo cual responsabiliza al empresario español. En la primera parte de cuatro hojas y media, redactadas a mano, el luchador social de Lerma señala que presuntamente, el empresario aportó a la campaña política del candidato del PRI a la gubernatura, Moreno Cárdenas, y que ahora está siendo favorecido, además de que la Fiscalía General del Estado está hostigando a su familia, por lo que teme por su vida y sobre todo, por la de sus seres queridos. “Narro un fragmento de la verdad con lágrimas en mis ojos, de un verdadero campesino ejidatario de Lerma, que apenas tiene la primaria, luchando o defendiéndome del poder político y económico de Carlos Mouriño Terrazo o Atanes, los cuales son los verdaderos despojadores de las tierras ejidales de Lerma”, expresa. “Hoy me encuentro en prisión, que no merezco y me considero un preso político, porque no estoy siendo juzgado por la ley, sino por políticos, los cuales recibieron favores de Carlos Mouriño Atanes, para llegar al poder, la intención de esta gente es que se me den 12 años de prisión, de acuerdo al artículo 214 bis del Código Penal del Estado de Campeche”, indica. “Tengo temor que desaparezcan a mi familia, las camionetas de la Fiscalía se pasan día y noche en la puerta de mi domicilio, como si yo y mi familia fuéramos delincuentes peligrosos o secuestradores”, denuncia. Pedro Celestino May explica su versión de los hechos, señalando a muchos de los políticos y apellidos que manejan el capital económico del estado, constructoras y empresarios, todos favorecidos por el estado y con intereses en el ejido de Lerma, el que han convertido en una pequeña comunidad de poderosos, apartándose del resto de la sociedad, dígase Campeche Hills, Lomas del Castillo o Campeche Country Club, lugares donde el espurio Alejandro Moreno Cárdenas posee más de 20 terrenos, con valor de más de 35 millones de pesos, según su declaración patrimonial. Afirma que en 1983, el gobierno federal, a través de Banobras, le expropió al ejido de Lerma 114 hectáreas de tierra para la creación de un parque industrial en tierras comunales, para un bien social, el acta de expropiación fue inscrito en el Registro Agrario Nacional (RAN). El acta señala la reversión de la tenencia, pasado un tiempo de cinco años de no concluirse el proyecto logrado de industrialización de la zona, para lo que el Fifonafe tiene la facultad de efectuar la inmediata reversión de la tenencia de la tierra, sin que se haga la devolución del recurso al gobierno federal, según reza el documento público inscrito en el RAN. “Por lo que Campechana de Vehículos o Rafael Selem tuvo 32 años para su proyecto, que sólo se dedicó a hacer negocios, prestando la tierra y cediendo material pétreo para el Campeche Country Club y la construcción del muelle de los Mouriño Atanes, estas mismas tierras, ahora mismo, fueran dadas a Coca Cola en pago”, agrega. Expone que todas estas tierras están siendo usadas para la extracción de materiales a favor de la familia española, señalando como parte de esto a la Constructora Gordillo y la Constructora Escalante, por lo cual no se le puede acusar por el delito de despojo. “Cómo se me puede acusar, cuando solo protegemos un paso de servidumbre, que por usos y costumbres de nuestros padres y abuelos, lo seguimos usando para ir a las parcelas comunales”, cuestiona. Dice que Rafael Selem, cumpliendo las órdenes de Richard Kelleher Hernández, intentó bloquear el acceso con bardas y rejas, los mismo que hizo Carlos Mouriño, a un costado de la Escuela Cumbres, lo mismo que Ecosur, al mando de Griselda Escalona, además de una clausura que efectuó la Profepa, al intentar abrir un camino alterno a la comunidad Tierra y Justicia. “La Fiscalía me acusa como líder, por defender mi derecho al libre tránsito, que tenemos los mexicanos y la libertad de expresión y de manifestarnos pacíficamente, creo que la Fiscalía no hizo el trabajo de investigar legalmente, pues las fotos que presentan en mi  juicio, son las mismas personas que participaron en el desalojo de la gasolinera de Calkiní, Campeche, gente de Carlos Mouriño”, abunda. Detalla que en la agresión sufrida a manos de estas personas, está documentada en un video, mismo en el que se escucha como dicen los agresores mátalo, todo esto ante la presencia de Richard Kelleher, hechos por los que levantó una demanda ante la Fiscalía del Estado, demanda que está claro que no ha procedido. De la misma manera, da a conocer que el Tribunal Agrario le acaba de devolver todos sus derechos como ejidatario y 360 hectáreas de tierra, las mismas en las que pretende Carlos Mouriño hacer un estadio, pero revela que estas tierras será usadas para hacer siembra orgánica para la comunidad. Concluye que prefiere donar las tierras a los campechanos pero que no acaben en manos de españoles. Asimismo, en posdata, se lee: “Los españoles no pudieron conquistar Campeche, en una fracción de tierra fracasaron, un campesino los frenó, sin recursos”.