Roberto Grajales, del Colectivo Pro Derechos Humanos El Caracol, asegura que está práctica ilegal está dirigida a los luchadores sociales y activistas, para impedir la movilización social. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 7 de julio del 2015.- Roberto Grajales, representante legal del Colectivo Pro Derechos Humanos El Caracol, señaló que la contratación de la empresa de espionaje cibernético  Hacking Team por el gobierno del Estado, es una clara violación a los derechos humanos, que está dirigida principalmente a luchadores sociales y activistas, para impedir la movilización social. El defensor de los derechos humanos afirmó que incluso, hay violación a varios artículos constitucionales, pues no hay un pleno disfrute de la libertad del ciudadano, cuando es sometido a un acoso de tales magnitudes. “Es clara la violencia a la libertad de la persona, es una violación a la libertad de expresión, señala una violación clara al artículo primero constitucional, que dice que el estado debe garantizar que no se violenten los derechos humanos y en este caso, vemos que es todo lo contrario”, expresó. “Vemos una clara coacción y un espionaje totalmente dirigido a la movilización social, es otra forma de vigilar la protesta, ya no es solo hostigamiento y persecución visual, sino que ya vemos un  trabajo de inteligencia detrás, criminalizando a la protesta misma y con el fin de violentar los derechos de las personas que dirigen movimientos,  organizaciones  o lucha en contra de las acciones políticas del estado”, puntualizó. Grajales dijo que se deja entrever que sería la Secretaría de Educación (Seduc) la encargada de la contratación, por lo que se presume que está tratando de inmovilizar a quienes se movilizan en contra de las reformas estructurales y sobre todo, la Reforma Educativa. Mencionó que esta práctica no es para nada nueva, que desde hace más de tres décadas, el gobierno mexicano y los diferentes gobierno estatales han  hecho uso de este ilícito. “Esta práctica no es para nada nueva, desde finales de los 80´s, esta práctica se ha venido dando en Campeche y en específico contra la gente que se opone al régimen y lo que sigue es la organización popular por la defensa de los derechos humanos”, indicó. Afirmó que lo que agrava esta situación, es que no hay un recurso jurídico, que sea real, contra este delito. “Estamos hablando de que el estado está propiciando un espionaje directo y una violación de derechos humanos”, expuso. “Una demanda jurídica en contra del estado, en un institución que forma parte de la estructura gubernamental, los haría a ellos juez y parte, por lo que quedamos en la vulnerabilidad, por eso aseguramos que la defensa de los derechos humanos debe ir a costa de la organización popular, no de la participación del estado”, finalizó.