En 2016, el ilegítimo Alejandro Moreno no responde a las recomendaciones sobre trato adecuado a animales en zoológicos y para promover acciones de prevención y cumplimiento de la legislación ambiental en las Areas Naturales Protegidas.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 30 de diciembre del 2016.- Pese a la declaración de Campeche como “estado verde”, el ilegítimo y espurio Alejandro Moreno Cárdenas fue uno de los gobernadores que incumplió con dos de las principales recomendaciones en materia ambiental, emitidas por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) a las entidades federativas.

La dependencia federal informó que Campeche fue uno de los estados que no dio respuesta a las recomendaciones para procurar un manejo adecuado a los ejemplares de fauna, durante su traslado, exhibición, cuarentena y entrenamiento, en agosto del 2016.

La entidad campechana tampoco respondió afirmativamente a la recomendación para promover acciones de prevención y cumplimiento de la legislación ambiental en las Areas Naturales Protegidas, emitida en septiembre del 2016.

En un comunicado, la Profepa manifestó que emitió en lo que va de la presente administración, 19 recomendaciones generales e individuales a los estados de la República Mexicana y el gobierno de la Ciudad de México.

Afirmó que en los últimos tres años, el procurador Guillermo Haro Bélchez ejerció la facultad establecida en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y precisó que “las recomendaciones son públicas, autónomas y no vinculatorias; se trata de un instrumento fundamental para fortalecer la protección de los recursos forestales, vida silvestre, Zonas Federales Marítimo Terrestres (Zofemat) y Áreas Naturales Protegidas.

“A pesar de la importancia de los temas contenidos en la recomendación, el porcentaje restante de aceptación está en manos de los distintos gobiernos locales. Los tópicos que se abordan destacan por su importancia ambiental e interés particular de la sociedad civil”, agregó.

Recordó que “la recomendación sobre trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre que se encuentran en los zoológicos del territorio mexicano durante su confinamiento, manejo, exhibición y traslado, emitida en agosto del año 2016”.

“Dicho instrumento busca que los gobiernos estatales procuren que los ejemplares de fauna sean manejados de manera adecuada con las medidas necesarias para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiere ocasionar a los animales silvestres durante su traslado, exhibición, cuarentena y entrenamiento”, explicó.

“Esta recomendación ha sido aceptada por 12 gobiernos locales, Coahuila y Guanajuato la han aceptado parcialmente, y el Estado de Sinaloa”, mencionó.

“Con respecto a lo anterior, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no han dado respuesta”, puntualizó.

Expuso también que “la recomendación para promover acciones de prevención y cumplimiento de la legislación ambiental en Áreas Naturales Protegidas, emitida en septiembre del 2016, tiene como objetivo que las autoridades estatales y municipales difundan la existencia de las ANP, e informen a las empresas y particulares que deben someterse a la evaluación del impacto ambiental ante la autoridad federal”.

“Este documento fue dirigido a las entidades federativas y la Ciudad de México, 16 gobiernos la han aceptado, el gobierno de Guanajuato la acepta parcialmente, el gobierno de Sinaloa no la acepta, el gobierno de Chiapas no ha expresado una respuesta concreta”, abundó.

“Los gobiernos que no han dado respuesta son: Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas”, apuntó.

Aseveró que otras recomendaciones se refieren a la protección, uso y aprovechamiento sustentable de las playas y de la Zofemat, de igual forma, evitar asentamientos humanos en humedales y manglares, entre otras.

Resaltó que “la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que, cuando del resultado de la investigación realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se desprendan actos, hechos u omisiones en los que hubieren incurrido autoridades federales, estatales o municipales, podrá emitir recomendaciones para promover ante éstas la ejecución de las acciones de cumplimiento de la legislación ambiental”.