Integrantes del Comité de Padres de Familia de los 42 estudiantes desaparecidos y cuatro asesinados de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, así como estudiantes, solicitaron en el Senado de la República la desaparición de poderes y que exhorten al Instituto Nacional Electoral (INE) a que declare la suspensión de las elecciones en el Estado de Guerrero. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 9 de diciembre.- Integrantes del Comité de Padres de Familia de los 42 estudiantes desaparecidos y cuatro asesinados de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, así como estudiantes, solicitaron en el Senado de la República la desaparición de poderes y que exhorten al Instituto Nacional Electoral (INE) a que declare la suspensión de las elecciones en el Estado de Guerrero. Ante los senadores Layda Sansores San Román, Miguel Barbosa Huerta, Javier Corral Jurado, Dolores Padierna Luna, Omar Fayad Meneses, Manuel Bartlett Díaz y Angélica de la Peña Gómez, entre otros, los padres y alumnos de Ayotzinapa, sólo entregaron un documento y abandonaron la reunión, sin dar oportunidad a una respuesta de los legisladores. Luego de hacer una relatoría sobre los hechos suscitados en Guerrero, a partir del 26 de septiembre, cuando fueron asesinados tres compañeros y desparecidos 43 más, los miembros del Comité de Padres de Familia y estudiantes demandaron una “actuación contundente y activa” del Poder Legislativo, al que acusaron de llevar dos meses y medio apartado del problema, como “simple espectador de la crisis, emitiendo pronunciamiento débiles”. “Su responsabilidad con la lucha de Ayotzinapa debe ser total y sin barreras políticas creadas por los intereses ilegítimos que los han orillado a desatender el problema. Rechazamos contundentemente que el papel del Congreso se limite a atender y tramitar las iniciativas presidenciales emanadas del decálogo que presentó Enrique Peña Nieto, el cual fue construido lejos de la sociedad”, sostuvieron. Exigieron, una vez más, la presentación con vida de los 42 estudiantes desaparecidos y justicia para los cuatro estudiantes asesinados, así como atención médica a los lesionados, y que se exhorte a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue al Ejército Mexicano, la Policía Federal y al ex gobernador Angel Aguirre Rivero. También pidieron que se inicie un proceso, mediante el cual declaren formalmente la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero por las razones aludidas, que emitan un punto de acuerdo, mediante el cual declaren la suspensión de las elecciones en la entidad guerrerense, por no existir condiciones. Igualmente, demandaron que se ratifique en lo inmediato la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que conozca de peticiones individuales conforme a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas. Asimismo, que se emita un punto de acuerdo, mediante el cual exhorte a la Procuraduría General de la Republica que habrá líneas adicionales de investigación, más allá de la hipótesis del basurero de Cocula, que atienda a los elementos de prueba que implican al Ejército Mexicano, la Policía Federal y el exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Expresaron que a la fecha, las investigaciones siguen presentando debilidades, pues la PGR no ha logrado establecer con pruebas sólidas cual es el paradero de todos los estudiantes. “La hipótesis de la PGR no ofrece pruebas contundentes que indiquen dónde se encuentren los 42 estudiantes desaparecidos. Los tres testigos solo hacen referencia a un número menor, que habría sido asesinados en el basurero de Cocula, de tal forma que se ignora y no existe prueba contundente del paradero de nuestros hijos y compañeros”, agregaron. “Por todo lo anterior, nos pronunciamos porque la investigaciones se sigan fortaleciendo y que la búsqueda en vida mantenga su intensidad, en modo alguno, aceptamos un cierre o carpetazo del caso. Los padres de familia tenemos derecho a la verdad, por lo que los hechos deben ser esclarecidos a cabalidad”, abundaron. “A 77 días de la tragedia de Iguala, las investigaciones y las distintas mesas de diálogo del gobierno con los familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos, de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, han sido insuficientes e infructuosas”, aseguraron. Dijeron que el tamaño de la crisis de seguridad y social que se ha evidenciado en los últimos meses en el país; y la solidaridad que la sociedad ha mostrado en las calles, en las plazas y en las Universidades, contrasta con la lenta respuesta y escasos resultados en las investigaciones que den con la localización de los estudiantes desaparecidos y castigo a los culpables. “La insensibilidad del gobierno federal se hace evidente cuando la sociedad conoce las declaraciones de funcionarios, que expresan barbaridades, tales como que lo que se pide en la plaza pública es “sangre y espectáculo”. Esta actitud es una amenaza a la continuidad y eficacia de las investigaciones que se llevan a cabo; y debe motivar una actuación contundente y activa por parte del poder legislativo, que lleva dos meses y medio apartado del problema, como si dicho poder no fuera parte formal del Estado, o como si en las cámaras no existiera una representación de todos los partidos políticos´”, indicaron. “Es inadmisible que el Congreso de la Unión quede como un simple expectador de la crisis, emitiendo pronunciamientos débiles, tratando de tramitar propuestas sin rumbo y sin voluntad de ejercer un control real sobre las decisiones del ejecutivo, que no han dejado satisfecho al movimiento, ni a los sectores de la sociedad que se han solidarizado con Ayotzinapa. Tan solo la presente legislatura, ha hecho cambios legales y constitucionales que lejos de atacar la profunda desigualdad social y la inseguridad, han mantenido el statu quo en todos los ámbitos de la vida nacional, por lo que su responsabilidad con la lucha de Ayotzinapa debe ser total y sin barreras políticas creadas por los intereses ilegítimos que los han orillado a desatender el problema”, añadieron. “Rechazamos contundentemente que el papel del Congreso se limite a atender y tramitar las iniciativas presidenciales emanadas del decálogo que presentó Enrique Peña Nieto, el cual fue construido lejos de la sociedad, ignorando las propuestas y acciones que los mismos guerrerenses han llevado a cabo para hacer frente a los problemas de seguridad pública, desarrollo social y educación, como es el caso de la instalación de consejos ciudadanos y agrarios en diversos municipios del estado”, aseveraron. “Por otro lado, dada la falta de respuesta e indignación que ha concitado la desaparición de los 42 compañeros y el asesinato de cuatro estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, a la fecha, los poderes en el Estado de Guerrero no han podido funcionar con normalidad 50 de los 81 Municipios se encuentran tomados por diversas organizaciones, que exigen la presentación con vida de nuestros hijos, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial no funcionan con normalidad, aunado a que todas estas instituciones fueron omisas para prevenir y evitar que se perpetraran los hechos de los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero”, puntualizaron.

A continuación el documento entregado en el Senado: Normal_Rural_Ayotzinapa