Decenas de manifestantes de Tenabo tomaron durante dos horas las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en protesta por amenazas y agresiones contra los trabajadores despedidos injustamente por el alcalde de Tenabo, Daniel Calán Canul. Encabezados por Jorge Chi Vera, los inconformes portaron pancartas, en las que consignaron: “No tomar la impunidad como una forma de vida”, “Ya basta de agresiones y amenazas”, entre otras. Por Luis Sánchez CAMPECHE, Cam. 11 de noviembre.- Decenas de manifestantes de Tenabo tomaron durante dos horas las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en protesta por amenazas y agresiones contra los trabajadores despedidos injustamente por el alcalde de Tenabo, Daniel Calán Canul. Encabezados por Jorge Chi Vera, los inconformes portaron pancartas, en las que consignaron: “No tomar la impunidad como una forma de vida”, “Ya basta de agresiones y amenazas”, entre otras. Los plantonistas indicaron que el alcalde Calán Canul, quien los despidió, cuenta con el apoyo de autoridades estatales, quienes han obstaculizado el cumplimiento de los laudos a favor de unos 20 de 90 empleados del Ayuntamiento de Tenabo, despedidos injustamente. Además, el grupo de unas 60 personas, encabezado por Chi Vera, denunciaron tambipen constantes amenazas y agresiones verbales del munícipe tenabeño. Los despedidos realizaron una pequeña marcha por las calles del centro de la ciudad y posteriormente, tomaron las oficinas de la CDHEC y se plantaron enfrente con pancartas en mano. Una comisión entregó un oficio en la CDHEC, en el que piden la intervención de Derechos Humanos para que cesen las amenazas y para que la Junta de Conciliación y Arbitraje proceda a cumplir con los laudos que ya salieron a favor de un grupo de despedidos. “Sabemos que el alcalde tenabeño no ha depositado la garantía, como lo exige el laudo, y con eso ha contado con la complicidad de las autoridades laborales de la entidad”, añadieron. Explicaron que entre los despedidos, hay gente con antigüedad de entre ocho y 18 años. Después de dos horas, los inconformes no recibieron respuesta concreta a sus problemas.