Por Argentina Casanova Hoy día, que el Estado a través de la Secretaría de Gobernación ha emitido y reconocido la urgencia de las Alertas de Violencia de Género, es el momento preciso para revisar qué, quién, y por qué se negaban a la emisión de las AVG; de lo que implican estaban y estarán vigilantes, como sus impulsoras y demandantes, las organizaciones de la sociedad civil, feministas, activistas y defensoras de derechos humanos. En síntesis, la maternidad de las AVG se debe en cada entidad donde fue solicitada a la sociedad de las mujeres. El Estado, las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), los “sistemas” (figura derivada de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia) para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, integrada por todas las instituciones del estado y representantes de todos los poderes, lo que dieron desde el primer momento fue un claro y rotundo no. Ahora es momento de decirlo, de recordarlo, de tener presente que estas AVG no son concesiones, que han costado años de lucha, de paciencia, de esfuerzo, de presión, de protestas, de manifestaciones, de pequeños y solitarios esfuerzos creando blogs, llevando registros de mujeres asesinadas hasta sentir cansancio de contarlas, a ellas a las “muertas” invisibles que el Estado y la sociedad patriarcal no quiso ver. Ahora se sumaron muchas organizaciones nacionales e internacionales, incluso esto ayudó es cierto, sumó que intervinieran, y que las organizaciones feministas buscaron para pedirles apoyo, y hay que reconocer y recordar que la mayoría se pronunció hasta que consideraron que efectivamente los feminicidios eran una emergencia en el país. No es que quisieran no mirar, es que en medio de tantos y tan graves sucesos de país, las mujeres aparecían como “daño colateral”, eran intencionalmente contabilizadas en la lista de “ejecutados” y en algunos casos sin que nos diéramos cuenta, empezaron a formar parte del listado de personas “abatidas” por las fuerzas del Estado. Las feministas, las defensoras de derechos de las mujeres, las activistas sociales empezaron hace años una carrera que apenas da resultados en 2 Alertas, y tras de las cuales hay reuniones y sesiones en las que se esperaba una respuesta positiva del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que llamaba a sus integrantes a sesionar para dirimir un asunto que era abordado desde una visión partidismo. En cada sesión prevaleció la “fraternidad”, ese elemento reconocido como el apoyo entre hombres, y ahí estaba presente en cada sesión del Sistema, pues los gobernadores de los estados donde se solicitaban las AVG, esperaban y obtenían la gran mayoría de las veces ese apoyo incondicional para el descarte, siquiera de las solicitudes de investigación o creación de grupos de análisis. En algunos casos, como ocurrió en Nuevo León, se le obligó al Sistema a sesionar para responder a las solicitudes de investigación frente al enorme número de mujeres asesinadas y contabilizadas en solitario por activistas, defensoras, periodistas que en grupo o en solitario han hecho el trabajo para visibilizar el número de mujeres asesinadas. Todas hemos gritado y demandado Ni una mujer más asesinada, Ni una mujer menos en la sociedad. Y las respuestas seguían siendo no. Con las AVG, pasa lo mismo que ocurrió con los tipos penales de feminicidio. Fueron demandados y exigidos por las feministas, por las activistas-defensoras, en marchas, en escritos, en notas, hasta que se logró en cada entidad bajo diversos contextos, en la mayoría de ellos acompañado de opiniones de juristas hombres y mujeres, de que “era una locura”. Resistencia hasta el final cuando ya aprobados  los tipos; abogadxs por formación se negaban a admitirlo. Pero ahora tenemos muchísimos especialistas en femenicidio ofreciendo sus servicios y especializaciones en un tema que al principio rechazaron y despreciaron. Ahora que las AVG se aprueban en dos estados, es momento de visibilizar la lucha de organizaciones como  Arthemisas por la Equidad, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Las libres, el Centro Victoria Diez, y muchísimas más organizaciones y mujeres, la sociedad de las mujeres que han puesto el recurso propio, el tiempo y el cuerpo para hacer posible que hoy haya 2 estados con AVG en un total de 19 municipios. Es un pequeño paso frente a la enorme deuda para con la vida de las mujeres, hace más de uno o dos años pudieron emitirse y –quizá- habría menos asesinadas. ¿A ellas, a las ausentes, a las que entran en la cuenta de “menos”, a qué conciencia van? ¿De quiénes son responsabilidad, hoy que confirmamos que las AVG eran urgentes, ayer igual que hoy, que sí hay voluntad política, y la fraternidad a través de las mujeres que rechazaban las Alertas, ¿hoy las acepta? Hoy que las titulares de las IMEF que se negaron a esa fraternidad, han sido marginadas y vivieron la violencia de sus propias compañeras.