Organizaciones civiles señalan que los legisladores aprobaron disminuir el impuesto a bebidas azucaradas, favoreciendo el consumo de estas bebidas en niños pequeños y por lo tanto, de la epidemia de obesidad y diabetes. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 20 de octubre del 2015.- Tal y como lo advirtieron las organizaciones de la sociedad civil, la negociación entre diputados y cabilderos de la industria de bebidas para lograr una reducción en el Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) en el ramo de bebidas azucaradas, tuvo resultados. Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) promovieron y aprobaron en la Comisión de Hacienda y Crédito Público una reducción de 50 por ciento al impuesto especial de las bebidas azucaradas que contengan cinco gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros. La medida se tomó, incluso, en sentido contrario a la recomendación por parte de organismos nacionales e internacionales de aumentar el impuesto de 10 a 20 por ciento. En un análisis de las repercusiones de esta decisión, la Alianza por la Salud Alimentaria informó que la población más afectada por esta posible reducción serán las niñas y niños pequeños, ya que las bebidas que tendrán un menor impuesto son aquellas dirigidas a la infancia, como son las agüitas saborizadas y bebidas sabor fruta. “Estas bebidas, comercializadas por Nestlé, Coca-Cola, Danone y Pepsico, contienen una cantidad de azúcar cercana a los cinco gramos por 100 mililitros, en su presentación más común (botellita de 300 mililitros), por lo que al consumirlas, los niños ingieren hasta 15 gramos de azúcares añadidos (tres cucharadas cafeteras)”, advirtió. “Esta cifra es muy cercana a la cantidad máxima al día recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proteger la salud en los niños pequeños, que es de 19 gramos (aproximadamente cuatro cucharadas cafeteras)”, apuntó. Al respecto, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor —organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria—, señaló: “Los diputados y las diputadas se han aliado con la industria refresquera para bajar el impuesto, atentando en especial contra la salud de los niños en México, en un país en que las y los niños tienen una de las más altas cifras de sobrepeso y obesidad en el mundo”. “Se estima que uno de cada tres niños mexicanos nacidos a partir del 2010 desarrollará diabetes en su vida y los diputados y diputadas están contribuyendo a ello. Los legisladores están actuando a favor de las refresqueras y en contra de la salud de la población, especialmente de los niños pequeños”, agregó. Por su parte, Alma Meneses, coordinadora de Legislación y Políticas Públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) —también organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria—, afirmó: “La reducción del impuesto hacen que estos productos se vuelvan más accesibles para niñas, niños y adolescentes, lo cual incentiva que los consuman de manera cotidiana. Recordemos que la garantía del derecho a la salud implica que el Estado tome las medidas necesarias para evitar que terceros (particulares o empresas) puedan atentar contra este derecho”. Sobre este tema, Luis Manuel Encarnación, director de la Fundación Mídete —organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria—, declaró: “Ayer, durante la votación de la Miscelánea Fiscal, a pesar de que se presentaron aproximadamente 10 reservas por parte de los grupos parlamentarios del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano en contra de la propuesta del PRI y del PAN de debilitar el impuesto a las bebidas azucaradas, no se pudo detener esta acción lasciva y regresiva”. “El impuesto ha sido la política estrella del gobierno de la República y del presidente Peña Nieto en el combate a la obesidad, con amplio reconocimiento de académicos, organizaciones y gobiernos en todo el mundo. Lamentablemente, esto no fue importante para el PRI y sus dirigentes, al promover una propuesta que atenta contra la progresividad del derecho a la salud”, expresó. Añadió que “se privilegiaron a las refersqueras y a la industria por encima de la salud de los mexicanos, especialmente de los niños pequeños. De nueva cuenta, vemos el conflicto con el que actúa el gobierno mexicano y sus diputados”. Finalmente, las organizaciones civiles advirtieron sobre la necesidad de aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas para proteger el derecho a la salud de niñas y niños, y no de disminuirlo para favorecer los intereses de la industria.