La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche emitió un resolutivo en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, por violación a la presunción de inocencia del joven Jorge Amir Torres Puch, acusado injustamente de grafitear el Baluarte de Santa Rosa, en el que exigió la reparación del daño. Asimismo, sigue abierto el proceso por tortura en contra de la Fiscalía, por lo que se pidió el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para aplicar el Protocolo de Estambul y determinar la existencia de la flagelación en contra de Jorge Amir Torres. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 3 de febrero.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC) emitió un resolutivo en contra de la Fiscalía General del Estado, por violación a la presunción de inocencia del joven Jorge Amir Torres Puch, acusado injustamente de grafitear el Baluarte de Santa Rosa, en el que exigió la reparación del daño. Asimismo, sigue abierto el proceso por tortura en contra de la Fiscalía, por lo que se pidió el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para aplicar el Protocolo de Estambul y determinar la existencia de la flagelación en contra de Jorge Amir Torres. La presidenta de la CDHEC, Ana Patricia Lara Guerrero informó que se emitió ya una resolución en contra de la ahora Fiscalía General del Estado, por violar la presunción de inocencia del joven, quien fue exhibido públicamente ante medios locales, nacionales e internacionales, como autor del grafiti que se le hizo al Baluarte de Santa Rosa, razón por la que estuvo en prisión seis meses, antes de darle formal libertad, por no haber evidencia en su contra. En relación a este caso, en el que se presume existió tortura para obligar a la firma de la confesión de Torres Puch, la cual se presentó como confirmación de la culpabilidad, por el entonces procurador y hoy fiscal del Estado, Arturo José Ambrosio Herrera, y el secretario de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, Jackson Villacís Rosado. Lara Guerrero explicó: “Nosotros Iniciamos dos casos en relación a esos hechos, uno de ellos fue por violación a la presunción de inocencia, el cual ya fue resuelto, ya notificamos a la Procuraduría y se resolvió a favor del quejoso en este sentido, al haber sido expuesto a los medios de comunicación, sin tener un resolutivo, se violaron sus derechos en este sentido, del principio de presunción de inocencia”. La ombudsman campechana manifestó que la resolución hace observaciones a la Procuraduría, ahora Fiscalía, tales como preservar la confidencialidad del presunto culpable, mientras no se tenga una sentencia que pudiera acreditarlo como responsable, asimismo, la reparación del daño. “Nosotros solicitamos que se iniciara un protocolo para saber cómo es que se deben de proteger los derechos de las personas y sobre todo los datos personales, que no se deben de dar por hecho situaciones y considerando responsables de algo, cuando todavía se va a procesar, solicitamos la reparación del daño, ahora que está la ley en favor de las víctimas, que sea establecido así en su ficha señalética y otras situaciones”, expresó. En relación con el caso de tortura, Lara Guerrero dijo que aún está abierto el caso, pero que en el estado no se cuenta con los peritos que puedan determinar la existencia o no de la tortura, por lo que están a la espera de que acuda personal de la Comisión Nacional a aplicar el Protocolo de Estambul. “En relación al otro asunto, relacionado con tortura, primeramente solicitamos el apoyo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en virtud de que en Campeche no existen peritos especializados para determinar estos hechos, como lo es el Protocolo de Estambul, ya nos avisaron de la Comisión de los Derechos Humanos que van a estar aquí en Campeche, para tomarle a él su declaración, para que se le haga el diagnóstico correspondiente y posteriormente, cuando nos emitan el dictamen, estaremos en posibilidad de determinar ese  resolutivo”, explicó. “Se van a presentar un médico y un psicólogo para realizar estos peritajes y nosotros en ese sentido, ya tenemos las investigaciones realizadas, los diagnósticos y certificados médicos que requiere la Comisión Nacional y será a principios de febrero cuando llegue la Comisión y ellos determinarán qué tanto lo que se establece en los certificados médicos es lo correcto y es a la par psicológico y medico lo que se realiza en estos casos”, puntualizó.