La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Gobernación y al Estado de Guerrero para que los encargados de las fuerzas de seguridad se abstengan de formular opiniones y revictimicen y pongan en riesgo la seguridad e integridad de los defensores de derechos humanos, víctimas y familiares de los estudiantes muertos y desparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 22 de diciembre.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Gobernación y al Estado de Guerrero para que los encargados de las fuerzas de seguridad se abstengan de formular opiniones y revictimicen y pongan en riesgo la seguridad e integridad de los defensores de derechos humanos, víctimas y familiares de los estudiantes muertos y desparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El ombudsman nacional pidió al poder federal y al poder estatal “dictar medidas precautorias, consistentes en que instruyan, en el ámbito de sus competencias, a los servidores públicos de ambos niveles de gobierno, en especial a los encargados de las fuerzas de seguridad, para que se abstengan de formular opiniones y expresiones que revictimicen y pongan en riesgo la seguridad e integridad personal de los defensores civiles de derechos humanos, víctimas y familiares de los involucrados en el caso Iguala; instruyéndoles además a que garanticen un trato digno y respetuoso a los mismos”. “Mediante sendos oficios, dirigidos el pasado viernes 19 de diciembre, a la maestra Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y a Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador del estado de Guerrero, se les hace saber que en fechas recientes, se han dado a conocer a través de los medios de comunicación diversas opiniones y expresiones de servidores públicos de los diferentes ámbitos de gobierno, en torno a la problemática que prevalece en el estado de Guerrero y especialmente al asunto conocido como “Caso Iguala y/o Ayotzinapa”, en que se descalifica el trabajo que realizan, tanto defensores civiles de derechos humanos, como los familiares de las víctimas, en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y en sus reclamos de Justicia”, expresó la CNDH. “Las medidas cautelares de protección solicitadas a dichas instancias tienen su fundamento en los artículos 1o, párrafos primero, segundo y tercero; 102, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o, fracción XV; y, 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 116, 117 y 118, de su reglamento interno, y se emiten sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos y con el propósito de evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación y salvaguardar los derechos de las víctimas”, puntualizó. El organismo manifestó que “como antecedente de las mismas, se establece que a raíz de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, en los cuales estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, e integrantes del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, fueron agredidos, dando como resultado que seis personas perdieran la vida, 30 lesionadas y que 43 personas se encuentren en condición de desaparecidas, a raíz de lo cual esta Comisión Nacional inició el pasado día 27 de ese mes el expediente CNDH/1/2014/6432/Q, por tales acontecimientos”. “Además, el pasado cuatro de octubre de este año, se localizaron seis fosas clandestinas, con un número indeterminado de cadáveres en el municipio de Iguala, Guerrero; ante ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acordó continuar el citado expediente como una investigación de violaciones graves a derechos humanos, bajo el número CNDH/1/2014/6432/Q/VG”, agregó. “La investigación de la CNDH se efectúa en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, verificando que las autoridades de dichos órdenes de gobierno cumplan su labor de brindar seguridad y protección a las personas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y evitar al mismo tiempo que hechos como los acontecidos queden impunes”, finalizó.
