La directora general del Observatorio de Violencia Social y de Género, Argentina Casanova Mendoza, señaló que el Congreso del Estado acorta las libertades y viola los derechos de los ciudadanos, con la imposición de los chips electrónicos a los vehículos. La activista afirma que se están dejando de atender los verdaderos problemas sociales que originan la delincuencia, por medidas costosas y rigurosas. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 19 de octubre.- La directora general del Observatorio de Violencia Social y de Género, Argentina Casanova Mendoza, señaló que el Congreso del Estado acorta las libertades y viola los derechos de los ciudadanos, con la imposición de los chips electrónicos a los vehículos, y afirmó que se están dejando de atender los verdaderos problemas sociales que originan la delincuencia, por medidas costosas y rigurosas. La poeta campechana y defensora de los derechos humanos declaró a Paginabierta que el acotamiento de las libertades y las garantías individuales de los ciudadanos siempre va a ser violatorio de los derechos de los ciudadanos. “Refleja la incapacidad de resolver las condiciones de desigualdad, que dan origen a la inseguridad pública”, expresó. “Creo que en aras de la seguridad, se ha ido cada vez acortando, exactamente en la misma proporción en la que se nos justifica ciertas acciones en materia de seguridad, pero no se hace en el sentido de construir escenarios de seguridad a partir de la disminución de la pobreza y la igualdad y la generación de empleos y convivencia pacífica”, agregó. “Están a la inversa, más rejas, más armas, más policías e invención en monitoreo y seguridad, lo cual es un discurso bastante contradictorio y por otro lado, violatorio de los derechos humanos, porque va acortando las libertades individuales, justificadas en gran medida por el terror y por el miedo de la sociedad, ante estos hechos, que cada día vamos viviendo, de violencia”, apuntó. Casanova Mendoza dijo que se han dado políticas de registros poblacionales, los cuales siempre han caído en manos del crimen organizado y siempre ha sido usado en contra de la ciudadanía y no a favor, como se supone que debería de ser. “Vale la pena observar que en nuestro país, se ha demostrado que cada vez que se invierte en estas medidas, los resultados son negativos, como se hizo con el Renave y como ocurrió en la filtración de los registros del IFE a empresas trasnacionales para la venta de estos datos, que eso originó lo del IFAI, el problema es una medida de seguridad aparentemente, pero si no generamos empleos, generamos condiciones de igualdad y seguimos invirtiendo en que la gente levante muros y construya sistemas de seguridad y apostándole a medidas que no garantizan respuestas y si pueden ser contraproducentes”, agregó. Manifestó que con la situación tan critica que está viviendo el país, se nos abre como sociedad y gobierno, una gran oportunidad de visualizar la problemática en materia de seguridad y con esto mejorar en las deficiencias del sistema, pues estamos ante una disposición que podría traer serios problemas para todos. “Es una buena oportunidad para analizar la forma y la política en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana, en función del papel que en este momento están jugando los cuerpos de seguridad, policías estatales, municipales, preventivos, ministeriales y federales, porque no es un buen momento y hay que revisar en manos de quién va a estar esta información y que nos garantiza que se va hacer un correcto uso”, puntualizó.
