Por Robin Perkins Les quiero platicar sobre una ley: Se llama la Ley General de Aguas. ¿Parece un lindo nombre, verdad? Una ley para proteger el agua o luchar contra la contaminación, imaginamos. Sin embargo, esta ley, que actualmente se discute en las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, prioriza los intereses de la industria frente a los de la gente. Esta iniciativa, presentada por la Comisión Nacional del Agua propone la privatización el agua… ¡¿Qué?! Pues sí, está favoreciendo “las concesiones” para las empresas, en vez de permitir un acceso gratuito y de calidad los ciudadanos o las comunidades locales, y además, es permisiva con quienes contaminan nuestros ríos. Simplemente, no reconoce el agua como un derecho humano, como ha hecho Naciones Unidas y como está escrito en la Constitución Mexicana. Tal vez la parte más chocante de esta iniciativa es cuando dice: “se sancionará por realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso correspondiente” o sea, se va a necesitar un permiso del gobierno para realizar estudios o monitoreo del agua. Eso quiere decir que los académicos, los científicos o la sociedad civil como Greenpeace cometerá un delito si pretende hacer investigaciones sobre nuestros ríos. Esa ley -en el mismo sentido con la falta de transparencia que estamos viviendo – propone negar el derecho a los mexicanos a la información y a la investigación independiente. Parece ser una ley anti-transparencia y, sobre todo, pro-industrial. Y todo eso después de que la semana pasada, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que “los intereses económicos no pueden estar por encima de la salud de los ciudadanos y la calidad del medio ambiente”, durante el anuncio de Profepa por la clausura de nueve textileras acusadas de haber contaminado el río Atoyac y ser presuntamente responsables de daños a la salud de las poblaciones cercanas. Sin embargo, esto ocurre dos años después de que una investigación de Greenpeace en México, mostró la presencia de sustancias químicas peligrosas incluidos metales pesados como cadmio, cromo y pentaclorofenol en esa zona. El gobierno estatal y el federal conocían años atrás este problema, hoy actúan, pero lo hacen tarde y en una proporción mínima si vemos la urgencia del problema. Parece que el gobierno dice una cosa y, con la Ley General de Aguas, propone lo contrario. Por eso, Greenpeace está trabajando y apoyando un grupo nutrido de la sociedad civil (académicos, científicos, comunidades locales y Organizaciones No Gubernamentales) para proponer otra ley, una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Esta iniciativa sí reconoce el derecho humano al agua, reconoce que los que contaminan son responsables y tienen que pagar, que es necesario ir más allá de un control de solamente 19 contaminantes para eliminar la contaminación tóxica y que la implementación e investigación es crítica y no negociable para hacer frente a la impunidad dentro del sector industrial en México. Apóyanos, súmate a la ley ciudadana, una ley en la que podemos creer.
