El Servicio Jesuita a Migrantes-México expresó su preocupación por la constante violación a los derechos humanos de los migrantes y señaló que la implementación del Programa Frontera Sur ha generado un incremento en la criminalización de la migración y una cacería de estas personas, para ser deportadas de manera inmediata a sus países de origen, a pesar de que corra peligro su vida. Por Daniel Sánchez CIUDAD DE MEXICO, D.F. 21 de diciembre.- El Servicio Jesuita a Migrantes-México expresó su preocupación por la constante violación a los derechos humanos de los migrantes y señaló que la implementación del Programa Frontera Sur ha generado un incremento en la criminalización de la migración y una cacería de estas personas, para ser deportadas de manera inmediata a sus países de origen, a pesar de que corra peligro su vida. El organismo civil citó el aumento de las deportaciones de guatemaltecos, que pasó de 27 mil 553 personas en 2013, a 39 mil siete en 2014, de acuerdo con información de la Dirección General de Migración de Guatemala, y manifestó que alarma la creciente inseguridad que rodea a los albergues que brindan asistencia a los migrantes, así como las amenazas que han sufrido quienes ahí laboran. Recordó el caso del asesinato de Adrián y Wilson, ocurrido en Tequixquiac, en el Estado de México, el pasado 23 de noviembre, quienes se dedicaban a brindar ayuda y comida a los migrantes. “Esta situación se encuentra vinculada a la violencia que invade a nuestro país y que ha dado lugar situaciones tan graves, como la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl isidro Burgos”, en el estado de Guerrero, caso que ha venido a destapar la gran corrupción e infiltración de la delincuencia organizada, dentro de las instituciones obligadas a procurar la seguridad y el acceso a la justicia tanto de mexicanos, como de migrantes”, expresó. “Por lo anterior, urgimos al gobierno mexicano para que, desde un enfoque de derechos, construya políticas encaminadas a proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, sin importar su situación migratoria”, porque “la migración no es un delito”, puntualizó. A continuación, el pronunciamiento de Servicio Jesuita a Migrantes-México:

A la sociedad mexicana A las Organizaciones de la Sociedad Civil A los medios de comunicación En el marco del día internacional del migrante, el Servicio Jesuita a Migrantes-México externa su preocupación ante la constante violación a los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por México en la búsqueda por llegar a Estados Unidos. De acuerdo a los principios de universalidad, integralidad e interdependencia de los derechos humanos y considerando las obligaciones que el Estado mexicano tiene frente a los mismos, nos alarma que, tras la implementación del Programa Frontera Sur dado a conocer por la Presidencia de la República, el pasado 7 de julio del año en curso, en los hechos se haya incrementado la criminalización de la migración con operativos que más que buscar una migración ordenada que proteja derechos fundamentales, como la integridad física y la vida, se dedican a la cacería de migrantes para ser deportados de manera inmediata a sus países de origen, sin que sean escuchados y a pesar de que corra peligro su vida al ser regresados. Sirva de ejemplo el aumento de deportaciones de personas de origen guatemalteco, el cual pasó de 27 mil 553 personas en 2013 a 39 mil 007 en 2014, de acuerdo con información de la Dirección General de Migración de Guatemala. Nos alarma la creciente inseguridad que rodea a los albergues que brindan asistencia a las personas migrantes, así como las amenazas que han sufrido quienes ahí laboran. Tal es el caso del asesinato de Adrián y Wilson ocurrido en Tequixquiac, en el Estado de México el pasado 23 de noviembre del año en curso, quienes se dedicaba a brindar ayuda y comida a los migrantes. Esta situación se encuentra vinculada a la violencia que invade a nuestro país y que ha dado lugar situaciones tan graves como la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural “Raúl isidro Burgos” en el estado de Guerrero, caso que ha venido a destapar la gran corrupción e infiltración de la delincuencia organizada, dentro de las instituciones obligadas a procurar la seguridad y el acceso a la justicia tanto de mexicanos como de migrantes. Nos alarma el incremento de fosas clandestinas y de desaparecidos en el país, cuya cifra, según datos del Registro Nacional de personas Extraviadas o Desaparecidas, es de 23 mil 605 personas. Es importante recordar que la desaparición de personas es un riesgo constante en la ruta migratoria, basta recordar la desaparición y posterior asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, hecho que hasta el momento continúa impune. Por lo anterior, urgimos al gobierno mexicano para que, desde un enfoque de derechos, construya políticas encaminadas a proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, sin importar su situación migratoria. La migración no es un delito, por lo cual el gobierno mexicano debe mostrar voluntad política al dejar de criminalizar la migración indocumentada, procurando en todo momento, garantizar el debido proceso de las personas que se encuentran en vías de ser deportadas, sobre todo en aquellos casos en los que, de ser regresados a su país de origen, corre peligro eminente su vida o su integridad física. Asimismo, hacemos un llamado urgente al Estado mexicano, en el sentido de que su discurso en temas de seguridad, no genere más rechazo hacia las personas migrantes indocumentadas. La inseguridad que prevalece en las rutas migratorias es derivada de un grave problema estructural, de corrupción e impunidad que aqueja al país, la violencia que se vive en estas zonas, no deriva de manera directa de la migración. La misma inseguridad que viven las personas que habitan en estas zonas, es la misma inseguridad que padecen las personas migrantes, inseguridad que puede agravarse, debido al poco seguimiento que hay sobre las denuncias presentadas por migrantes que han sido víctimas de delitos. Finalmente, urgimos al Estado mexicano a que garantice el acceso a la justicia de las familias que han denunciado la desaparición de personas migrantes durante su tránsito por México, realizando las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los responsables de dicha desaparición, incluyendo a aquellos servidores públicos que puedan estar vinculados con la misma, así como a que transparente la información que existe en el Registro Nacional de personas desaparecidas o extraviadas y se genere estadísticas que permitan tener información confiable sobre el número de desapariciones registradas, desglosando la información por sexo, rangos de edad, lugar en el que se reportó la desaparición de la persona, así como el origen de las familias que realizan la denuncia. Servicio Jesuita a Migrantes-México