Los senadores de la República coincidieron en que se tomen en cuenta los resultados del informe del GIEI de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa en las investigaciones oficiales. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 8 de septiembre del 2015.- Los resultados del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el caso de Ayotzinapa, deben ser tomados en cuenta en las investigaciones oficiales, coincidieron senadores de la República, quienes propusieron enjuiciar al ex procurador Jesús Murillo Karam y la creación de una Fiscalía especializada e independiente para el caso. El senador del PT-Morena, David Monreal Avila, señaló que en el caso de Ayotzinapa, quedó evidenciada la falta de responsabilidad pública y política, toda vez que a la fecha no hay una explicación sincera al pueblo de México, además de que ahora ya es un asunto no privativo del país, sino que va más allá de la propia jurisdicción de nuestra nación. En tanto, el senador del PVEM, Gerardo Flores Ramírez, sostuvo que el compromiso del gobierno con el derecho a la verdad es ineludible y por ello se debe reconocer el profesionalismo del grupo interdisciplinario, no obstante, subrayó que el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre este hecho no se debe descartar y partir de esa base. La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, consideró que el presidente de la República debe girar instrucciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que incorpore los elementos de la conclusión del grupo de expertos, ordene la apertura de las investigaciones y acepte el diálogo con los familiares de los normalistas. Dijo que sólo con decisiones de esta naturaleza será posible recuperar la confianza de la ciudadanía, y que el Estado mexicano cumpla con su deber de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las familias de los normalistas, que la sociedad exige para este y otros casos. Por el grupo parlamentario del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez señaló que las conclusiones del GIEI ponen en evidencia la “alarmante corrupción que impera en el sistema de procuración de justicia”, representan un duro golpe a la credibilidad del gobierno federal y advierten la necesidad de cuestionar si éste es capaz de garantizar una investigación confiable en casos como la fuga de Joaquín Guzmán Loera. Demandó la conformación de una comisión especial del Senado para dar seguimiento puntual al informe del Grupo Interdisciplinario y al reencauzamiento de la averiguación previa, así como la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la PGR, para que aclaren la investigación. “Acción Nacional –agregó– demandará un juicio político y de responsabilidad penal contra el extitular de la Procuraduría General de la República (Jesús Murillo Karam), así como de quienes tengan responsabilidad directa en esta investigación”. El senador del PRI, Manuel Cavazos Lerma, reconoció que el caso de Iguala lastima a todos, aclaró que la indagatoria sigue abierta y se pronunció porque se tomen en cuenta y sean valorados por la PGR los elementos aportados por el GIEI, pero que no se descalifiquen 650 peritajes con expertos nacionales e internacionales, así como hacer hincapié en la participación y la presunta responsabilidad de las autoridades municipales y estatales. El legislador dijo que también se requiere que la ampliación del mandato al Grupo de Expertos para que concluyan sus trabajos e impulsar las iniciativas para combatir la infiltración de crimen organizado en las autoridades locales y fortalecer las instituciones de seguridad pública locales y redefinir el sistema de competencias en materia penal. Para la senadora independiente, Martha Angélica Tagle Martínez, los resultados del GIEI ponen de manifiesto la negligencia del Estado, porque al haber dado como “verdad histórica” que los 43 estudiantes habían sido calcinados en el basurero de Cocula se enterraron las posibilidades de encontrarlos con vida. “En lugar de abocarse a revelar lo que realmente ocurrió esa trágica noche del 26 de septiembre, las autoridades pretenden desestimar el informe de los expertos y salen a la defensa de la verdad histórica”, manifestó. La senadora del PRD, Angélica de la Peña, señaló que el informe es una invaluable contribución en la lucha contra la injusticia, el olvido y la impunidad. Dijo que es necesario tomar referencia en el replanteamiento de la hipótesis del caso a investigar como línea prioritaria, es decir, que se tome en cuenta el traslado de estupefacientes, y mencionó que esta situación impacta gravemente al Estado mexicano y los senadores no pueden hacer como que nada pasa. El senador del PAN, Javier Corral Jurado, respaldó la propuesta para que el Senado y sus bancadas promuevan un juicio político y de responsabilidad penal contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, por su conducción en las investigaciones y “para que no vuelva a suceder que un procurador General de la República time a la nación de esta manera”. Consideró que la llamada “verdad histórica” ha quedado en ridículo y se demostró que fue parte de “una pobre tetra y una operación embustera para tratar de salvarle la cara a un gobierno desesperado, ante el descredito internacional” y ante la tragedia que inicialmente quiso eludir. En su turno, el senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, coincidió en que se necesita una fiscalía independiente que garantice una investigación imparcial, que cuente con la participación de ciudadanos y tome en cuenta a los padres de las víctimas. Expresó que este informe pone al desnudo el nivel de degradación y descomposición de las instituciones públicas, en particular de las responsables de impartir justicia en el país, y preguntó qué responsabilidades tiene el entonces procurador, al haber mentido y engañado a los familiares y a la sociedad, además de haber renunciado a su responsabilidad de impartir justicia en este caso. El senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, señaló que lo menos que puede hacer la PGR es reconocer y acatar las conclusiones del grupo de expertos, los cuales vinieron demostrar que se cometieron errores en las investigaciones de la “verdad histórica” y de los ministerios públicos del fuero común “que no le sirven al país, sino sólo a los intereses particulares”. También del PRD, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza propuso la creación de una fiscalía especial investigadora, con autonomía absoluta respecto a las autoridades que hasta el momento han desarrollado las investigaciones y que será encabezada por un jurista de reconocido prestigio e independencia, a quien se le otorguen facultades de Ministerio Público, así como de recursos financieros, materiales y humanos. Su compañero de bancada, el senador Armando Ríos Piter fijó su postura a favor de la creación de una fiscalía especializada, que permita reconducir las investigaciones en este tema, ya que dijo que está en juego “la poca credibilidad” que tiene el gobierno, así como su gobernabilidad. Cabe destacar que la Mesa Directiva instruyó y exhortó a la Junta de Coordinación Política tomar todas las propuestas vertidas en la discusión, a fin de que en la próxima sesión se presente una propuesta que refleje el interés de los planteamientos presentados en el debate.