La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza plantea 3 objetivos a demandar a los diputados federales de cara al Paquete Económico 2016: Mecanismos de control y rendición de cuentas, reasignación de recursos y nuevas políticas para inclusión de pobres y acceso efectivo a la salud. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 4 de octubre del 2015.- La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza señaló que “cada año, se gastan más de 500 mil millones de pesos de nuestros impuestos en programas que deberían servir para reactivar la economía, generar mejores condiciones para todos y acceso efectivo a la salud”, pero no se sabe con claridad cómo, en qué se gastan y cuáles son los resultados. La agrupación civil recordó que entre septiembre y noviembre, 500 nuevos diputados van a decidir sobre ese dinero que es de todos, y propuso a la sociedad mexicana iniciar el cambio de fondo con exigencias inmediatas, de cara al Paquete económico 2016, para lograr tres objetivos como primer paso: Establecer mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas, reasignación de recursos y nuevas políticas para la inclusión económica de personas en pobreza y garantizar el acceso efectivo a la salud. “El objetivo de estos mecanismos es evitar la desviación de recursos, combatir la corrupción y el dispendio, impedir las ocurrencias y la mayor fragmentación de programas y obligar a las autoridades a informar, rendir cuentas y usar las evaluaciones”, explicó. “Este cambio se puede iniciar mediante medidas como: Datos Abiertos sobre presupuesto, proyectos, padrones de todos los Programas; padrón Único de Beneficiarios de programas, como única puerta de acceso a apoyos gubernamentales, a cargo de una instancia ciudadana; “ciudadanizar” la Junta de Gobierno del INAES; fortalecer la contraloría social con el 1 por ciento de los recursos de los programas y con participación de organizaciones civiles y Universidades; crear un Atlas de localización de proyectos productivos, incluyendo instancias de asistencia técnica, capacitación y actividad económica local, y garantizar la autonomía y carácter técnico de Coneval, evitando las cuotas de partido en el nombramiento de sus nuevos Consejeros, mediante un proceso transparente y ciudadanizado”, detalló. En cuanto a la reasignación de recursos y nuevas políticas, expuso que “el objetivo es empezar a construir nuevas políticas para la inclusión económica así como eliminar el dispendio, la discrecionalidad y la fragmentación de los programas que deben mejorar las condiciones económicas de las comunidades y personas de escasos recursos”. Las medidas planteadas son “que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos incremente el salario mínimo para 2016 al menos al doble del incremento del costo de la canasta básica de alimentos, para iniciar la recuperación gradual del poder adquisitivo del salario; reducir y en lo posible eliminar los subsidios que son regresivos e improductivos, en especial los de Sagarpa y que canalicen los recursos liberados hacia el desarrollo productivo de las regiones rurales con mayor rezago”. “Reestructurar los programas de generación de ingresos, desarrollo productivo y empleabilidad para que concentren, o al menos prioricen, sus acciones en población en pobreza y se enfoquen a la inclusión económica, e incrementar los recursos del INAES para las empresas sociales y los destinados al fomento de las organizaciones civiles que trabajan de manera directa frente a la pobreza y la desigualdad, así como transparentar y facilitar su acceso”, apuntó. Evitar dispendio y desviación de recursos en salud En el acceso efectivo a la salud, precisó que el objetivo es mejorar la calidad de los servicios estatales de salud, a fin de que garanticen el acceso a servicios de manera oportuna y completa, evitando el dispendio y desviación de los recursos, como un primer eslabón en el ejercicio de derechos sociales. Las medidas sugeridas son un plan de ampliación del “Seguro Popular” para lograr cobertura universal de salud; establecer obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de los recursos del Seguro Popular transferidos a los Estados, desglosado hasta cada unidad de salud, un plan multianual de ampliación de intervenciones (tratamientos) cubiertos en el “Seguro Popular” para homologarlos de acuerdo a los más altos estándares de la seguridad social. También están un “mecanismo de exigibilidad a nivel local para garantizar acceso efectivo a los servicios; reformular el “Aval Ciudadano” para que se convierta en una contraloría social fortalecida y con autonomía; un tablero de indicadores y evaluaciones sobre acceso efectivo a la salud, desde el nivel unidad de salud. Igualmente, pidió “incluir en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (DPEF) el mandato de que las reglas de operación de todos los programas están obligados a presentar toda la información en “datos abiertos”, especialmente sobre presupuestos, proyectos apoyados, cobertura, padrones, instancias de capacitación y asistencia técnica y toda la información relevante”. “Establecer en el DPEF (y si posible en la Ley General de Desarrollo Social) una instancia ciudadana de control ciudadano para la creación, administración y resguardo del padrón único de beneficiarios, de tal manera, que sea el único acceso, ágil, objetivo, obligatorio y transparente, para recibir programas sociales de los tres ámbitos de gobierno”, agregó. “Reformar la Ley de Economía Social y Solidaria para integrar una Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria, formada en su mayoría por personas expertas de la sociedad civil y la academia, con reconocido prestigio y conocimiento en la material, y establecer en el DPEF 2016 (y posteriormente en la Ley Reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción) la obligación de aportar el 1 por ciento de los recursos de los programas para fortalecer la contraloría social y facilitar la participación de grupos ciudadanos independientes, organizaciones civiles y Universidades que cuentan con experiencia para dar autonomía a los grupos de contraloría social sobre los principales programas y obras de los tres órdenes de gobierno”, abundó. “Incluir en el DPEF la obligación de construir un “Atlas” de localización de proyectos y apoyos productivos de todas las dependencias, incluyendo información detallada de los servicios de asistencia técnica y de capacitación, así como datos de la vocación y actividad económica de cada territorio, con la participación de las universidades y las organizaciones civiles expertas en economía social”, asentó. Advierte de grave riesgo inminente de que modifique el Coneval “a modo” Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advirtió, asimismo, que “hay un grave riesgo inminente de que se modifique el Coneval “a modo” y haya un retroceso en lo ya logrado en credibilidad, autonomía y rigor técnico, como ha sucedido en otros organismos autónomos. Apoyamos las propuestas presentadas en días pasados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, a fin de que el Senado de la República revise la Minuta aprobada por la Cámara de Diputados y modifique lo necesario conforme a las propuestas ahí presentadas”. “Que el Decreto de Presupuesto (DPEF) obligue a que los programas productivos reestructurados cuenten con padrones transparentes y bien focalizados, así como una nueva matriz de indicadores de resultados (MIR) a nivel fin y objetivo, centrada en reducir pobreza y mejorar ingreso”, añadió. “Que la SSA presente un plan multianual de ampliación de cobertura del Sistema de Protección Social en Salud para lograr la cobertura universal a más tardar en 2018; incluir en el DPEF 2016 (y de ser posible en la Ley General de Salud y en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos estatales para evitar que se desvíen los recursos del “Seguro Popular”, mencionó. “Que la SSA presente un plan multianual para ampliar el catálogo de intervenciones cubiertas en el “Seguro Popular”, a fin de homologar la cobertura de intervenciones conforme a los más altos estándares de la seguridad social; que la SSA genere un mecanismo de exigibilidad para garantizar acceso efectivo a la salud a la población afiliada, como parte de las obligaciones incluidas en los convenios con los gobiernos estatales, y que el DPEF 2016 establezca la obligación de generar y monitorear indicadores de acceso efectivo a la salud y realizar la evaluación de acceso efectivo hacia una muestra del conjunto de los afiliados (y no sólo satisfacción de usuarios a egresados de servicios hospitalarios)”, concluyó.