La candidata de Morena a la gubernatura señala que existen indicios de la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito en su trayectoria académica, administrativa y legislativa. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 7 de mayo del 2015.- La candidata de Morena a la gubernatura, Layda Sansores San Román, presentó una denuncia contra el aspirante del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito, toda vez que en su trayectoría académica, administrativa y legislativa podrían existir indicios de esta ilegalidad. La abanderada de Morena acudió luego del mediodía de este jueves, a las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR) y entregó un escrito dirigido a la titular, Arely Gómez González, acompañada de la demanda de hechos. La denuncia de hechos, expresó, es “por la presunta comisión de delitos cometidos por el ciudadano Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, aspirante a la gubernatura del Estado de Campeche por el Partido Revolucionario Institucional, toda vez que en la información acerca de su trayectoria académica, administrativa y legislativa, que ha sido dada a conocer por él mismo, podrían existir indicios de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, sancionado por el artículo 224 del Código Penal Federal”. “El Estado Mexicano se encuentra en una grave crisis institucional, derivada de los escándalos de corrupción e impunidad, que al amparo del poder políitico, han protagonizado gobernantes y funcionarios, desembocando, incluso, en hechos tan lamentables como los acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, que aún tiene desaparecidos a 42 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero; a pesar de la existencia de denuncias previas, como la presentada por la senadora Dolores Padierna ante esta Procuraduría, un año antes de la tragedia de Iguala”, advirtió. Afirmó que “por lo anterior, más que nunca, quienes hemos participado de la vida política o aspiramos a un cargo de eleción popular, tenemos la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para hacer del conocimiento de la autoridad competente, cualquier hecho que pueda presumir la comisión de un delito y se puedan prevenir y evitar hechos de mayor gravedad que pudieran violentar la paz social, en este caso, en el Estado de Campeche”. “Con los datos de prueba aportados, la Procuraduría General de la República está en aptitud de iniciar, de oficio, las investigaciones a que haya lugar”, puntualizó.