Por: Ronny Aguilar

CAMPECHE, Cam. 30 de agosto de 2017.- José Alberto Calderón Silva, director del Instituto de Acceso a la Justicia, dio a conocer que el Gobierno del Estado reparó con 3 mil 600 pesos las violaciones a derechos humanos señaladas contra 41 trabajadores del Ayuntamiento de Carmen, en la recomendación 63/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Después de que en enero pasado fuera emitida la recomendación 63/2016 de la CNDH, en la que se encontraron violaciones a derechos por parte del Gobierno del Estado, el Poder Legislativo,  el Ayuntamiento de Carmen, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, fue hasta hace un mes y medio que inició con la reparación del daño de parte de Alejandro Moreno Cárdenas.

Hay que recordar que estas recomendaciones derivaron de la privación de la libertad de trabajadores de la Comuna carmelita en octubre de 2015, debido a la protesta del ahora líder del Sindicato de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha.

Fue el director del Instituto de Acceso a la Justicia, José Alberto Calderón Silva, quien dio a conocer que en la sesión pasada del Consejo Estatal de Víctimas, se aprobó la reparación del daño a las 41 personas que fueron privadas de la libertad.

“A través del Consejo Estatal de Víctimas, del que formamos parte, hace mes y medio se le reparó de manera integral el daño a las personas de Ciudad del Carmen por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; tenemos dos tres casos que vamos a someter a análisis al Consejo en la próxima sesión porque se tiene que cumplir las condiciones y ya luego viene la reparación”, explicó.

Especificó que en el caso de la recomendación 63/2016 de la CNDH, fue a cuenta del Gobierno del Estado quien realizó la reparación del daño, otorgando un monto de 3 mil 600 pesos a cada una de las 41 personas que resultaron con algún perjuicio a sus derechos humanos; en total, se repartieron 147 mil 600 pesos del erario público por irresponsabilidad de las autoridades.

Cabe hacer mención que hay varios casos detenidos en la reparación del daño porque el Consejo Estatal no ha autorizado los montos para los mismos. Calderón Silva señaló que esto se debe a que no cuenta el estado con los recursos para efectuar esas reparaciones de daño.

Por otra parte es necesario comentar que según el encargado de la Defensora de Oficio, hasta el primer trimestre del año se llevaba, de parte de su dependencia, el 80 por ciento de los casos de personas recluidas en el Cereso San Francisco Kobén, pero que de estos sólo 5 casos son de indígenas con una lengua materna diferente, siendo la principal la maya.