Por Ronny Aguilar

CAMPECHE, Cam. 10 de mayo del 2017.- El sistema de justicia en Campeche, al servicio de Alejandro Moreno Cárdenas, comete un exceso en el uso de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que se está evidenciado con las victorias en juicios de amparo en la mayoría de los procesos penales, sobre todo en los casos de índole política y social.

Con el ya no tan nuevo sistema de justicia penal, en casi dos años y medio, se han cometido muchas injusticias, por la poca pericia, tanto de abogados, como de la Fiscalía General del Estado y el propio Poder Judicial del Estado, lo cual no lo juzga quien escribe, sino los amparos que el Juzgado de Distrito ha resuelto contra las medidas cautelares impuestas por los jueces locales, por “inconsistencias”.

No sólo se trata del caso más reciente del ex presidente municipal del Carmen, Enrique Iván González López, quien en dos ocasiones, por diferentes casos y después de revisión, se obligó a la jueza de Control, Ana Concepción Gutiérrez Pereira, a cambiar su criterio de otorgar la prisión preventiva, demandada por la Fiscalía.

Sino también de las victorias en juicios de amparo del ex secretario de Saliud, Alfonso Cobos Toledo, y su administrador, Miguel Antel Duarte Reyes, y la seguridad de que también se concederá el amparo y protección federal en el nuevo tercer proceso que se les imputa, además de varios casos que hemos documentado.

Hace menos de un año, en un escrito similar, cuestionábamos que se estaba usando la prisión preventiva como moneda de cambio por la libertad de presos políticos, como el líder campesino de Lerma, Pedro Celestino May Can, quien obtuvo su libertad en juicio abreviado, después de aceptar su culpabilidad, y los casos de la brutal represión policial contra pobladores de Xbacab y San Francisco Suc-Tuc, que terminaron de igual forma, con juicios abreviados e interrupción del proceso, esto mientras los imputados guardaban prisión preventiva.

Cada caso, con su especificación, pero con una constante, la violación a derechos humanos de los detenidos, nos guste o no, corruptos o no, tienen derechos y han sido violados, ya que ahora la justicia federal dice que no hay motivos para que estén en la cárcel, después de mucho tiempo de estar en ella.

La Fiscalía local es una vergüenza, no solo en la atención, que es deficiente, y que inicia por la cabeza, el fiscal Juan Manuel Herrera Campos es un prepotente y se le olvida que es un servidor público, no servidor de la élite política, se le olvida que cobra de los impuestos de la gente, la mayoría de los casos importantes o de relevancia pública que ha llevado, los funda mal y los investiga peor, y a pesar de que los medios publican brillanteces, los que cubren la fuente saben lo vergonzoso que ha sido esa labor, porque da pena ajena.

Acusar a alguien de falsificar su propia firma, como sucedió en el caso del ex secretario de Salud y su administrador, es irrisorio, solo para mantenerlo preso y que no se caiga el discurso del combate selectivo a la corrupción, cuando todos sabemos que es una burla, que no existe y no existirá tal combate, mientras que los que encabezan los gobiernos sean parte de los que dicen combatir.

Hay que entender que el sistema de justicia es lo único con lo que cuenta un pueblo para que exista equidad en la sociedad, como para que los funcionarios de procuración e impartición de justicia lo usen en sus juegos de poder y banalidad, no es una herramienta de Alejandro Moreno para jugar a ser dueño de Campeche, ante la ausencia y desconocimiento de un Carlos Felipe Ortega Rubio, titular del Poder Judicial estatal, quien debería ser un contrapeso.

Ayer, en entrevista, el magistrado José Antonio Cabrera Miss inspiraba este escrito, justamente se le cuestionaba por el uso excesivo de este recurso y decía que el Tribunal federal es el parámetro que va a ir demarcando cómo se debe emplear, para no caer en excesos, es decir, que van a ir viendo dónde les salen mal las cosas, para evitar hacerlo, cuando ya deberían tener identificado todo el procedimiento y bien aprendido.

Mientras tanto, tienen prisión preventiva en Campeche los delitos de peculado, uso indebido del servicio público, uso indebido de documento, robo, intento de robo, motín y hasta los menores de edad que arrojan piedras que no le dan a nada y los que caminaban por ahí; los derechos humanos que esperen, total que en México casi nunca se respetan.