El legislador de Morena, Manuel Zavala Salazar, se opuso a la medida propuesta por el gobernador Fernando Ortega. Por Gilberto Avila CAMPECHE, Cam. 21 de abril del 2015.- Con 30 votos a favor y uno en contra, el del diputado Manuel Zavala Salazar, fue aprobada por el Congreso del Estado la iniciativa para modificar los artículos 140, 142 y 143 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche. Según esta iniciativa planteada por el gobernador Fernando Ortega y también por el diputado del PRI, José Bravo Negrín, se garantiza los derechos de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, eliminando la posibilidad de sancionar administrativamente al elemento que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, es decir, no podrán ser separados del cargo, cuando ya tengan una cierta edad en el puesto ejercido. Ante esta situación, fue el legislador Zavala Salazar quien subió a la tribuna para manifestar su voto en contra y pidió que lo que hay que exigir son mejores prestaciones, mejores salarios, equipamiento y un trato digno para los elementos policíacos. “En la modificación que se hace y leyendo los artículos de ésta, se refiere particularmente en algunos procedimientos de sanción a los elementos. Como ciudadanos somos sujetos de derechos y obligaciones ante el Estado, pero de pronto, pareciera ser que se carga más la mano en torno a las obligaciones y a las sanciones y los derechos se queda un poco en el olvido”, manifestó. “Sólo falta hacer un pequeño muestreo de cómo se sienten los elementos que 24 por 24 horas laboran en los retenes, no es nada fácil. Han presumido igual de salarios pero aun así se quejan de que sólo les dan un uniforme cada seis u ocho meses, que sus prestaciones no son suficientes, ni las adecuadas, ni las necesarias conforme a la prestación de los servicios”, abundó. “Cuando se dan estos reordenamientos sólo para sancionar, estoy plenamente seguro que los elementos se sentirán agraviados, lastimados, sobre todo y cuando no hay las pláticas con ellos, no se les informa”, añadió. Durante la sesión también se dio lectura un punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial a fin de instruir a los Jueces Familiares para que apliquen sanciones más severas a los padres en desacato por la custodia de sus hijos, así como también disponer de un mayor número de psicólogos para beneficio de los menores durante estos casos. En el punto de Asuntos Generales, la diputada Cecilia Borjas Rayo presentó un punto de acuerdo para exhortar al Tribunal Superior de Justicia del Estado a que instaure una Casa de Justicia en el municipio de Candelaria para atender las demandas de justicia de la población. “El acceso a la justicia es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales que México ha suscrito. Los asuntos judiciales de carácter civil, familiar, administrativo o penal se tramitan en Escárcega, sede del Tercer Distrito Judicial del Estado, lo que vulnera el derecho de acceso a la justicia”, señaló. “En este sentido y consecuentemente, el Estado debe asegurar la existencia de tribunales cercanos a los cuales las personas puedan acudir y que la justicia se imparta de la manera más oportuna posible”, detalló.