Por Daniel Sánchez Al periodismo se le ha querido atribuir una suerte de poderes mágicos, de ahí que se le llame el cuarto poder, o se le atribuya ser factor determinante en fenómenos tan multifactoriales y complejos, como el suicidio. Nada de eso, el oficio que nació para vigilar y cuestionar las actuaciones de quienes están en el poder, sean del calibre que sean, sólo crea escenarios, como decía un viejo periodista de Tabasco, no pone, ni quita funcionarios, ni alcaldes, ni diputados, ni senadores, y mucho menos gobernadores o presidentes de la República. Tampoco entrega la cuerda, la pistola o el veneno para que una persona, un ser humano, ejerza el derecho a hacer con su vida lo que le plazca, incluso si es para segarla. Ahí habría que valorar hasta qué punto le queda bien una campaña como las hechas para legalizar el aborto y la eutanasia, como la de “El cuerpo es mío, no del Estado”. Campeche ocupa el tercer lugar entre los Estados más atrasados en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, según un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC). En el Reporte de Hallazgos 2014 sobre los avances de la implementación y operación de la reforma penal en México, el CIDAC determinó que la entidad campechana, a octubre de 2014, sólo obtuvo 191 puntos de 1,000 posibles en el avance de la implementación, quedando sólo por encima de Baja California Sur, con 187.5, y Tlaxcala, con 145.5 puntos. Al evaluar la implementación del NSJPA en las 32 entidades federativas, el organismo civil encontró que los Estados con mayor avance son Chihuahua, Baja California y Guanajuato, con 672, 643 y 568.5 puntos. Informó que Campeche se encuentra entre las 10 últimas entidades federativas del país, donde no opera el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y donde se ha planeado durante 77 meses, a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, la entrada en vigor. El Reporte también precisó que “como resultado de un proceso de negociación que se produjo, principalmente entre la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial Federal, se determinó que, para el ámbito federal, el comienzo de vigencia del Código y el sistema acusatorio se produzca de manera gradual y territorial” y que en Campeche será en la quinta etapa, hasta febrero de 2016. Claro reflejo del atraso de Campeche en la implementación del nuevo sistema de justicia es que un mes antes del inicio, este tres de diciembre, el Congreso del Estado aprobó un buen paquete de leyes secundarias, al vapor, sobre las rodillas y en “fast track”, y la de la creación de la Fiscalía General del Estado, se consumó apenas dos días antes. También la entidad está atrasada en las labores de comunicación, que es la que a nosotros nos interesa más. Apenas una semana antes del tres de diciembre, comenzó la campaña publicitaria sobre el tema, cuando en otros estados, como Michoacán, se llevaron varios años. El ciudadano no está enterado de que hay un nuevo sistema de justicia. La excesiva influencia mal atribuida a los medios                                                               Voy a referirme al artículo “La influencia de los medios de comunicación en la reproducción de la violencia autoinflingida: prensa escrita del estado de Campeche”, porque desde hace cuatro años se viene machacando e incitando a la autocensura a nivel local, como sucedió recientemente en el Congreso del Estado, donde se aprobó un exhorto a los medios de comunicación y a los dueños para modificar la forma de cobertura. Desde que la Secretaría de Salud, en el gobierno actual de Fernando Ortega Bernés, determinó utilizar como objetivo de una de sus “políticas públicas” reducir los casos de suicidio, se comenzó a implementar el Programa de Salud Mental, que se puso como meta disminuir en un 50%, inicialmente, y en un 20%, en la actualidad, los decesos por este fenómeno. Las autoridades no tomaron en cuenta que la sobreexposición del tema (y no la manera de darle cobertura, que es lo que se ha cuestionado), en los medios de comunicación, con declaraciones de funcionarios, ferias foros, convenciones, congresos, estatales, regionales, nacionales y hasta internacionales, traería exactamente lo contrario que se proponía. Campeche ha tenido tres años de altos índices de suicidios, con 78, 79 y 80 hasta la última cifra conocida, lo que nos coloca con un poco más de 9 por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media nacional. Pero aquí hay un factor que han olvidado y es el factor cultural, estamos en la región maya, donde, como en pocas partes del mundo, en su mitología, existe una diosa del ahorcamiento o el suicidio, Ixtab, que tiene ver “con la vida futura en el paraíso y los suicidas por ahorcamiento recibían su protección”. “En la tradición maya, se consideraba el suicidio como una manera extremadamente honorable de morir, a un nivel similar al de las víctimas humanas de sacrificios, guerreros caídos en batalla, mujeres muertas de parto, o sacerdotes”. Ahí se tiene entonces que los estados de la región, con influencia maya peninsular, como Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, se encuentran entre los de mayor índice de suicidios en el país, desde hace muchísimos años. Es muy fácil afirmar que el modo de publicar las noticias sobre el tema provoque un incremento en su incidencia. La mayoría de los suicidas opta por el ahorcamiento en la región y para nadie que la habita es desconocido el uso que se le puede dar a la hamaca o al brazo de la hamaca. Tampoco es factible afirmar que todos quienes piensan en quitarse la vida están enfermos mentalmente, en el buen sentido de la palabra, como ha querido imponer la Secretaría de Salud. Ahí está el ejemplo del actor Robin Williams, quien luego de una larga carrera exitosa, decidió suicidarse, o el de Marilyn Monroe, o el del poeta Manuel Acuña. Quien decide ahorcarse por problemas económicos, amorosos, sociales, de discriminación, o por tener una enfermedad terminal, tiene todo el derecho de hacerlo. El cuerpo es suyo y el Estado no tiene por qué decidir. Es fácil hablar de las enfermedades mentales y de dedicarse a combatir el suicidio a través de un Programa de Salud Mental, que asumir la responsabilidad de garantizar, como un verdadero Estado democrático, el bienestar social, económico y de no discriminación, e incluso, de prevención sanitaria, que influyen más que una simple publicación en un medio de comunicación. Esto no deja de lado que los comunicadores debemos cambiar la forma de hacer la cobertura del suicidio, para no hacerlo pasto del morbo de la población, pero esto hay que decirlo y hacer conciencia en los dueños, que gustan de las ganancias bañadas con sangre de la nota roja. El imputado y el acusado Con el nuevo sistema de justicia penal, se invita a utilizar la terminología legal que trae consigo, pero no hay que olvidar que el lenguaje es uno solo y que el imputado, que viene del verbo imputar, que significa “atribuir a una persona un delito o acción”, tiene como sinónimos: atribuir, tachar, achacar, colgar, delatar, acusar, inculpar, cargar, incriminar, denunciar y culpar. Y que acusar, es imputar a alguien un delito, una culpa o una falta, y tiene como sinónimos todos los anteriores también. El reportero no está obligado a las precisiones del lenguaje legal. Para el lenguaje, hay un acusado y es a quien se atribuye un delito o una acción. No es un señalamiento comprobado, para eso están los jueces y los abogados que tendrán que dirimir esto. Acostumbro no seguir recetas, este libro trae una buena cantidad de ellas, propias para quienes no se han preparado integralmente y no tienen los suficientes valores humanos como para hacer un periodismo apegado a la realidad, es un buen esfuerzo por difundir los beneficios utópicos del nuevo sistema de justicia penal, esperemos que los poderosos permitan su implementación y no lo perviertan en el camino.