El asesor teológico de la Red Católicas por el Derecho a Decidir, Julián Cruz, señala que las religiones deben quedarse en la cocina de las casas de los diputados y deben ser laicos en sus oficios o, de lo contrario, estarían vulnerando la Constitución. Por Ronny Aguilar Campeche, Cam. 24 de julio del 2015.- Los Congresos locales están obligados a apegarse a los derechos humanos, la ética y el laicismo, no hay cabida para las discusiones religiosas fundamentalistas, aseguró el asesor teológico nacional de la Red Católicas por el Derecho a Decidir, Julián Cruz. El experto en Teología señaló que hay una afectación a los derechos humanos de las religiones fundamentalistas, principalmente de la Iglesia Católica, en la sociedad mexicana, tanto es así que en los Congresos, muchas legislaciones son frenadas por cuestiones de ideologías religiosas de los diputados, por lo que las religiones deben quedarse en la cocina de las casas de los funcionarios y estos deben ser laicos en sus oficios o, de lo contrario, estarían vulnerando la Constitución. Cruz manifestó que desde el Estado de Derecho, es la obligación de los funcionarios el que se guarden los principios constitucionales del laicismo, ya que cuando entran valores ideológicos personales a la vida pública, se viola la ética. “En un Estado laico, es importante, pues tiene valores, ética, autonomía personal, así como la libertad de conciencia, religión, éticas que ampara la Constitución federal, en el artículo 24, así pues, todo legislador tiene que actuar en sus funciones legislativas con ética laica, independientemente de su credo religioso, salvaguardando los derechos humanos”, expresó. “El Congreso no está representando a su iglesia, está representando al Estado y el Estado Mexicano es laico y por lo tanto, tiene que actuar con ética laica, el discurso religioso no puede entrar en las leyes, no porque esté en contra, sino tiene que ser un discurso de ética, el Estado laico es imparcial en discurso religioso, en ética no es neutral, tiene su propia ética y esta ética es liberal, basada en libertades”, explicó. Entonces, apuntó, “esto es lo primero, si no está actuando fuera de la ley, se ve como lo más normal que los legisladores actúen fuera de la ley, pero no es normal, es un Estado de derecho que actúe un legislador, que tiene que hacer leyes, fuera de la ley, como funcionario público no tiene derecho, tiene que actuar con ética pública”. No se le puede negar a nadie matrimonio igualitario En cuestión de equidad de género y derechos, en el caso matrimonios de personas del mismo sexo, el especialista indicó que con base a la reforma de 2011, en materia de derechos humanos, “se abrió como un tema fundamental constitucional”. “Es que todo Estado democrático tiene que respetar los derechos humanos y los matrimonios del mismo sexo es un asunto de derechos humanos, independientemente de que sea un asunto de morales religiosas dentro de las iglesias”, agregó. “México ya no puede vivir de espaldas al resto de los países democráticos, si quiere ser una democracia, tiene que respetar los acuerdos internacionales y en el derecho internacional, el matrimonio es un derecho humano básico, no se le puede negar a nadie, a ningún mexicano, con base en criterios morales religiosos, esas discusiones son en las iglesias, pero en el Código Civil no puede negarse el derecho fundamental, como es el matrimonio, porque hay una ley federal en contra de la discriminación y se estaría violando la ley”, asentó. Poniendo como ejemplo el caso de Campeche, con la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, la panista Gloria Aguilar de Ita, quien calificó estos matrimonios de antinaturales, dijo que un “legislador que opine hoy, después de la resolución de la Suprema Corte, puede ser acusado por discriminador ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred, puede llevar una queja, porque personalmente puede, en su vida privada, pero como funcionario, no lo puede hacer o argumentar” “No se metió en discusión la Suprema Corte con iglesias, no está hablando de matrimonios religiosos, sino de hacer valer los derechos de cualquier ciudadano, como funcionario, no puede ir contra la ley”, añadió. “Los Congresos tendrán que reformar los códigos civiles, porque no puede haber una contradicción entre el máximo órgano judicial y los Congresos, la Suprema Corte lo que está diciendo es que se tienen que reformar ya en los Congresos de cada estado, pero ya no tienen para a donde hacerse, es un asunto de derecho humanos, quien diga que por su religión, no puede, tiene dos opciones: o renuncia a ser legislador y acata su religión o acepta la ética laica que le obliga a respetar derechos humanos”, puntualizó.